A la espera de las definiciones nacionales del Frente Todos respecto a las candidaturas y a los resultados económicos previstos para marzo, el peronismo entrerriano recorre las últimas semanas para determinar el calendario electoral del año próximo. La fecha final es el 12 de enero.
Por Mariano Osuna
El martes 28 de agosto de 2018, el Congreso entrerriano dio sanción definitiva a la reforma electoral, mediante la Ley Nº 10.615, que permitió al Poder Ejecutivo tener la decisión última sobre el desacople o la sincronía de las votaciones. Esa aprobación estableció que además de la posibilidad de fechas comunes con el calendario nacional, el Gobierno provincial tiene la facultad de elegir como alternativa a los segundos domingos de abril y de junio para los respectivos comicios de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y de las Generales. El plazo de tiempo fijado para que el Ejecutivo defina esa posibilidad es de 150 días previos a las elecciones, que deja un margen que vence los primeros días de enero de 2023.
La Pampa, Tierra del Fuego, Tucumán, Río Negro, Salta y Jujuy, son las provincias que ya definieron la separación de las votaciones locales con el cronograma nacional. Esas decisiones refieren a distintos elementos de análisis, vinculados con la polarización nacional, la incertidumbre sobre el proceso inflacionario, el debate interno sobre la conducción del proceso político del Frente de Todos y las propias realidades provinciales. Las tres primeras provincias mencionadas, con diferentes matices, forman parte del oficialismo nacional, mientras que Salta es un caso peculiar ya que su gobernador, Gustavo Sáenz, fue mutando en su relación con los frentes nacionales. Solo una de esas provincias integra la alianza opositora, mientras que el restante es gobernado por el partido provincial llamado Juntos Somos Río Negro. La principal incógnita, también por la representación electoral de esos distritos, se encuentra en el centro del país, especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Entre Ríos aparece en ese pelotón, aunque hoy esa opción tomó otros carriles novedosos entre las posibilidades que se estudian en la Casa Gris.
El desdoblamiento, con las fechas estipuladas por Ley, era la única posibilidad del oficialismo entrerriano si los comicios hubieran sido hace seis meses. Esa máxima se fue corriendo por diversas variables, como el factor económico, la salida de Martín Guzmán y la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía de la Nación, luego de un breve paso de Silvina Batakis, sumado a la discusión puertas adentro en el Frente de Todos y a la propia situación provincial donde todas las encuestas, que vienen cuestionadas por sus desaciertos en los últimos años, dan un triunfo opositor. En las hipótesis sobre la mesa llegaron apuntes sobre la Ley de Lemas, la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) y el acortamiento de los plazos entre las PASO y las Generales, que también emergió entre las posibilidades nacionales ante el debate promovido por los gobernadores del Norte Grande, y luego respaldado por varios sectores, de suspensión de las Primarias.
El humor social, con las peculiaridades de las consecuencias de la post pandemia sanitaria mundial, se explica en grandes porcentajes por un contexto caracterizado por el proceso inflacionario y el deterioro del poder adquisitivo. Las apuestas del Gobierno nacional tienen como horizonte al mes de marzo, con un paquete de medidas vinculadas a la estabilidad macroeconómica, al cierre de aumentos paritarios, al bono a jubilados, al refuerzo alimentario para personas en la indigencia, al nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil, al lanzamiento de Precios Justos, al acuerdo por los combustibles, al control de las importaciones y a la aplicación de la nueva fase del Programa de Incremento Exportador con un dólar diferencial. En el período que va entre marzo y octubre, con excepción de los meses de mayo y junio, los números del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mensualmente difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), estuvieron por encima del 6%. Las expectativas del Gobierno nacional es que noviembre inicie un quiebre por debajo de ese piso, que llegue hacia los meses de marzo y abril de 2023 con porcentajes que se aproximen al 4% mensual.
Ese escenario es una de las principales explicaciones sobre la decisión provincial de sepultar la posibilidad de simultaneidad de ambos comicios. No obstante, las reformas aprobadas en materia electoral hace cuatro años no permiten que esa decisión pueda demorarse hasta esos meses claves en materia económica. Por estos días, entre otros borradores, apareció un texto en los pasillos de la Legislatura provincial para que esas fechas de abril y junio se desplacen hacia julio y septiembre. Fue difundido a integrantes de los bloques legislativos del Frente Creer luego del encuentro entre el gobernador Gustavo Bordet y el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada, donde además de invitarlo a la provincia antes de fin de año, le comunicó que la opción preferida es del desdoblamiento con matices.
