Rogelio Frigerio presentó el proyecto de reforma política y electoral, aunque no hubo ningún texto ni articulado girado a senadores y diputados. La iniciativa, que promueve la Boleta Única de Papel (BUP) es resistida por el PJ Entre Ríos, aunque tuvo guiños de Gustavo Bordet y Rosario Romero.
Periodista
A cinco meses de la asunción en Casa Gris, el gobernador Rogelio Frigerio expuso los principales lineamientos de una reforma política y electoral de la provincia. Fue en las instalaciones del Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, ante la presencia de legisladores de ambas cámaras provinciales, rectores de universidades, y referentes de los 20 partidos habilitados en Entre Ríos.
El debate fomentado por el Ejecutivo tiene antecedentes cercanos en los últimos años, con la propuesta impulsada por el ex gobernador Gustavo Bordet, en el discurso inaugural del período de Sesiones Ordinarias de 2018. El proyecto del peronismo establecía la incorporación de la Boleta Única de Papel (BUP) como instrumento de votación, fijaba la integración de las minorías y disponía la equidad de género como método de la conformación de las listas. En aquel momento, atravesado por un contexto nacional donde Mauricio Macri era presidente de la Nación, y el actual Mandatario provincial era su Ministro del Interior, un sector del justicialismo rechazó el plan gubernamental, mientras la bancada opositora, de Juntos por el Cambio, lo desestimó de manera unánime.
Las configuraciones políticas, sociales y económicas de estos tiempos no explicitan un escenario de mayor certidumbre. No obstante, emerge como una apuesta del Gobierno provincial para la recuperación del protagonismo, relegado por la carencia de iniciativa política, la paralización de obras públicas, el ahogo financiero nacional, y la falta de logros tangibles de gestión en la vida cotidiana de las personas. La reforma surge como un debate atemporal, fuera de las urgencias de la agenda gubernamental, pero que reafirma la construcción simbólica de Frigerio, que se manifiesta por la discusión de normativas vinculadas a la transición de Gobierno, las pensiones vitalicias de gobernadores y vicegobernadores, el acceso a la información pública, y el régimen de transparencia y ética de la función. Ese menú de legislaciones también se conecta con las ideas respecto a la ficha limpia, la extinción de dominio y del arrepentido, que pone el acento sobre hechos de corrupción.
“Es una reforma que tiene, a mi juicio, que ir más allá de cambiar el sistema en el cual se vota en la provincia”, expresó Frigerio durante su exposición. “Tiene que ser una reforma de Estado que vaya mucho más allá de los partidos políticos y de la coyuntura político-partidaria de la provincia”, profundizó. “Somos la única provincia de la región (Centro) que no ha hecho modificaciones sensibles en materia electoral y hoy empezamos a saldar esa deuda”, apuntó en el transcurso de la descripción, sin grandes detalles del texto y sus principales postulados.
Fortalezas y debilidades
La presentación de la propuesta, en un año sin elecciones, parece un momento oportuno, aunque genera suspicacias en el arco político, por los antecedentes dentro de Juntos por el Cambio contra la reforma impulsada por Bordet. La coincidencia crucial de ambas mociones es la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que erradica la conocida lista sábana y propone una opción de nómina con todas las categorías y sus respectivos candidatos. Este último punto comprende diferencias según el distrito, como ocurre en la Región Centro, donde Córdoba tiene un sistema con una lista única con todos los nombres, mientras Santa Fe posee cinco nóminas con diversos colores, distribuidas en las categorías para la gobernación, para la Cámara Baja, el Senado, las presidencias municipales y los concejos deliberantes, expulsando de modo efectivo la papeleta sábana. Otras distinciones son la inexistencia de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia gobernada por Martín Llaryora y la posibilidad de elegir la nómina completa de un partido o frente político en una sola maniobra.
