Nancy Vinagre declaró por el trabajo publicitario para la Cumbre del Mercosur.
– Nancy Vinagre, ex asesora legal y hoy fiscal del Tribunal de Cuentas, declaró ante el Tribunal en una nueva audiencia del juicio que se lleva adelante contra el ex gobernador Sergio Urribarri por cinco legajos en los que se lo acusa a él y a otros ex funcionarios de primera y segunda línea y a particulares de peculado y negociaciones incompatibles · La testigo ratificó que la contratación de spots para la Cumbre del Mercosur, uno de los ejes de la acusación, se hizo dentro de los parámetros legales · También declaró Raúl Galarza, a quien se interrogó por la causa de las imprentas
Vinagre fue la segunda testigo de la jornada. Su aporte era vital para entender el proceso administrativo ya que la hipótesis acusatoria de la Fiscalía gira en torno a que en la contratación de los spots y su difusión hubo discrecionalidad, direccionalidad y sobreprecio y que, por otro lado, tenían como fin no mostrar políticas públicas del gobierno si no promocionar la figura de Urribarri en momentos en que el ex mandatario no escondía sus intenciones de ser presidente.
Vinagre, actual fiscal de cuentas N° 1, actuó en 2014 a instancias del entonces coordinador de la Cumbre, Hugo Céspedes, un ex funcionario provincial que falleció a poco de que comenzaran las audiencias.
Céspedes le consultó al Tribunal de Cuentas (TdeC) si la contratación de los spots era o no encuadrable dentro de los gastos de la Cumbre, aprobados por ley 10.327. Fue antes de responder al pedido por nota del entonces ministro de Comunicación, Pedro Báez, quien elevó la recomendación a fin de aprovechar el evento para darle difusión a la provincia y a las políticas públicas desarrolladas.
El organismo de contralor le pidió un dictamen a Vinagre, por entonces asesora legal, y esta dio luz verde. Pese a esto, aclaró que ese gesto afirmativo no implicaba dejar de lado los controles que con posterioridad el Tribunal de Cuentas efectúa. En el esquema de control provincial TdeC interviene luego del gasto, mientras que Contaduría lo hace antes y durante y Fiscalía de Estado se expide sobre su legalidad. Estos últimos dos organismos también dieron curso positivo a la consulta de Céspedes.
