Como perito informático de Fiscalía, Guillermo Fritz aportó elementos que la acusación utilizará para sostener su caso, pero fue cuestionado por las defensas por su incumbencia.
Un perito informático declaró durante más de seis horas en una nueva jornada del juicio que se le sigue al ex gobernador Urribarri, ex funcionarios y particulares. Aportó elementos que la acusación utilizará para sostener su caso, pero su capacidad técnica fue puesta en duda por las defensas porque es bioingeniero.
El testigo Guillermo Fritz concurrió para introducir ante el Tribunal los informes de las pericias informáticas que realizó la Fiscalía sobre computadoras, notebooks, netbooks, pendrives y discos externos secuestrados en distintos procedimientos de algunas causas que se juzgan en esta audiencias.
Fritz, quien a pesar de que es bioingeniero firmó como “ingeniero” todos sus informes, es titular del laboratorio de análisis informático del Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal. Según sus dichos, ingresó a Fiscalía luego de haber presentado un currículum en 2014. Pero según El Diario, Fritz habría ingresado al Poder Judicial por la relación de amistad que uniría a su pareja con la procuradora general adjunta, Cecilia Goyeneche.
Durante la primera hora de la mañana el testigo estuvo detallando el contenido de su programa de estudio de grado, el postgrado que realiza en la Universidad de Mar del Plata y otras capacitaciones. El interrogatorio de Fiscalía sobre este punto estuvo centrado en sostener la idoneidad técnica del testigo, a fin de evitar revivir lo que pasó con Victoria González Brunet, una contadora puesta por la acusación a entrecruzar llamadas.
Materiales
Dentro de los elementos que quedaron expuestos ante el Tribunal de Juicio que integran José María Chemes; Elvio Garzón y Carolina Castagno, Fritz mostró dos cosas que obtuvo de las pericias que realizó sobre el material informático secuestrado.
– El elemento más relevante fue un archivo Word titulado “Contradocumento”. Escrito a manera de un contrato entre partes, contiene cláusulas en las que se expresa que las empresas TEP y Next serían de propiedad de Juan Pablo Aguilera.
Este dato está en el centro de la teoría del caso de Fiscalía, que considera que las firmas no pertenecían a quienes figuran como sus verdaderos dueños (Maximiliano Sena; Emiliano Giacopuzzi y Alejandro y Luciana Almada) sino al cuñado del ex gobernador Urribarri.
Pero el documento está en formato digital, sin firmas y con datos incompletos. Tampoco tiene cifras de la operación ni fechas.
– El segundo es un archivo de Excel encontrado en un disco externo (cuya legitimidad las defensas cuestionan) donde hay un texto y montos de dinero. Está titulado como “Devoluciones” y refiere a supuestos giros de plata de Gerardo Caruso, el concesionario del Parador de Mar del Plata, hacia Aguilera.
El detalle que contiene abonaría una parte de la hipótesis fiscal en este tramo de la investigación: que el Parador sirvió para financiar la campaña de Urribarri a la Presidencia. La otra es que el evento fue una excusa para promocionarlo como candidato.
Pero cuando el abogado defensor del empresario, Emilio Fouces, consultó al perito sí podía explicar cómo llegó ese archivo al disco y quién lo había confeccionado, Fritz no pudo responder con certeza. El documento tampoco tiene firmas.
– Se mostró además un archivo en el que detallan carteles de ruta donde se distingue entre “reales”, “según orden de publicidad” y “falsos”. El Ministerio Fiscal también acusa a ex funcionarios y particulares de fraguar publicidad oficial y usar esos fondos para fines particulares.