Entre las fortalezas de la BUP, múltiples especialistas concuerdan en la existencia de una mejor visibilidad de las opciones en el cuarto oscuro, ya que suprimen las listas sábanas; una simplificación del proceso del voto, especialmente cuando se eligen alternativas de diferentes alianzas políticas por categoría, ya que no requiere el uso de tijeras; un menor costo de impresión de listas y una mayor regulación del Estado en su financiamiento; la eliminación del robo de boletas de un partido o de una alianza electoral específica, como también de la proliferación de papeletas truchas; y una mayor celeridad del recuento de votos hacia el escrutinio transitorio y definitivo.
Entre las críticas más sustantivas se encuentra la forma de la confección de las listas, donde la boleta única muestra generalmente al primer candidato de cada categoría y nómina; un mayor predominio de las referencias personales sobre los partidos o las coaliciones; una fragmentación como en el caso santafesino, que puede ayudar a la confusión, entre los nombres y las candidaturas de una misma agrupación, dificultando la capacidad de arrastre electoral; y la transformación del rol de fiscalización y militancia del evento proselitista.
Resabios
A diferencia de otros casos, Entre Ríos tiene un debate inconcluso sobre los efectos de la Ley Nº 9.659, promulgada el 6 de diciembre de 2005, que es conocida como la Ley Castrillón, en referencia a su autor, el ex presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón. Su normativa exige que los aspirantes a la gobernación presenten una lista completa para la Cámara de Diputados y al menos representantes para el Senado de 15 departamentos; mientras que los pretendientes a las presidencias municipales deben estar acompañados de la nómina completa de concejales titulares y suplentes.
Esa modificación estructural, que tiene una vigencia de dos décadas, se traduce en un obstáculo para quienes no cuenten con la estructura estatal, gubernamental o partidaria en los diferentes distritos, e impide candidaturas autónomas por departamento para la Cámara Alta. Esa reforma fue impulsada por el ex gobernador Jorge Busti, durante su tercera gestión (2003-2007), cuando el caudillo justicialista promovía como sucesor a Sergio Urribarri, su ministro de Gobierno, Obras y Servicios Públicos.
Los postulados de la Ley Castrillón, que proporciona ventajas a los grandes partidos tradicionales, y especialmente a quienes detentan la conducción de sus estructuras y de la administración del Estado, sumado a los postulados de la Carta Orgánica del Partido Justicialista (PJ), que desestima la incorporación de las minorías, inclinaron la balanza por el candidato de Casa Gris. La historia posterior es conocida, donde el ex intendente de Paraná, Julio Solanas, y el ex presidente municipal de Concordia, Enrique Cresto, presentaron su nómina por fuera del PJ, quedando en la tercera ubicación, con un 18,83% (117.968) del total de votos. La reelección de los tres mandatarios justicialistas y la jefatura simultánea del partido a nivel provincial, ratificaron esa tesis.
Frigerio analiza las opciones y los matices de los ejemplos de Córdoba y Santa Fe, que fueron utilizados por primera vez en 2011, y de Mendoza, que es más reciente y que fue aprobado en 2022. Además de la ausencia de las PASO, Córdoba tiene la peculiaridad de un sistema parlamentario unicameral que, tras la convención constituyente de 2001, estableció un Poder Legislativo conformado por un representante por cada uno de los 26 departamentos y otros 44 miembros por la provincia. En paralelo, busca consensos con el peronismo, ya que el oficialismo tiene una leve minoría (9/8) en la Cámara Alta de la provincia, en un contexto donde las bancadas opositoras tienen hartazgo por las críticas de Juntos por el Cambio a las gestiones que pasaron por Casa Gris pese al acompañamiento en las leyes de emergencia y de fortalecimiento institucional enviadas en los últimos meses. Además, el justicialismo entiende que hay un tiempo de gracia, a favor de la gobernabilidad, que no puede transformarse en complicidad del estancamiento de la gestión y de la defensa irrestricta del Mandatario de Entre Ríos con el presidente Javier Milei.
