La Seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) rechazó, a través de un comunicado, la propuesta de declarar a la educación como servicio esencial, ya que “no constituye en absoluto un servicio, dado que se trata de un derecho social y una responsabilidad indelegable del Estado”.
En tanto, se añadió que “no entenderlo, de ese modo implica retrotraernos a una concepción mercantilizadora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje”, por lo que “rechazamos toda iniciativa que busque anular nuestros derechos”.
“Frente a los trascendidos acerca de la existencia de iniciativas parlamentarias tendientes a modificar la ley de educación nacional 26206 con un propósito claramente regresivo, buscando incorporar a la misma la definición de ‘servicio esencial’, desde la conducción de la Seccional Uruguay de Agmer manifestamos nuestro rechazo a cualquier tipo de proyecto que implique un avance sobre los derechos del colectivo docente”, se consignó.
“Señalamos, por un lado, que la educación no constituye en absoluto un servicio, dado que se trata de un derecho social y una responsabilidad indelegable del Estado. No entenderlo de ese modo implica retrotraernos a una concepción mercantilizadora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y sostenemos además que dicha responsabilidad del Estado, en especial con relación al normal desarrollo del ciclo lectivo, no puede bajo ningún aspecto justificar la vulneración de los derechos laborales docentes, en particular el legítimo derecho de huelga, herramienta de lucha que se encuentra reconocida y garantizada por el artículo 14° bis de nuestra Constitución nacional”, se indicó.
“Como sindicato, que nuclea a trabajadores de la educación y defiende sus intereses genuinos junto con los de la escuela pública, reafirmamos que no existe contradicción entre la lucha docente y el derecho a aprender, exigiendo a quienes tienen responsabilidades legislativas que desistan de acompañar este tipo de proyectos”, finalizó el texto, que lleva la firma de Walter Baccón, Lía Fimpel y Mariela Leiva.
Rechazan que la educación sea declarada un servicio
