El fallo confirmó el procesamiento de Scapolán, solamente por el delito de «falsedad ideológica de documento público».
El suspendido fiscal de Delitos Complejos de San Isidro, Claudio Scapolán, fue beneficiado por un fallo de la Cámara Federal de San Martín que le revocó el procesamiento por asociación ilícita y por el robo de estupefacientes para su venta, entre otros delitos, y le redujo el embargo de 2.000 millones de pesos a apenas un millón.
Fuentes judiciales confirmaron que el fallo confirmó el procesamiento de Scapolán -quien en mayo fue apartado preventivamente de sus funciones por el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense- solamente por el delito de «falsedad ideológica de documento público» que le había dictado en octubre del año pasado la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
El fallo de la sala I de la Cámara Federal de San Martín fue firmado este miércoles por los jueces Marcelo Darío Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas, quienes hicieron lugar parcialmente a la apelación presentada por la defensa de Scapolán.
«Las constancias objetivas hasta aquí enunciadas lucen insuficientes para dar por válidas diversas afirmaciones que sostiene el fiscal instructor, reproducidas sin tamiz en el auto recurrido, incluso con carácter de certeza», señalaron los jueces en su resolución.
En otro de los párrafos del escrito, los camaristas realizaron una crítica a la jueza Arroyo Salgado, al asegurar que hizo interpretaciones sobre las declaraciones incorporadas a la causa.
«Si un juez tiene dudas acerca del verdadero sentido de las palabras de un imputado en el ejercicio de su derecho de defensa en juicio, lo que debe hacer es volver a convocar a ese imputado a ampliar su descargo para aclarar la cuestión y no, como se hizo, interpretarlo», señalaron.
El 1 de octubre del año pasado, la jueza Arroyo Salgado había procesado a Scapolán por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