Además de los rasgos y detalles más específicos de la BUP, como la inclusión del voto en blanco o la preferencia por un sistema que inhabilite de manera definitiva la lista sábana, como el caso santafesino donde cada categoría está en una boleta distinta, el oficialismo entrerriano debate sobre los alcances del proyecto. El financiamiento de los partidos políticos, la incorporación de las minorías, la permanencia de las PASO y la vigencia de algunos articulados de la Ley Castrillón, aparecen en el primer cordón posterior de discusión de los contenidos del texto. En el segundo cordón, en una apuesta más arriesgada pero simbólica del discurso oficial, asoma un apartado que restringe la participación de dirigentes con condenas judiciales, con el foco puesto en un mensaje contra la corrupción. Es un formato dicotómico local de construcción de poder y revalidación del capital político, que se asemeja a la materialización del concepto de casta que se fomenta desde Casa Rosada.
¿Y el peronismo?
“Nosotros no fuimos, enviamos al apoderado legal del partido para ver qué era lo que se presentaba, sobre qué proyectos se quería hablar, y una vez que nos trajera el material íbamos a empezar desde el Consejo Provincial, con todos sus integrantes, a conversar sobre la propuesta del Ejecutivo. Pero el apoderado volvió con las manos vacías”, expresó José Cáceres, ex vicegobernador y actual titular del Consejo Provincial del PJ. “En el fondo me sonó más a circo de Frigerio para buscar una foto en un momento muy complejo”, dijo e insistió: “Me pareció bastante insustancial y rimbombante la manera en que se presentó la propuesta y debe ser porque no está haciendo nada, ya lleva casi medio año de Gobierno y no se ve que haya gestión”, fustigó. “Han declarado la emergencia en cultura, en obras públicas, educativa, alimentaria, para gobernar por decreto. Sin dudas que falta gestión” cuestionó el parlamentario del Mercosur. “No es el mejor momento para plantear el debate sobre una reforma política”, finalizó una de las primeras voces del frente opositor.
La dureza del dirigente paranaense, que fue promovido como presidente del Partido por el consenso dirigencial edificado por Gustavo Bordet, uno de los principales ideólogos en la provincia de la reforma electoral, incluso con apoyo a la Boleta Única Electrónica, deja dudas sobre la estrategia detrás de esas declaraciones, en una búsqueda de diferenciación de los nombres con responsabilidades ejecutivas y legislativas y de las voces que se encuentran en el llano. La fotografía del lunes pasado en el palacio municipal de Paraná, donde la anfitriona, Rosario Romero, que además es titular de La Liga de Intendentes Justicialistas, recibió al ex Gobernador, corrobora esa jugada. “Fue un encuentro muy cordial en el que hemos charlado diversos temas, entre los cuales la reforma política fue central en razón de que Gustavo Bordet, en su primera gobernación, envió un proyecto integral del Código Electoral a la Legislatura”, expresó la ex Ministra de Gobierno. “En su momento, en el año 2018, habíamos planteado que era tiempo de poder superar viejas estructuras electorales”, manifestó el actual Diputado nacional. “En esa oportunidad no contamos con el apoyo de un sector del Justicialismo y tampoco con el apoyo de Cambiemos en ese entonces. Siempre pensamos que cuando se hace una convocatoria o una reforma política, primero es importante asistir, es importante participar y debatir”, fundamentó. “Es más, creo que más allá de las controversias que genera el sistema de voto electrónico en los lugares donde se aplica, como en la provincia de Salta por ejemplo, jamás ha habido inconvenientes o en otros países vecinos como Brasil tampoco los hubo y existe la posibilidad de que rápidamente se conozcan los resultados”, puntualizó.
El debate recién arranca. La profundidad de la reforma y el posicionamiento del peronismo serán claves para su sanción. De igual modo, para dilucidar si se trata de un aporte al fortalecimiento institucional o de una estrategia ante la inexistencia de recursos frescos para la gestión.
