A través de un proyecto de ley elevado por el Ejecutivo, la provincia comenzará a implementar y utilizar expedientes, documentos, firmas, comunicaciones y notificaciones, y domicilios electrónicos, además de la digitalización de documentos, firmas digitales y audiencias telemáticas en todos los procedimientos administrativos que se tramitan en el ámbito del sector público provincial.
Por este motivo, los actos realizados gozarán de idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales, y alcanza a la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado o toda organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio.