Por José Antonio Artusi
Un documento de la OEA señala que “la cuenca del río Uruguay es notablemente rica en energía. Si se considera su potencial total de 18.264 MW y su superficie de 360.000 km2 se obtiene una potencia unitaria de 50,7 KW instalado por kilómetro cuadrado, o sea una energía del orden de los 220 MWh/km2. Esta cantidad de energía es similar a la de Suecia, considerado uno de los países más ricos en hidroelectricidad”. Sin embargo, lamentablemente se trata de un potencial energético mayormente desaprovechado, siendo Salto Grande el único emprendimiento binacional operativo. No deja de ser curioso – y doloroso – que no exista todavía ninguna central hidroeléctrica compartida entre Argentina y Brasil.
En 1919 el Gobierno Argentino encomendó a la Dirección General de Navegación y Puertos realizar estudios tendientes al aprovechamiento hidroeléctrico de las caídas del Salto Grande. Más tarde, el diputado nacional entrerriano Bernardino Horne presentó un proyecto de ley estableciendo cuatro objetivos centrales: la navegación, el aprovechamiento de energía eléctrica, la irrigación y el control de los efectos de las crecientes. Y el 30 de Diciembre de 1946 se firmó el Convenio entre Argentina y Uruguay, que dispuso en su artículo 3º que “las diversas utilizaciones de agua tendrán el siguiente orden de prioridad…:
- Utilización para fines domésticos y sanitarios;
- Utilización para navegación;
- Utilización para producción de energía;
- Utilización para riego.”
Salto Grande ha venido funcionando desde hace décadas como una eficiente usina de generación de energía barata, limpia y renovable, pero no ha aportado demasiado al logro de los demás objetivos. Es importante por lo tanto recordar que Salto Grande fue pensada originalmente como un proyecto multipropósito, orientado a promover el desarrollo regional.
En momentos en que nuestro país necesita imperiosamente asegurar la provisión de agua potable y saneamiento a toda su población, diversificar y descarbonizar sus fuentes de energía, eficientizar sus sistemas de transporte, y aprovechar los recursos hídricos para mejorar la productividad del sector agropecuario y hacerlo menos vulnerable a episodios climáticos en el contexto del cambio global, el emprendimiento de Salto Grande se presenta como una oportunidad magnífica de aportar al logro de esos fines, potenciándolo con iniciativas que duermen en algunos cajones desde hace décadas, y otras que puedan surgir.
Revisar el rol de la Casfeg
Si lo vemos desde la perspectiva de los intereses de la provincia de Entre Ríos –pero cuidando de no caer en una visión aldeana y cerrada, sino enmarcándolos armoniosamente en el contexto de los intereses de la región y de la Nación en su conjunto–, un primer paso podría consistir en reclamar que se aumente la proporción en la que se pagan regalías hidroeléctricas a la provincia, permitir que tales regalías se puedan cobrar en especie, y aumentar el precio que Salto Grande recibe por la energía generada. Estas acciones permitirían contar con más recursos, provenientes tanto de regalías como de excedentes, y parte de esos recursos adicionales podrían destinarse a morigerar el impacto de la quita de subsidios a la energía, sobre todo para usos productivos y para consumos básicos de los sectores más vulnerables. Por otro lado, revisando de manera profunda el rol de la Cafesg, podrían también destinarse recursos a la promoción de un verdadero programa de desarrollo regional, priorizando las obras que impacten efectivamente en tal propósito, y cuidando rigurosamente la eficiencia y rentabilidad social de las inversiones. Retomando las prioridades de 1946, ese proyecto tendría que concentrarse fuertemente en proyectos que brinden agua potable y saneamiento, infraestructura de transporte ferroviario y carretero para alimentar los puertos, electrificación rural y para parques industriales a costos adecuados, y acueductos para riego.
Por otro lado, la potencia de la represa podría aumentarse concretando el demorado dique compensador de Salto Grande, obra que permitiría operar más eficientemente la central y aportar energía de base a ambos países. El aumento de generación incrementaría obviamente la percepción de regalías y excedentes para la provincia, llegado el momento. Pero además el dique compensador, cuya localización y diseño debería contemplar los más rigurosos criterios ambientales, permitiría mitigar el impacto de las inundaciones y favorecería la navegación, aportando al desarrollo de la Hidrovía del río Uruguay. Debe tenerse en cuenta que el transporte fluvial en determinadas distancias tiene ventajas significativas sobre el transporte carretero en términos de menor consumo de combustible, menor emisión de gases contaminantes y mayor seguridad. La navegación a su vez podría también potenciarse con la construcción de las demoradas esclusas y el canal, que permitirían navegar con barcazas aguas arriba de la represa.
Obviamente todas estas obras requieren estudios y evaluaciones muy rigurosas que avalen su factibilidad y conveniencia, pero al menos deberíamos estar debatiendo estas cuestiones y exigiendo que esos estudios se realicen de manera perentoria.
Salto Grande siguen siendo una oportunidad magnífica para la promoción efectiva del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de nuestras comunidades, pero exige discusiones serias y acciones conducentes, más que repetir como loros cantinelas demagógicas o resignarnos a un status quo de atraso y empobrecimiento.
(*) Arquitecto Especialista en Planificación Urbano Territorial, integra la Cátedra de Planificación Urbanística de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCU. Diputado Provincial (UCR) 2007-2011 y 2015-2019.
