El Partido Obrero denunció el allanamiento realizado este lunes 3 de junio en su sede central de Bartolomé Mitre 2162, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), como parte de “una escalada de persecución política contra los sectores opositores que rechazan y luchan contra la política anti obrera y de ajuste del Gobierno nacional”.
Al respecto, se indicó que “es público y notorio que nuestro partido fue pionero en denunciar el protocolo represivo de Patricia Bullrich, se destacó por impulsar la movilización del 20 de diciembre, por convocar a las movilizaciones contra la ley de Bases y por su participación activa, al apoyar e impulsar todas las luchas populares, desde las que protagoniza el movimiento piquetero, hasta las movilizaciones obreras, estudiantiles y de la mujer. Por tratarse de un salto en esta persecución política, concurriremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado nacional, entendiendo que están en juego las libertades democráticas consagradas en la constitución nacional”.
“Esta persecución viene escalando, a partir del ataque del presidente de la Nación contra los sectores combativos y particularmente contra Eduardo Belliboni, a quien llamó a exterminar en una publicación realizada en sus propias redes sociales. Publicación que denunciamos y que la Justicia Federal nunca investigó.
Luego, el amedrentamiento para evitar la movilización del 20 de diciembre, la apertura de la línea 134 para montar denuncias contra el movimiento piquetero y, posteriormente, casi 30 allanamientos y pinchaduras de teléfonos contra el Polo Obrero, el FOL y Barrios de Pie.
El Juzgado aceptó como querellante en la causa contra las organizaciones piqueteras, que dio origen a este allanamiento, nada menos que a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, quien, sí, debe rendir cuentas frente a la Justicia por los hechos escandalosos de corrupción de los cuales es responsable directa, mediante la firma de convenios fraudulentos con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la negativa elemental a repartir la comida que posee el Ministerio, entre otros”, se aseveró.
De acuerdo a lo informado, el allanamiento se realizó con el presunto objetivo de requisar documentación de Editorial Rumbos y de cooperativas de trabajo, que no funcionan en esa dirección y que ya han sido allanadas.
A todo esto, expresaron que “se trata de una excusa torpe, porque ni el juez, ni la Policía Federal que, desde hace semanas, realizan tareas de inteligencia en los alrededores del local desconocen que se trata de un local público y abierto que es un verdadero centro de organización para todo tipo de movilizaciones populares: se han reunido allí desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia por el 24 de marzo, hasta sectores obreros, piqueteros, de la juventud y de la mujer. Por eso, llamamos a repudiar este allanamiento”.
