Carlos Heller
Los datos que provee el Banco Central no hacen más que mostrar que la emisión monetaria no es la locomotora de la suba de precios, a lo sumo es un vagón. En los primeros 8 meses de este año, la Base Monetaria cayó, en términos reales, un 25,5%, y el M3, que es una definición amplia que incluye el dinero en circulación en poder del público más los depósitos totales, disminuyó un 8,9%, también en términos reales.
A su vez, si los precios se han acelerado recientemente no es por los beneficios que el Gobierno está implementando para aliviar los bolsillos de la población. Las causas de la inflación son siempre la puja distributiva, la especulación, y la incertidumbre que se busca generar alrededor de la cotización del dólar. A esta situación aportan la devaluación del 21,8% (impuesta por el FMI, aunque hay que recordar que antes del inicio de las negociaciones el organismo pretendía una del 100%, que el gobierno no convalidó) y el discurso de un candidato que se plantea dolarizar la economía. Como parte de su plan acaba de reconocer que sería “más fácil” hacerlo cuanto más alto esté el dólar. Una dura confesión que alarma.
A estas circunstancias se suman las cada vez más frecuentes declaraciones de economistas de la oposición sobre que estaríamos transitando una “hiperinflación” o cercanos a ella, cuando desde organismos internacionales como el Banco Mundial, y otros importantes analistas internacionales, dejan en claro que se está muy lejos de una situación como esa.
El candidato libertario Javier Milei también señaló que recortaría 15 puntos del PIB, una poda que no se ha visto en ningún lugar del mundo. Hay que decir que el gasto público en Argentina como porcentaje del PIB llega a 20,4 puntos, lo cual significa que para recortar 15 puntos habría que afectar gravemente el gasto de la seguridad social (6,9 puntos de jubilaciones) y el gasto social (4,4 puntos, que incluye la AUH). Además de recortar agudamente los rubros mencionados, implica necesariamente despedir empleados públicos, privatizar la salud y la educación, entre otras medidas. Un ajuste de tal magnitud lleva implícito eliminar prácticamente las funciones del Estado.
Sería penoso que prevalezca esta opción, más aún cuando se están empezando a ver algunos frutos de las políticas estructurales de este Gobierno, que son las que luego mejoran el día a día.
