El abogado Leopoldo Cappa, defensor del exgobernador Sergio Urribarri, criticó duramente las afirmaciones hechas por el fiscal Leandro Dato en respuesta a un pedido de recusación de miembros de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), encargada de resolver un recurso relacionado con la condena de Urribarri a 8 años de prisión en el marco del megajuicio en 2022.
Inicialmente, Cappa había objetado la participación de los jueces Gisela Schumacher y Miguel Ángel Giorgio, pero su solicitud fue rechazada por el presidente de la Sala Menal, Germán Carlomagno. Posteriormente, Cappa insistió en que el pleno del STJ evaluara su planteo, lo que llevó a Carlomagno a permitir que otros dos jueces, Susana Medina y Carlos Tepsich, analizaran las recusaciones. Sin embargo, Cappa luego recusó a Tepsich, argumentando que era cuñado del secretario Legal y Técnico de la Gobernación y que no tenía el acuerdo constitucional del Senado.
El fiscal Dato calificó esta acción de Cappa como una «maniobra de elongamiento» y cuestionó la «inconducta procesal» al recusar a Tepsich basándose en aspectos de su vida personal y sin reconocer la legitimidad constitucional de su designación. Por esta razón, solicitó al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados que tomara medidas contra el defensor.
En respuesta, Cappa pidió a la Sala Penal del STJ que evaluara posibles sanciones contra el fiscal Dato por el tono de sus declaraciones, considerándolas «agraviantes». También expresó su preocupación por la objetividad del Ministerio Público Fiscal y la garantía de un debido proceso legal.
El abogado argumentó que las expresiones despectivas del fiscal y su solicitud de sanciones contra un colega constituyen un grave obstáculo para el ejercicio libre de la profesión. Además, señaló que el Ministerio Público Fiscal no se opuso al planteamiento específico presentado ante el tribunal, por lo que instó a que se resolviera a favor de la reposición.
Finalmente, Cappa anunció su intención de agotar todas las instancias legales nacionales e internacionales, incluyendo la posibilidad de recurrir al máximo tribunal federal, citando diversos principios y normativas como respaldo.