La Justicia Federal citó a declaración indagatoria a Jorge Diego Satto, Mauro Héctor Vazón y Juan Enrique Ruiz Orrico, exdelegados argentinos ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en el marco de una causa que investiga un presunto desfalco superior a los 20 millones de dólares en las obras de dragado del río Uruguay, una decisión adoptada en Concepción del Uruguay a partir de una denuncia presentada en julio de 2019.
El juez federal subrogante Hernán S. Viri, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1, dispuso la citación de los tres exfuncionarios uruguayenses junto a Pieter Jan de Nul, propietario y representante legal de la empresa belga Jan de Nul, histórica adjudicataria de los trabajos de dragado durante el período investigado, que se extendió entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri.
La causa analiza irregularidades en las licitaciones del dragado del río Uruguay, que habrían generado un perjuicio económico estimado en más de 20 millones de dólares para el Estado. La denuncia sostiene que los contratos se firmaron con valores significativamente superiores a los convenios vigentes, lo que ahora es materia de investigación judicial.
El expediente adquiere una relevancia institucional mayor porque Mauro Vazón se desempeña actualmente como presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y Jorge Satto ocupa el cargo de secretario de Turismo de la provincia, funciones para las que fueron designados por el gobernador Rogelio Frigerio, mientras que ambos integraron la CARU en el período bajo sospecha.
En tanto, Juan Enrique Ruiz Orrico, también exdelegado ante la CARU, enfrenta además una causa penal por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente vial, cuyo juicio oral fue programado entre el 18 y el 27 de febrero de 2026, lo que suma un nuevo elemento de gravedad a su situación judicial.
La denuncia presentada en 2019 expone una supuesta maniobra para desplazar a la Dirección Nacional de Vías Navegables, que hasta entonces mantenía la vía navegable del río Uruguay, en beneficio de empresas privadas que habrían actuado bajo un esquema de presunta cartelización en las licitaciones.
Según consta en el expediente, el costo del metro cúbico de dragado pasó de 5 dólares, valor que regía en el convenio con la CARU, a 8 dólares en la adjudicación a la empresa Jan de Nul, una diferencia que habría sido avalada por los integrantes del organismo binacional responsables del control.
La investigación remarca que las decisiones en la CARU se adoptan de manera colegiada, por lo que todos los delegados debían conocer y aprobar los valores de las contrataciones. Ese punto es central en la imputación por posibles delitos vinculados a corrupción, cohecho y administración irregular de fondos públicos.
Las audiencias de indagatoria fueron fijadas entre diciembre de este año y marzo de 2026, y en algunos casos se realizarán de manera remota mediante el sistema Google Meet. La Justicia instruyó además a la Gendarmería Nacional para realizar las notificaciones personales y verificar la identidad y domicilios de los imputados.
A más de cinco años de la denuncia original, la causa volvió a cobrar fuerza no solo por el monto del presunto perjuicio económico, sino también porque involucra a funcionarios que hoy ejercen poder político y roles clave de control institucional en Entre Ríos, reactivando un expediente que había permanecido sin avances y que ahora vuelve al centro de la escena pública.
