La secretaria adjunta, Carina Domínguez, explicó que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) no se opone a que se lleve adelante el relevamiento para establecer en qué condiciones se desarrollan las tareas en las escuelas entrerrianas. Pero cuestionó que esta normativa en particular «no esté pensada para el bien del conjunto de la comunidad educativa, sino puntualmente para dar una pelea con un sector». En los próximos días presentará una propuesta para perfeccionar la herramienta.
UPCN participó de la reunión convocada por el Consejo General de Educación (CGE) para evaluar la resolución 2.771, que dispone un relevamiento mensual sobre la prestación de servicios de docentes y auxiliares en todas las escuelas de Entre Ríos, a través de una declaración jurada.
«El CGE se mostró abierto a dialogar, así que vamos a proponer perfeccionar la herramienta y esperamos que tomen nuestras sugerencias», expresó la secretaria adjunta, Carina Domínguez, quien consideró posible llevar adelante este instrumento a fin de poder establecer en qué condiciones se desarrollan las tareas en las escuelas entrerrianas, desde la perspectiva de los trabajadores.
«Propongamos modificaciones, hagamos un ensayo, evaluemos los resultados y después sí, en una segunda instancia, veamos qué es lo que pasa si el trabajador no cumple con este compromiso», planteó. De todos modos, cuestionó esta normativa en particular porque «no está pensada para el bien del conjunto de la comunidad educativa, sino puntualmente para dar una pelea con un sector».
Al respecto apuntó: «El Estado tiene obligación de controlar, no podemos objetar eso. Pero en este caso se enmarca en una situación de la que no somos parte y nos vemos perjudicados por algo que el Gobierno decide en el marco del conflicto docente», lamentó.
«Los relevamientos que se quieran hacer desde el Estado no son malos, porque nos dan datos que podrían ser significativos para la toma de decisiones. Pero por supuesto es muy importante establecer qué datos y cómo se relevan», expresó en el mismo sentido. Y amplió: «Ya que le pedimos al trabajador que complete una plantilla, no sólo tenemos que preguntar si fue o no a trabajar, sino en qué condiciones o si tiene alguna propuesta para hacer, y aprovechar esto para resolver otros aspectos que podrían estar afectando a los compañeros».
También, criticó «la forma inoportuna, sorpresiva y confusa» en que fue implementada la Resolución 2.771. «Se aplicó de un día para el otro y al borde de un fin de semana, por lo que los auxiliares no sabían cómo cargar la información ni a quién preguntarle, o bien no tenían forma de hacerlo porque no cuentan con celular o conectividad, entonces los directivos les terminaban cargando los datos», cuestionó la dirigente gremial.
«Si, en cambio, nos proponen que capacitemos e informemos a los trabajadores respecto a cómo va a ser esta nueva medida, sería algo totalmente distinto que sí estamos dispuestos a llevar a cabo», afirmó.
Por el contrario, esta resolución «aparece como una herramienta de control, aunque en los considerandos esté disfrazada con la idea de mejorar lo institucional y la calidad educativa», señaló la dirigente.
«Es importante sincerar los objetivos», expuso en ese orden, en declaraciones al programa Sexto Sentido, de Radio Costa Paraná. Recordó que UPCN, al plantear esta problemática en la Paritaria Sectorial de Educación, logró que se suspenda temporalmente la aplicación de la resolución 2.771, durante septiembre y octubre, pero la norma sigue vigente. Destacó el éxito de este planteo frente a los recursos de revocatoria presentados por otros sindicatos, que fueron todos denegados.
