La nueva reforma laboral que lleva el título de “modernización” busca flexibilizar aspectos clave como la posibilidad de reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral que se deducirá del salario mensual, la extensión del período de prueba a seis o 12 meses y la exención de multas para empresarios que no hayan registrado a sus empleados.
El capítulo laboral forma parte del proyecto de Ley Bases que el martes consiguió media sanción en la Cámara de Diputados.
La reforma laboral impulsada desde el Gobierno precariza las condiciones de trabajo y la volatilidad del empleo. Se habilita que mediante la negociación colectiva se cree un denominado “Fondo de cese laboral” en reemplazo del sistema indemnizatorio contemplado en la ley del Contrato de Trabajo de 1974. El modelo que propone es el que rige en el sector de la construcción, que, por su dinámica, implica contrataciones temporales por duración de una obra. Así, se reducirían las indemnizaciones y se facilitaría el despido.
Luis Ramírez, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, señala que este proyecto es una foto de una película que aparece cíclicamente con un ropaje diferente. “Nuestra ley de Contrato de Trabajo tuvo su primera mutilación con la dictadura militar de 1976, luego en la década de los 90, con la flexibilidad laboral Carlos Saúl Menem y en los 2000 la ley 25.250, obra del gobierno de Fernando de la Rúa ya no habló de flexibilidad laboral, sino de reforma laboral y resultó en un tercer manotazo a los derechos de los trabajadores. En 2017, el gobierno de Mauricio Macri, quiso avanzar con una reforma con enfoque neoliberal y regresivo, pero no logró que se aprobara en el Congreso. Hoy se plantea como modernización, pero el hilo conductor apunta a flexibilizar la entrada laboral, la relación de trabajo y la salida, y también debilitar el movimiento sindical”.
Qué incluye la reforma
La reforma extiende el período de prueba tres a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores; de ocho meses para pymes de seis a 99 trabajadores; y de un año para minipymes de hasta cinco trabajadores. De este modo, se posterga el acceso pleno a los derechos laborales y en particular a la estabilidad laboral y la cobertura indemnizatoria. En paralelo, se plantea una derogación de las multas para aquellas empresas que tengan trabajadores no registrados. Para el gobierno de Milei, esto es con el objetivo de avanzar en la destrucción de lo que llama la “industria” de los juicios laborales, ya que las multas representan en la actualidad un ítem clave ante acciones judiciales impulsadas por trabajadores despedidos sin causa.
Este cambio laboral favorece al empleador, que tendrá una hiperflexibilidad. El empleador hará un aporte fijo por mes al Fondo de cese laboral, y así puede despedir cuando quiera al trabajador, tendrá la “libertad” de hacerlo, no necesitará una causa justa.
Milei ya había dado señales de su radicalidad cuando dijo en campaña que derogaría el artículo 14 bis porque, esgrimió, “es el cáncer de la Argentina”. En un claro retroceso, su reforma laboral habilita a que si un empleador despide por causa de origen sindical, étnico, racial, religioso solo deba pagar un poco más de indemnización. Hoy ese tipo de despidos son nulos y quienes son víctimas de ellos deben ser reincorporados.
Menos costos, más despidos
La reforma establece una nueva forma de contratación que vulnera el sistema de convenios al admitir la contratación de hasta cinco trabajadores bajo la modalidad de monotributo como “trabajadores independientes”, extinguiendo de esta forma la relación laboral. Durante el embarazo, una mujer podría trabajar hasta 10 días antes del parto, mientras que la ley hasta ahora estipula que sea un mes antes.
Se trata de cambios que tienden a reducir los costos laborales y habilitar los despidos. Es decir, busca recuperar el poder del sector empresarial y no “mejorar la calidad de vida de los trabajadores” y el “desarrollo económico del país” como promete.
