La noticia se dio a conocer a casi 20 años de su desaparición en San Benito.
El Estado nacional, a través del Programa de Recompensas, aumentó a 2.000.000 pesos la recompensa para quien aporte datos certeros sobre el paradero de Fernanda Aguirre, la niña que tenía 13 años cuando fue secuestrada por Miguel Lencina y un sobrino menor de edad, el 25 de julio de 2004 en la localidad de San Benito. Desde aquel día, nunca más se supo con certeza su destino. Mirta Chávez, la única condenada por el secuestro que conmocionó el país, recuperó la libertad en 2014, cuando se cumplieron diez años del hecho.
El año en que se cumplirán 20 años del secuestro extorsivo de Fernanda Aguirre, que tenía 13 años cuando fue secuestrada por Miguel Lencina y un sobrino menor de edad, un domingo 25 de julio de 2004 a la siesta, en la localidad de San Benito, ubicada a diez kilómetros de Paraná, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Seguridad y el Programa Nacional de Recompensas, aumentó a 2.000.000 pesos la recompensa para quien aporte datos certeros sobre el paradero de la niña. Desde aquel 25 de julio de 2004, nunca más se supo con certeza sobre el destino de la niña, que pasó a ser un caso más de los que enlutan a la provincia de Entre Ríos sin la resolución que le dé un cierre definitivo que permita hacer el imprescindible duelo, primero y especialmente, a la familia, y luego a la sociedad.
Además de Lencina, que murió ahorcado en la celda en la comisaría quinta de Paraná donde estaba alojado mientras se daban los primeros pasos de una investigación que cobró impensados e insólitos matices políticos, estuvo implicada quien era su pareja, Mirta Chávez, que fue condenada a 17 años de prisión en diciembre de 2007 en un juicio que se celebró para determinar su responsabilidad en el secuestro extorsivo de la niña.
La causa por la averiguación de paradero sigue abierta y cobra notoriedad esporádicamente por noticias como el aumento de la recompensa o un dato quimérico aportado por algún bienintencionado, o un oportunista que pretende cobrar la recompensa. Chavez recuperó la libertad, tras cumplir con los requisitos que exige el régimen de ejecución de la pena, en julio de 2014, cuando se cumplieron diez años sin que se supiera nada de su paradero.
Las explicaciones sobre circunstancias del deceso del principal sospechoso del secuestro en una celda y a 13 días de iniciada la investigación, no convenció a una sociedad que siguió acongojada los pormenores del caso que alcanzó las primeras planas de los medios nacionales. Así, con la hipótesis del suicidio como única explicación, la causa se quedó sin el testimonio del principal sospechoso. Al momento del secuestro, Lencina gozaba de salidas socio laborales puesto que cumplía una condena en Concepción del Uruguay por el crimen de una mujer.
No obstante, la responsabilidad de Lencina quedó demostrada en el juicio por dos testimonios: el de Chavez, que en su defensa dijo que aquel la obligó a realizar el llamado solicitando el rescate, y por el sobrino menor de edad, que en su testimonio sostuvo que vio a su tío atravesar un alambrado con Fernanda y perderse en un tupido monte. Ambos, según surgió de aquel debate, interceptaron a la niña, que eligieron al azar, en horas de la siesta en una calle desierta de San Benito, en la zona del cementerio donde la familia Aguirre tenía un puesto de venta de flores.
El Ministerio de Seguridad, a través del Programa Nacional de Recompensas, ofrece recompensa a quienes aporten información certera sobre personas desaparecidas. La información se puede brindar de manera anónima llamando a la línea 134. Así, el Estado estimula la participación de la ciudadanía que aportando información certera permita encontrar prófugos, personas buscadas por delitos de Lesa Humanidad, personas extraviadas y la resolución de casos judiciales. En la página Argentina.gob.ar, Ministerio de Seguridad, Programa Nacional de Recompensas, además de la recompensa por información sobre el paradero de Fernanda Aguirre, también se puede acceder a la información que da cuenta de dos casos entrerrianos por quienes se ofrece una suma de dinero por información que permita dar con ellos. Se trata de José Morales, alias Pocho, que desapareció en la localidad de San Jaime de la Frontera un 30 de agosto de 2011. Tenía 66 años cuando fue visto por última vez trasladándose en su bicicleta. La recompensa que se ofrece por información sobre él se fijó en 2.000.000 pesos.
El otro caso que conmocionó a la provincia y también llegó a los medios nacionales fue la desaparición de la familia Gill. El caso, como en el de Fernanda Aguirre, sigue generando esporádicas noticias en virtud del empecinamiento del juez Gustavo Acosta, que ha promovido distintas medidas para tratar de esclarecer uno de los casos más arcanos de la historia policial de la provincia. La familia Gill fue vista por última vez en el velatorio de Máximo Vega, un vecino de Viale, el 12 de enero de 2002. Llegaron a la ceremonia en remís, transporte que utilizaban para movilizarse porque no contaban con movilidad propia, y regresaron a su casa, en el casco de la estancia La Candelaria, de Alfonso Goette, ubicado en Crucecita 7ª, en el Departamento Nogoyá, junto a la maestra de sus hijos. Aquel día fue el último en que Rubén José Gill, alias Mencho, que tenía 51 años en enero de 2002; su esposa, Norma Margarita Gallegos, de 27 años; y sus hijos, María Ofelia Gill, de 12 años; José Osvaldo Gill, de 10 años; Sofía Mercedes Gill, de 8 años; y Carlos Daniel Gill, de 4 años, fueron vistos con vida. La recompensa que se ofrece por información sobre el paradero de “cada integrante de la familia” es de 12.000.000.
El juez que llevó adelante la investigación en los primeros momentos después de la denuncia, que se realizó alrededor de tres meses después de aquel 12 de enero de 2002, fue el actual titular del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, Jorge Sebastián Gallino. En una decisión que fue muy cuestionada, el juez mantuvo la carátula de Averiguación de paradero más tiempo de lo que la investigación demandaba, habida cuenta que en el expediente se encontraban numerosas evidencias que exhibían que no había registros en distintos niveles del Estado respecto de movimientos relacionados con la familia. También fue criticada la decisión de cambiar la dotación policial de Paraná que comenzó a investigar el caso por otra de la zona.
Entre las evidencias que tuvo en su consideración el juez, se encontraba el testimonio de un gomero de La Picada que declaró que vio a una familia que se detuvo en su gomería para arreglar una cubierta de un Chevrolet y en un breve diálogo, le manifestaron que se trasladaban hacia la provincia de Corrientes para visitar el santuario del Gauchito Gill. El dato saliente es que la familia, como era conocido por todos sus allegados, nunca tuvo entre sus bienes un auto. Además, el dato del gomero no se correspondió con otros testimonios que se recabaron en el expediente.
En el link del Programa Nacional de Recompensas, que “elabora proyectos de recompensa para aquellos ciudadanos que aporten información certera, de forma confidencial, que permita la detención de personas buscadas por la administración de justicia en causas penales que investiguen delitos de Lesa Humanidad, como así también a aquellas que brinden datos para el hallazgo de personas extraviadas, la resolución de causas de delitos complejos, la captura de prófugos, la identificación de autores de causas en curso, entre otros”, no se encuentra, al menos en las seis páginas que dan cuenta de la recompensa por datos sobre el paradero de 68 personas desaparecidas en distintas provincias, el caso del empresario de Gualeguay, Omar Benvenuto, que fue visto por última vez en enero de 2017. En enero de 2018 se ofreció una recompensa de 500.000 pesos que al años siguiente se aumentó a un millón. Hasta el día de hoy nada se sabe del paradero del empresario.
