El juez federal advirtió que esa modificación implicará “un limite ético insuperable”.
El juez federal Daniel Rafecas aseguró que no continuará con su postulación para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación (PGN) si el Congreso sanciona una ley que reduce «la mayoría necesaria en el Senado» para nombrar al jefe de los fiscales.
El magistrado lo confirmó a través de un posteo en su cuenta personal de la red social Instagram, donde publicó además la foto del encuentro que mantuvo con el presidente Alberto Fernández el día que le propuso postularlo para Procurador General de la Nación.
«Reafirmo lo que ya sostuve públicamente: si a mitad del proceso para mi designación se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un límite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación», sostuvo Rafecas.
Rafecas había sido propuesto por el Presidente para cubrir el cargo vacante de Procurador General de la Nación el 17 de diciembre de 2019.
Lavagna envió una señal negativa al oficialismo
El ex ministro de Economía y referente del espacio Consenso Federal, Roberto Lavagna, advirtió ayer que «no han sido construidos» las «mayorías» y los «acuerdos extendidos» para reformar la Ley de Ministerio Público y tomó distancia así del proyecto que el oficialismo busca aprobar en la Cámara de Diputados.
Lavagna se expresó así en medio del tironeo que se da entre el Gobierno y Juntos por el Cambio sobre los tres diputados nacionales que integran el bloque de Consenso Federal (Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro «Topo» Rodríguez) y los seis de Unidad Federal para el Desarrollo, que lidera el mendocino José Luis Ramón.
La reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal es una iniciativa que surgió el año pasado del bloque Frente de Todos del Senado, donde fue impulsada por el sector más cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y ahora el oficialismo de la Cámara de Diputados busca darle sanción definitiva.
Las reformas más importantes a la ley que propone el proyecto apuntan al mecanismo para elegir al procurador general de la Nación; a la posibilidad de suspender al jefe de los fiscales en caso de que se active el proceso de remoción y a la composición del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