También hay otro proyecto, impulsado por sectores más alejados del radar de la mesa chica de Casa Gris, con el objetivo de acortar el plazo de 80 días entre ambas votaciones, aunque esa alternativa estaba enlazada con las mismas modificaciones en el plano nacional. Sin simultaneidad de las fechas, ya no aparece como una iniciativa viable. «La Constitución de la Provincia de Entre Ríos establece que quien fija la fecha de elecciones es la Legislatura. Y ya están fijadas», había afirmado el Mandatario entrerriano, en declaraciones vertidas luego de la gira por Asia, justamente una semana antes del encuentro presidencial, demorando un poco el desenlace sobre las reglas de juego.
El proyecto de desdoblamiento con un calendario de votaciones en julio y septiembre favorece la espera a los tiempos planificados por el gabinete económico nacional sobre la desaceleración de la inflación y la mejora en la recomposición salarial, que de fondo significa que las personas vuelvan a sentir que sus sueldos se conectan con la calidad de vida y con el valor del poder adquisitivo. Marzo, el mes que se repite en el Gobierno nacional, y que aporta a la explicación de las mutaciones en la definición provincial, también es el plazo donde vence el programa Precios Justos con las empresas alimenticias y el acuerdo sellado por los combustibles.
Como ocurre a nivel nacional, aunque con otros condimentos, las candidaturas en la provincia son una incógnita. Como analizó en varias ocasiones Punto y Seguido, la columna política de los domingos de LA CALLE, los nombres en danza se repiten hace meses. Allí se encuentran los intendentes de Paraná, Adán Bahl, de Gualeguaychú, Martín Piaggio, y de Concordia, Enrique Cresto, la vicegobernadora Laura Stratta y el ex vicegobernador José Lauritto. Por debajo de ese primer recorte, aparecen el ministro nacional Juan Bahillo, el psicólogo e historiador Francisco Senegaglia, la presidenta de la Fundación Iapser y esposa del Gobernador, Mariel Ávila, y hasta se mencionó a algún apellido empresario. La incertidumbre persiste más allá de la definición de desdoblamiento del calendario electoral, porque resta otra decisión vinculada a la estrategia del frente oficialista sobre una candidatura única en la principal categoría o internas abiertas. El debate histórico en el peronismo provincial sobre la incorporación de minorías y la reforma previa de la Carta Orgánica también se anotan en este desenlace, donde en la actualidad salvo Piaggio el resto de los posibles contrincantes muestran cautela y esperan la lapicera de Bordet.
Por el lado de Juntos por el Cambio, más allá de las fisuras legislativas, la táctica es la misma de las elecciones de medio término, con una interna protagonizada por los actuales diputados nacionales Rogelio Frigerio y Pedro Galimberti, con el foco puesto en repetir la complementariedad de los distintos electorados que aparecen en Propuesta Republicana (PRO) y la Unión Cívica Radical (UCR). El ex Ministro del Interior hace largos meses se encuentra en modo proselitista, concentrado en las recorridas de cercanía y en la campaña fuera de las grandes ciudades, donde el nivel de conocimiento y la estructura política del precandidato son más frágiles. En sus últimas publicaciones en redes sociales no hay noticia o postura sobre el trabajo legislativo, sino que utiliza el 100% de las publicaciones en la consolidación de esa imagen electoral. Hace 15 días realizó el lanzamiento de “Entre Ríos Ahora”, una usina de ideas y proyectos para la gestión, que contó en su presentación oficial con la participación del actual rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi, como también de la decana de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Daniela Dans, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, Carlos Cuenca, que ahora trabajan en sus equipos técnicos de educación. Por otro lado, Galimberti explota la construcción territorial del radicalismo, expone la gestión como intendente y deja espacio para la difusión de las actividades en comisiones y sesiones de la Cámara Baja, sabiendo que su contrincante interno es el favorito pero que luego de la performance de los comicios en 2021 se convirtió en el nuevo referente provincial del histórico partido Centenario.
Lo cierto es que a 40 días de la culminación del plazo legal para la definición de desdoblamiento o simultaneidad de los comicios, la decisión está tomada. Desacoplar el calendario electoral implica provincializar la votación y alejarla de la polarización nacional, aunque con plazos más cómodos en materia de expectativa de recuperación económica y de batalla contra la alza de precios. También da un margen mayor a la determinación e instalación de las candidaturas, que hoy no encuentran su mejor síntesis. Con julio y septiembre como nuevas fechas, con sólo un mes de diferencia con los comicios nacionales, la provincia puede tener cinco votaciones en cinco meses si se cuenta la posibilidad de segunda vuelta en la definición presidencial. Con el primer misterio resuelto, se vienen tiempos de determinaciones claves, que condicionarán el proceso electoral e impactarán en los resultados de la disputa del año próximo.
