Arquitecto – Docente
Thomas Spence nació en Newcastle upon Tyne el 21 de junio de 1750 y murió en Londres el 8 de septiembre de 1814. La historia lo trató con injusta indiferencia. No porque sus ideas hayan sido refutadas, sino porque resultaron demasiado incómodas para demasiados intereses a la vez. Pasó buena parte de su vida adulta en los márgenes de la legalidad y frecuentemente en la miseria, vendiendo panfletos en la calle, sufriendo encarcelamientos y acumulando una obra que sus contemporáneos apenas toleraron y que la posteridad tardó mucho en rescatar.
Sin embargo, Spence formuló con notable claridad el germen de dos ideas que hoy siguen siendo debatidas con plena vigencia y que, bajo distintos nombres y con desarrollos mucho más elaborados, reaparecen periódicamente en la discusión política y económica del siglo XXI: el ingreso ciudadano y el impuesto al valor del suelo libre de mejoras como tributo único. Wikipedia lo presenta como “uno de los precursores del socialismo en Gran Bretaña”, pero tal aseveración merece ser matizada. Sus raíces intelectuales se nutren en realidad de un liberalismo radicalmente republicano e igualitarista, incluyendo la igualdad de las mujeres y su derecho al sufragio.
En noviembre de 1775, Spence leyó ante la Sociedad Filosófica de Newcastle una conferencia que puede considerarse el núcleo de toda su obra. La tesis central era sencilla pero radical en sus consecuencias: originalmente la tierra – más tarde su valorización – no debía ser objeto de apropiación privada, porque nadie la creó. La tierra es una herencia común de todos los seres humanos, y su apropiación privada sin compensación alguna para la comunidad constituye la raíz de casi todos los males sociales.
Esta idea no era completamente original. John Locke había establecido que la apropiación privada de la tierra era legítima siempre que quedara «suficiente y tan buena» para los demás, condición que en la práctica nunca se cumplió. Spence radicalizó esa lógica: si la condición lockeana no puede satisfacerse, entonces los que se apropiaron de la tierra le deben una compensación permanente a quienes quedaron excluidos de ella. No se trataba de abolir la propiedad privada en general, ni de colectivizar los medios de producción. Se trataba de reconocer que el valor del suelo —a diferencia del valor generado por el trabajo y la inversión— es una creación social, no individual.
Spence propuso que las tierras de cada parroquia fueran administradas colectivamente, que los ocupantes pagaran una renta por su uso, y que lo recaudado se distribuyera en partes iguales entre todos los miembros de la comunidad. Es decir: un dividendo universal financiado por la captación de la renta del suelo. En lenguaje contemporáneo: ingreso ciudadano financiado por el impuesto al valor del suelo. Dos ideas en una, articuladas sinérgicamente.
Ninguna de las dos ideas murió con Spence. Thomas Paine, que pudo haber conocido el pensamiento de Spence, publicó en 1797 “Agrarian Justice”, donde argumentó que todo propietario de tierra le debe una compensación a la humanidad por haber privatizado lo que era común. Propuso un fondo nacional financiado por un impuesto sobre la herencia de tierras, del que todos los ciudadanos al cumplir veintiún años recibirían un pago único, y los ancianos una renta anual.
Henry George llegó casi un siglo después, con una elaboración mucho más sistemática. En “Progreso y Miseria”, publicado en 1879, George demostró con rigor analítico por qué el crecimiento económico tiende a enriquecer a los propietarios del suelo sin que ellos hagan nada para merecerlo, y a empobrecer en términos relativos a los que trabajan y producen. Su propuesta fue gravar únicamente el valor del suelo —no las mejoras, no las construcciones, no el trabajo ni el capital— con un impuesto suficiente para financiar el gasto público. De ahí la denominación de «impuesto único». George no llegó a articular explícitamente un ingreso ciudadano universal, pero varios de sus seguidores sí lo hicieron, y la conexión lógica entre ambas ideas es evidente.
Lo que en Spence era intuición y proclama radical, en George se convirtió en sistema económico. Lo que en Paine era argumento moral, en George se transformó en análisis de los mecanismos concretos de la desigualdad.
Mientras Spence publicaba panfletos en Londres y George todavía no había nacido, algo conceptualmente afín ocurría en Argentina. En 1822, el entonces ministro Bernardino Rivadavia impulsó en la provincia de Buenos Aires un régimen de enfiteusis para las tierras públicas, que la ley nacional de 1826 extendió al resto del territorio. El principio era cercano al de Spence: el Estado retenía la propiedad del suelo y quienes lo usufructuaban debían pagar un canon anual calculado sobre su valor. La tierra no se vendía; se cedía en uso a cambio de una renta. En ambos casos, la comunidad —representada por el Estado o por la parroquia— conserva el dominio del suelo y cobra por su utilización.
La diferencia decisiva estaba en el destino de los fondos. Spence quería que la renta del suelo se distribuyera en partes iguales entre todos los ciudadanos: era, en esencia, un ingreso ciudadano. Rivadavia canalizaba la recaudación hacia el fisco, sin ningún mecanismo de distribución universal.
El resultado, lamentablemente, fue el opuesto al buscado: en lugar de colonización agrícola y distribución, la enfiteusis rivadaviana, desvirtuada por quienes sucedieron a su creador, fracasó; y se aceleró la formación de los grandes latifundios, que Rosas luego consolidaría al convertir en propiedad plena lo que había sido concesión precaria.
Hoy, el ingreso ciudadano vuelve a estar en el centro del debate. Lo impulsan razones que Spence no podía prever: la automatización creciente del trabajo, la fragilidad de los sistemas de seguridad social atados al empleo formal, la proliferación de formas precarias de empleo, el impacto de la inteligencia artificial. Y lo respalda una tradición intelectual que va de Bertrand Russell a Milton Friedman, que lo propuso en clave liberal como impuesto negativo a la renta.
El impuesto al valor del suelo libre de mejoras, por su parte, conserva una actualidad que sorprende a quienes lo descubren. Es económicamente eficiente porque no desincentiva ninguna actividad productiva: el suelo no se puede crear ni destruir, no se puede mudar al exterior para eludir el tributo. Es distributivamente justo porque captura una riqueza que la comunidad generó, no el propietario. Y es racional porque desalienta la especulación y el acaparamiento de tierras ociosas o subutilizadas.
Spence no proponía la abolición de la propiedad privada. Proponía que la propiedad del suelo pagara lo que le debe a la comunidad. Su pensamiento se inscribe en la tradición del republicanismo igualitarista: la libertad no es real si no está acompañada de las condiciones materiales que la hacen posible para todos, no solo para quienes tienen la fortuna de haber heredado tierras o de haber llegado primero al reparto.
Thomas Spence vivíó en una época en que los cercamientos de tierras comunales expulsaban a miles de campesinos de sus medios de vida, concentrando la propiedad en pocas manos y generando la masa de trabajadores urbanos sin más recurso que su fuerza de trabajo. Frente a eso, no propuso la socialización de los medios de producción. Propuso una reforma estructural que devolviera a cada miembro de la comunidad lo que legítimamente le pertenecía.
