Un ex policía y contador que elaboró para Fiscalía un informe sobre la supuesta cartelización de la publicidad oficial, reconoció fallas en la consideración de números. También admitió errores en los montos de dinero y omisiones de datos que sustentan parte de la acusación.
El testimonio de Héctor Enrique, al igual que el lunes pasado, volvió a consumir toda la jornada de la audiencia de este jueves. En aquella oportunidad, el interrogatorio estuvo a cargo de Fiscalía. Hoy tocó en turno el contrainterrogatorio de las defensas.El contador, que fue además integrante de la Policía de Entre Ríos y director de Administración del Ministerio de Planeamiento durante un breve lapso entre las dos gobernaciones de Urribarri (fines del 2010 y mediados del 2011), elaboró para la acusación un informe de parte en el que analizó la distribución de publicidad en vía pública durante el lapso 2010 y 2015 y una serie de archivos sobre el Parador de Mar del Plata.La relevancia del primero de estos documentos es que los fiscales sospechan que hubo cartelización de la publicidad en la vía pública entre cuatro empresas (TEP, Next, Bustamante y Montañana) y que el producido de esta confabulación terminaba en los bolsillos de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, a quien la Fiscalía sindica como dueño real de TEP y Next, dejando en el rol de prestanombres a los que figuran en la documentación como propietarios (Emiliano Giacopuzzi; Maximiliano Sena y Alejandro y Luciana Almada).En cuanto al Parador de playa La Perla, la interpretación de un archivo de Excel en el que figuran movimientos entre TEP, Next, Montañana y las firmas involucradas en el evento es lo que sostiene el argumento de Fiscalía de que esa contratación se hizo para pagar parte de la campaña de Urribarri cuando buscaba posicionarse como Presidente. Enrique describió su lectura de los datos afirmando que se construyó un “puente mágico”.
Imprecisiones
En el tramo final de las casi siete horas de su testimonial quedaron al descubierto las inconsistencias de su informe. No pudo precisar de qué modo la Fiscalía le dio las indicaciones sobre cómo abordar el material, si de manera escrita u oral. Dijo que se le pidió que hiciera un relevamiento de normativas aplicadas al escrutinio de la publicidad oficial y de las observaciones que realizaron los órganos de control. Su material de trabajo fue el que le facilitó la acusación a la Fiscalía.También comentó que no sabía de la existencia de un impuesto que gravara las transferencias de dinero. Recién a la tercera repregunta recordó la existencia del tributo sobre el crédito y débito bancario.
Números que no cierran
El contador reconoció haber incorporado mal algunos períodos de publicidad. Fue cuando el abogado defensor Juan Manuel Velázquez le señaló que la adición de las columnas de publicidad por empresa en los años del 2010 al 2015 no se correspondía a la cifra que figuraba en el total. “Puede ser un error en el procesamiento de los datos…, se justificó. En el mismo sentido, colocó datos de publicidad recibida por una empresa que no llegaban a representar el 100%: eran apenas tres (28%, 27% y 17%) que totalizaban 72%. “¿Qué pasó que faltó ese porcentaje?”, preguntó el abogado. “No lo habré consignado”, dijo Enrique.
Además, reconoció un yerro sustancial: en un gráfico de tortas, los porcentajes de participación de las empresas en la distribución de publicidad oficial en cartelería sumaba 122%. Además, reconoció otras falencias de su informe. En concreto haber puesto como publicidad oficial en vía pública la difusión con promotoras, folletería y una Traffic de la Fiesta del Mate que se hizo durante uno de los años investigados. Y también haber dejado afuera del cálculo del año 2010 a una empresa de cartelería. A pesar de que había investigado por su cuenta y sin tener pedido de Fiscalía quién era José Albistur, ex secretario de Medios de la Nación cuyo nombre aparecía en una planilla, no controló a una firma que había facturado más que la suma total de las tres que consideró.
