El Gobierno busca anular un decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri que compensó a las empresas generadoras de gas de las pérdidas ocasionadas por las devaluaciones de 2018 y este martes dio el primer paso, con un dictamen en contra en la bicameral de trámite legislativo.
Para completar al trámite necesita que ambas Cámaras del Congreso lo rechacen, lo que no fue posible cuando intentó borrar los decretos que transfirieron las escuchas judiciales a la Corte durante el anterior gobierno: el Senado dio ese paso pero no así Diputados, donde los aliados no garantizaron la mayoría al Frente de Todos. Cristina Kirchner y Sergio Massa optaron por crear una subcomisión supervisora.
Cambiemos volvió a negarse a tratar decretos de Macri en comisión por considerar que si ya fueron dictaminados alcanza con llevarlos al recinto o reemplazarlos por otro. «Es inexplicable la inclusión de decreto que ya tuvo despacho y orden del día», insistió el diputado macrista Pablo Tonelli y anunció que sus pares desconectaban de la región. «No existe ni en el reglamento de las Cámaras ni en el de la Comisión la imposibilidad de que volvamos a dictaminar», defendió la posición oficialista la senadora Anabel Fernández Sagasti.
El DNU 1053 fue un compendio de ampliaciones y cambios presupuestarios que en su artículo 7 establece que el Estado «asume, con carácter excepcional y con el alcance previsto en este artículo, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período».
La compensación llegó por DNU y según anunció Fernández Sagasti, recién el último 6 de diciembre se pagó la primera cuota de los 393 millones de dólares de compensación. «Si no derogamos este decreto todos los argentinos vamos a seguir pagando algo que es confiscatorio».