A una semana de la masiva marcha en defensa de la educación superior que colmó Plaza de Mayo, el conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario continúa sin avances y con posiciones cada vez más distantes. Las negociaciones siguen estancadas, sin acuerdos y con propuestas que, por el momento, no logran puntos de convergencia.
En la Casa Rosada, un funcionario con acceso a las conversaciones se mostró confiado pese al escenario de tensión. Sostuvo que los gremios docentes y no docentes no tendrían margen para sostener nuevas medidas de fuerza y que, en ese contexto, deberían aceptar la oferta salarial presentada por la administración libertaria.
“Si estás en medio del desierto con mucha sed, te tomás lo primero que ves. Nosotros ofrecimos recomponer haberes de 2025 y después discutir 2024. Pero no quisieron”, señalaron desde el Gobierno, al defender la propuesta oficial, que contempla un incremento del 12% en tres tramos trimestrales (marzo, julio y septiembre), aplicado sobre los salarios de diciembre de 2025, sin compensación por la pérdida de poder adquisitivo del año anterior.
Desde el Ejecutivo remarcan además que las partidas disponibles son las establecidas en la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada a fines de febrero, y que no existen recursos adicionales para ampliar la oferta. “Es lo que Economía autorizó a pagar”, explicaron fuentes oficiales, poniendo el foco en el Ministerio de Economía que encabeza Luis “Toto” Caputo.
En paralelo, surgió una nueva discusión vinculada al financiamiento de los hospitales universitarios, especialmente tras los reclamos de la Universidad de Buenos Aires. En ese marco, el oficialismo analiza una alternativa que implicaría trasladar la gestión de estos centros de salud a jurisdicciones locales, como la Ciudad de Buenos Aires.
“Es un esquema tripartito posible, como ocurre en otras provincias”, argumentaron desde el Gobierno, al referirse a modelos de administración compartida entre Nación, provincias y universidades.
Desde el sector gremial, en cambio, rechazan la propuesta oficial. Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), sostuvo que el Ejecutivo debe cumplir con la ley vigente y cuestionó la estrategia oficial de judicializar la norma. Además, advirtió que la oferta salarial no será aceptada por los sindicatos, al considerar que la inflación del primer cuatrimestre ya erosionó cualquier mejora planteada.
“El oficialismo no puede cumplir con la ley que le gusta y no con la que no le gusta. Hay que recuperar los haberes en un 52%”, expresó el dirigente.
En este contexto, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió avanzar con una semana completa de paro en las universidades públicas de todo el país, prevista entre el 25 y el 31 de mayo. La medida se adoptó tras la Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, que reunió a más de un millón de personas, y en medio de lo que el gremio define como falta de respuestas oficiales y incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
