La declaración de Adrián Marcelo León Elberg dejó en evidencias serias falencias en el proceso de secuestro de un disco externo que para Fiscalía constituye “la caja negra de la corrupción”.
El empleado municipal Marcelo Elberg estaba terminando su tarea en las inmediaciones de Racedo e Yrigoyen de Paraná, cuando fue convocado por la Policía Federal para ser testigo del secuestro de un objeto en una casa cercana. Eran aproximadamente las 11 de la mañana del 1 de agosto de 2016.
El procedimiento era un allanamiento dispuesto por la Fiscalía en el marco del legajo de investigación de las “Imprentas”, en la que se investigaba la presunta desviación de fondos públicos a través de publicidad y la cartelización de publicidad en vía pública. En una casa lindera a la sede de las empresas TEP, Next y Formato Urbano, se había encontrado un disco rígido.
Elberg en su testimonial, los hechos que narró contradijeron las actas que elaboró la fuerza Federal sobre ese procedimiento.
Uno de los elementos fundamentales fue el factor tiempo. El empleado municipal señaló que llegó a la casa a eso de las 11 y estuvo allí hasta las 11:30. Antes de irse firmó un acta específica del secuestro que se le exhibió y donde reconoció su rúbrica. Pero en el documento oficial del allanamiento se estableció que el operativo del disco comenzó a las 13. Elberg descartó de plano eso, señalando incluso que tiene hijos en edad escolar que debía retirar sobre el mediodía y que ese día cumplió con esa responsabilidad.
También se le mostró otra acta, donde constaba todo el procedimiento de allanamiento, pero allí no reconoció su firma. Ese documento tenía hora de cierre a las 20, casi nueve horas después de que Elberg había abandonado el lugar. El testigo mencionó varias veces que no volvió al lugar ni fue citado con posterioridad por la Policía Federal para trámite alguno.
Otra diferencia sustancial es el escenario en que se produjo el secuestro del disco. La Policía Federal registró en el acta que a las 13hs llegaron a la residencia junto con los testigos (Elberg y una mujer), notificados del hallazgo del disco por la dueña de casa. Y que allí procedieron a secuestrar el elemento e iniciar la cadena de custodia.
El empleado municipal negó eso. Afirmó bajo juramento que cuando fue llevado por los uniformados al lugar de los hechos, ya había personal policial dentro de la sala de estar de la casa, algunos estaban trabajando en computadoras y el disco rígido estaba envuelto en una bolsa y en manos de un oficial de la Federal. Al arribar, fue recibido por un agente fiscal (que no pudo identificar) quien le pidió el artefacto al uniformado, se lo mostró y le dio las explicaciones de lo que había pasado con anterioridad.
Las inconsistencias entre lo expuesto por el testigo y lo que consta en el acta, además de que no reconoció su firma en una de ellas, generó una controversia entre el abogado Raúl Barrandeguy y la Fiscalía. Fue cuando el defensor hizo foco en las incongruencias del documento elaborado en el allanamiento, planteo que fue interrumpido por los acusadores quienes esgrimieron que aún no habían interrogado al testigo. El presidente del Tribunal de Juicio, José Chemes, ordenó salir al declarante. Como corolario del acalorado intercambio de opiniones, Barrandeguy dejó sentada la posibilidad de que el Ministerio Fiscal deba iniciar una actuación por presunto falseamiento de documento público.
