Más de 27.800 personas se inscribieron para exponer en las audiencias públicas convocadas para el 25 y 26 de marzo por la reforma de la Ley de Glaciares, mientras el oficialismo intenta restringir la participación y surgen denuncias de manipulación en el registro, en medio de la «Argentina Week» en Nueva York donde el gobierno ofrece los recursos naturales a inversores.
Las audiencias, obligadas por el Acuerdo de Escazú, buscan dar voz a la ciudadanía ante los cambios que eliminarían la protección de glaciares y ambientes periglaciales, dejando en manos de las provincias la decisión sobre qué cuerpos de hielo son «hídricamente relevantes». Organizaciones advierten que se rompe la lógica del inventario nacional y se desnaturaliza el concepto de presupuesto mínimo ambiental.
El exdiputado Juan Carlos Villalonga denunció que tras inscribirse, un correo de confirmación fue reemplazado por otro que decía «se ha recibido su solicitud», una «manipulación evidente». El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) reclamó ampliar los días de audiencia para garantizar una participación real.
Mientras tanto, en Nueva York, el ministro Luis Caputo afirmó durante la Argentina Week que «todos los gobernadores están de acuerdo en que ésta es la ruta a seguir». Empresarios como Omar Adra (UrAmérica) y representantes de la Corporación América participaron en paneles sobre minería y uranio. Un informe del IPyPP advierte que la reforma responde a los intereses de grandes mineras como Barrick Gold, que ya había judicializado la ley vigente.
