Por Andrés Asiain
La guerra entre Ucrania y Rusia, dos grandes proveedores globales de alimentos y energía, disparó el precio de las materias primas que Argentina exporta. La soja cotiza arriba de los 600 dólares la tonelada, el maíz araña los 600 dólares la tonelada y el trigo supera cómodo a los 400 dólares. En términos de divisas, el mayor ingreso por las exportaciones será compensado por el mayor costo del combustible que se importa para sostener el abastecimiento eléctrico. En términos fiscales, los mayores ingresos por derechos de exportación, incluso cuando aumente la alícuota, no compensará el mayor gasto por subsidios a las tarifas. Pero el impacto más grave se da sobre los precios internos de los alimentos y la inflación.
La suba de los precios tiene un fuerte componente inercial, es decir que la inflación del pasado se proyecta por sí misma hacia adelante al estar incorporada en expectativas, indexaciones de hecho y de derecho. Ese elevado piso de inflación aumenta de nivel ante distintos shocks. Así fue durante el aumento global de las materias primas y el lockout que coronó el conflicto del campo en 2008, donde las tasas de aumento de los precios se montaron cómodas arriba del 20% anual. Ese piso que se elevó hasta el 50% con el salto del dólar en el marco del acuerdo entre Mauricio Macri y el FMI. De la misma manera, el reciente aumento de las materias primas con su impacto sobre los alimentos puede volver a incrementar el ya elevado piso de inflación, si no se toman medidas a tiempo para contrarrestarlo.
Las herramientas para lograrlo pueden ser diversas e ir desde un incremento en las retenciones a la exportación hasta una nacionalización del comercio exterior, pasando por fideicomisos que administren subsidios cruzados. Cualquiera sea la alternativa a utilizar, todas ellas significan que los sectores agroexportadores deberán resignar parte de las ganancias extraordinarias que le genera la reciente disparada de los precios internacionales, por lo menos, en la porción correspondiente al abastecimiento del mercado interno a un precio diferencial.
La alternativa o complemento a esas políticas sería aceptar el aumento de los alimentos y la inflación, pero acompañarlos de un fuerte incremento de transferencias de ingresos a la población que disminuya el daño social de la aceleración de los precios. Esa política choca con las restricciones al gasto que impone la búsqueda de una reducción en el déficit primario establecida en el acuerdo con el FMI.
