Un estudio del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Forenses (CIDIF) de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires (ANCBA) advierte que encarcelar adolescentes vulnera su desarrollo cerebral, aumenta la reincidencia y contradice estándares internacionales, en momentos en que Diputados se prepara para tratar el proyecto que fija la edad de imputabilidad en 14 años.
El informe, encabezado por el médico especialista en psiquiatría y medicina legal Ezequiel Mercurio, aporta evidencia neurocientífica sobre el desarrollo cerebral durante la adolescencia y su impacto en el diseño de políticas públicas.
Desarrollo cerebral
Según el estudio, el lóbulo frontal —responsable de la autorregulación, el control inhibitorio y la toma de decisiones— es la última región del cerebro en madurar. Los adolescentes, en comparación con los adultos, se comportan de forma más impulsiva, son más susceptibles a la presión de pares y al estrés, y priorizan recompensas inmediatas.
La investigación distingue entre decisiones en contextos «fríos» (baja activación emocional, tiempo para la reflexión), donde los jóvenes razonan como adultos, y contextos «calientes» (alta carga emocional, presión de pares), donde optan por opciones más arriesgadas. La mayoría de las conductas antisociales ocurren en contextos «calientes».
Consecuencias del encarcelamiento
El estudio sostiene que la mayoría de los adolescentes que cometen delitos no continúan una trayectoria delictiva en la adultez. Incorporarlos tempranamente al sistema penal y en privación de libertad impacta negativamente en su desarrollo, aumenta cargas de estrés y eventos adversos en un cerebro en formación.
Las evidencias muestran que los jóvenes privados de libertad tienen más probabilidades de enfrentar deserción escolar, menor rendimiento y reincidencia delictiva que aquellos tratados en modelos socioeducativos. No hay pruebas de que bajar la edad de responsabilidad penal reduzca la seguridad ciudadana.
Antecedentes jurídicos
El estudio recuerda que Argentina ya fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013 (caso Mendoza y otros) por tratar penalmente como adultos a adolescentes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Maldonado de 2005, delineó argumentos sobre la culpabilidad disminuida de los adolescentes.
Señala además que los proyectos de legislación penal juvenil en discusión no incorporan perspectiva de discapacidad, contraviniendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Recomendaciones internacionales
El Comité de los Derechos del Niño recomendó en 2019 que los países con edad mínima de responsabilidad penal en 15 o 16 años no la reduzcan. El informe concluye que bajar la edad mínima es contrario al principio de no regresividad, a las recomendaciones de expertos internacionales y a las evidencias disponibles.
