Señor director:
A los señores jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli con muy pocos y sólidos fundamentos atendiendo a los antecedentes en la materia de la propia Corte Suprema.
Si la unidad del ordenamiento jurídico regula la actividad del Estado es lógico suponer que los actos del Consejo de la Magistratura queden atrapados implícita o explícitamente en el control judicial.
El argumento de los Magistrados parte de la base que el Consejo de la Magistratura ha violado el principio de legalidad sobre la determinación de los traslados de los citados jueces. Es evidente que cuando aparecen actos de sustancia discrecional como son las Resoluciones del consejo de la Magistratura no debidamente motivados y que nieguen o sean violatorios de derechos, se abre la posibilidad del control de parte del Poder Judicial.
Es decir, tendríamos que entrar en el terreno de la arbitrariedad manifiesta según doctrina de la propia Corte Suprema.
En principio, no debemos olvidar la competencia específica del Consejo de la Magistratura que tiene a su cargo entre otras atribuciones resolver sobre cuestiones de traslados. Ahora bien, si el Consejo de la Magistratura no cumplió con el procedimiento constitucional facilitando el traslado de los señores jueces, lo dispuesto por el actual Consejo se armoniza con los propósitos que dieron lugar al mecanismo institucional contemplado en la reforma de 1994.
D0e acuerdo a los antecedentes del tema el Poder Judicial no puede sustituir el opinable momento o núcleo de lo discrecional efectuado por el órgano conforme las normas constitucionales. Menos aún si se ha dado intervención al Senado para también adecuarlo a éstas últimas.
Analizar el presente tema es de sumo riesgo, sabiendo que existen fuerzas corporativas y mediáticas de gran poderío que pretenden condicionar a la propia Corte Suprema sugiriendo su decisión final para mantener jueces que protejan intereses de legitimidad espuria o confirmen maniobras persecutorias, otorgándoles seguridad e impunidad, representativos del accionar del gobierno de Juntos por el Cambio.
Sería muy loable que los Colegios de Abogados Provinciales se expidan sobre el particular en este tema como en otros, a modo de guía de conocimiento e interpretación para la comunidad, saliendo de su estado de descompromiso y casi temerosa actitud.
Aldo O.Savina
