Uno de los sectores culturales más atacados por Javier Milei desde que estaba en campaña presidencial ha sido el cine. Esa animadversión tuvo su reflejo en la fracasada ley ómnibus: además de desfinanciar al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), la propuesta legislativa ni siquiera mencionaba a la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), lo cual demuestra el desinterés por la profesión.
Tras la caída de la ley ómnibus, el sector cultural sigue en estado de asamblea permanente.
Porque vale recordar que no sólo se intenta matar de inanición al cine, privando de recursos y vaciando a los organismos y leyes que lo protegen, sino a todo el arte.
El proyecto de Ley de Bases resultó en un rotundo fracaso para el actual gobierno, pero tal cual lo dijo el Presidente este viernes en su discurso, las leyes que no consiga aprobar saldrá por decreto. Y en su insensata obsesión está, además del Incaa, el Instituto Nacional de Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Fondo Nacional de las Artes (FNA).
Hace bien el sector cultural en seguir en estado de asamblea permanente. Los distintos colectivos mantienen sus reuniones con la intención de trazar un plan de lucha, porque la hostilidad oficial abarca también a los propios artistas, como Lali Espósito, María Becerra, Peteco Carabajal y cualquiera que ose tener una postura apenas crítica la actual Administración.
Mientras tanto, los militantes de Milei no bajan nunca la guardia, y ya sea por redes sociales o a través de los medios de comunicación, donde sus cotorras insoportables y mentirosas difunden de forma insistente la idea de que el sector cultural es un nido de zurdos, ñoquis, empobrecedores y ladrones y militantes k.
Intervención y vaciamiento
La propuesta para desfinanciar el Incaa consistía en retirarle el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), el cual, según la ley actual, está compuesto por el 10% de impuestos sobre cada entrada de cine, el 10% del precio de venta de “videogramas grabados” (como DVD) y el 25% de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a partir del gravamen a la facturación de los canales de televisión y servicios de cable.
Hasta la semana pasada, el Incaa estuvo paralizado, con todos los trabajadores en estado de asamblea permanente. Hubo un interventor que duró dos días. Luego Milei nombró a Jorge Maximiliano Keczeli, un ingeniero que no tiene absolutamente nada que ver con el cine. La intención explícita es quitarle financiamiento del Enacom, que también está intervenido.
Así lo confirmó el nuevo funcionario en una reunión que mantuvo con Cineastas Argentinos Unidos, donde se informó que la intención del Gobierno es desfinanciar al Incaa, “para que tenga una impronta nueva y alejada de sus orígenes”, y donde funcione como “una empresa que le dé ganancias al Estado”, en lugar de centrarse en desarrollar y promover el cine argentino.
Por otro lado, la actual Administración quiere retirar la cuota de pantalla que exige a las exhibidoras la proyección de una película nacional por sala en todas sus funciones. Esto sirve, entre otras cosas, para que pueda seguir produciéndose el cine nacional, de lo contrario las grandes empresas fílmicas, que además son multinacionales, no lo programan por las presiones de los lobbies estadounidenses a las que son tan sensibles (y fervientes servidores) algunos empresarios argentinos.
Sin pantallas ni escenarios
En cuanto a la pretensión de eliminar la Ley Nacional del Teatro y, por extensión, el Instituto Nacional del Teatro, el Gobierno ya está logrando su propósito. Como pasa con la reforma laboral, que para Milei ya está sucediendo de hecho por los bajos salarios forzados por la devaluación, el INT también sufre los efectos de la licuación ya que cuenta para todos sus compromisos con el presupuesto del 2023, es decir con partidas que han sufrido un 200% de caída.
Es no es todo. Tal cual se planteaba en la ley ómnibus, ahora con la excusa de la transparencia sus fondos serán centralizados y direccionados por el Poder Ejecutivo, modificando nada menos que su principal virtud: su reparto equitativo y netamente federal. El INT ya no podrá, por ejemplo, que Entre Ríos reciba como lo hizo hasta hoy los mismos recursos de Córdoba o Buenos Aires.
A la comunidad cultural ya ni siquiera le preocupa saber si todo se trata de una gran improvisación, o es producto de un macabro guion elaborado por alguna mente enfermiza.
La pesadilla es real. Todos los días artistas consagrados o independientes, creadores, productores exitosos, cuentapropistas porfiados, o simples trabajadores de la cultura soportan un nuevo embate. La hostilidad no cesa y habrá que enfrentarla como lo ha hecho siempre el arte: con creatividad y una predisposición del espíritu a salvo de desencantos.
