Desde el lunes 4 de marzo las unidades turísticas de Chapadmalal, en la Costa Atlántica bonaerense, y Embalse Río Tercero, en la provincia de Córdoba, dejaron de funcionar: se trata de los únicos dos espacios que se dedican a promocionar el Turismo Social en la Argentina con el objetivo de que los ciudadanos puedan vacacionar a un bajo costo.
Inmediatamente se produjo una polémica al respecto: el bloque de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo Nacional arbitrar “todos los medios a su alcance para sostener la vigencia del derecho al Turismo Social garantizando la continuidad y prestación de todos los servicios”.
El Gobierno nacional recogió el guante y mediante un comunicado enviado por la Secretaría de Turismo desmintió “categóricamente los rumores” por el cierre definitivo de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse.
La cartera que está bajo la órbita de Daniel Scioli aseguró que “no se privatizarán los hoteles, ya que son monumentos históricos y los edificios tienen un propósito de utilidad pública. Se está llevando a cabo un proceso de licitación para la prestación de servicios, incluyendo gastronomía y hotelería”, destacaron.
Entre enero y diciembre de 2023 unas 118.000 personas disfrutaron del Turismo Social en la Argentina, abonando su estadía en los hoteles y transporte. Una noche de hotel rondaba los $3.000 y había que anotarse previamente para poder asegurarse un cupo.
Ante esta situación la CTA se manifestó y realizó una marcha en defensa del turismo social en la Argentina. El cierre pone en riesgo serio a más de 500 trabajadores directos, más miles de empleos indirectos de las comunidades de Chapadmalal y Embalse y del transporte.
