Mientras continúa el debate interno sobre la economía, los precios y las importaciones, el oficialismo y la oposición recorren el camino de candidaturas hacia 2023. En Entre Ríos las definiciones principales pasan por el desdoblamiento, las internas abiertas y la incorporación de minorías.
Por Mariano Osuna
Hace poco más de 10 días, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que la inflación de mayo fue de 5,1%, dejando un acumulado de 29,3% en los primeros cinco meses del año y un incremento interanual del 60.7%. En simultáneo, el Gobierno adelantó los aumentos del salario mínimo, vital y móvil, reabrió paritarias, lanzó bonos para jubilados y trabajadores precarizados, elevó el mínimo no imponible de ganancias y subió las escalas de autónomos y monotributistas. De fondo, la relación desigual entre inflación y salarios, que se materializa en la capacidad de ingresos y de poder adquisitivo, asoma como una de las deudas significativas que la política debe resolver. El deterioro manifiesto en la calidad de vida de las personas, que tuvieron su punto culminante durante los últimos dos años de la administración de Cambiemos, agudizados por la pandemia mundial y por los efectos de la guerra en Ucrania, condiciona el humor social y aparece como la principal demanda ciudadana.
El debate por estos días en el Congreso nacional, y también al interior de la coalición de gobierno, expone la discusión sobre la decisión política y la elección de las estrategias más adecuadas para el abordaje de dos conglomerados de temas esenciales. El primero involucra la mejora sustancial de esa economía casera, que abarca los derechos básicos, los consumos populares y la construcción de un horizonte que genere esperanzas en la retribución de ese trabajo y en los sueños de una movilidad social ascendente, donde el acceso a la casa propia, al primer auto, a la posibilidad de calefacción o refrigeración, al esparcimiento y al ahorro, sean objetivos a mediano plazo y no una sentencia de frustración. El segundo incluye algunas definiciones macro respecto al pago de la deuda con el FMI, contraída en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, y al accionar frente a las ganancias desbordantes de algunos sectores bancarios, financieros, agroexportadores e industriales, profundizadas por la situación geopolítica, principalmente las relacionadas a los precios internacionales de los alimentos y la energía. En ese contexto se inscribe el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández con la CTA el pasado 20 de junio, como también las tormentas y los cambios en el Ministerio de Producción, eslabón fundamental en estos temas en debate, donde asumió el ex vicepresidente Daniel Scioli.
Abanico de temas y correlación de fuerzas
Hubo tres debates claves, vinculados a los ejes de temas descriptos previamente, que se dieron en la última semana en la Cámara de Diputados de la Nación: la Constitución de un Fondo para la cancelación de la deuda con el FMI con fondos fugados, que viene con media sanción del Senado, las modificaciones a la Ley de Alquileres, entre las presiones inmobiliarias, y la declaración de emergencia del transporte público urbano e interurbano de pasajeros, con la correspondiente discusión sobre la distribución desigual de los subsidios entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto de las provincias del país.
La iniciativa sobre el pago al organismo financiero internacional proviene del núcleo duro del kirchnerismo pero hay unanimidad en el Frente de Todos respecto a la necesidad de aprobarlo, en la búsqueda de recursos pero también de definiciones políticas que marquen certidumbre y unidad sobre el camino seleccionado para afrontar esa deuda. La bancada oficialista, presidida por el santafesino Germán Martínez, cuenta con 118 votos, siendo la primera mayoría pero sin bastar para tener quórum propio. Para alcanzar esos 129 afirmativos, requiere del acompañamiento del bloque Provincias Unidas, que integran cinco legisladores que responden a los partidos provinciales gobernantes en Misiones (1), Río Negro (2) y Neuquén (2), de las cuatro bancas de la izquierda o de los ocho votos del Interbloque Federal que integran los socialistas (2) de Santa Fe, los peronistas disidentes (3), y los cordobeses (3) que responden a Schiaretti, quienes siempre en estos temas más polémicos prefieren votar más cerca de la oposición. Lo mismo ocurre, aunque con sus matices, con proyectos respecto a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia o de reforma del Consejo de la Magistratura.
El tema transporte trae otros elementos al análisis, porque la situación que atraviesan los gobernadores radicales de Jujuy, Mendoza y Corrientes es la misma que experimentan los mandatarios justicialistas. El reparto de los subsidios al transporte público siempre tuvo asimetrías, pero en los últimos cuatro años dejó números aterradores. Hasta el 2016 el 68% de los recursos iban para el AMBA, mientras que el 32% restante al mal llamado interior. Luego del pacto fiscal firmado en 2018, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores empezó a recibir el 84% de ese financiamiento, y apenas el 16% para ser repartido por el resto de las provincias. A eso sumarle que dentro de ese reparto federal se incluyen 32 líneas que solo funcionan dentro de la CABA y que por lo tanto no deberían estar comprendidos en esa distribución. Por lo pronto, durante la reunión de la Comisión de Transportes de esta semana, oficialistas y opositores llegaron a un texto de consenso que establece la emergencia en el transporte con una inyección de recursos de 59 mil millones de pesos y el compromiso que en 60 días se apruebe una legislación que fije una distribución más igualitaria de esos recursos.
Por su parte, en la discusión sobre Alquileres, la polarización es similar al posicionamiento sobre la creación del Fondo para cancelación de la deuda. La oposición, incluida una parte del Interbloque Federal, pretende llevar las actualizaciones de los alquileres a aumentos trimestrales con una duración de dos años de los contratos; mientras que el oficialismo apuesta a que se mantengan los incrementos anuales y los contratos de tres años, sumando algunos beneficios sobre las garantías para inquilinos y sobre mejoras impositivas para propietarios. De fondo, la situación habitacional, la imposibilidad de la concreción del anhelo de la casa propia y el mismo debate sobre la movilidad social ascendente.
El Senado, donde el oficialismo se encuentra en otra situación respecto al quórum, dictaminó sobre un proyecto de alivio fiscal para casi 5 millones de contribuyentes monotributistas y autónomos, que ya fue aprobado por la Cámara Baja, mientras da curso a la moratoria para personas que se encuentren en la edad de jubilarse pero no tengan todos los años de aportes requeridos.
Danza de nombres
Más allá de la representación política basada en los compromisos electorales asumidos, el oficialismo y la oposición saben que ingresan en una etapa final de definiciones vinculadas al escenario que se avecina en 2023 con los comicios presidenciales. Más allá de la gestión, también hay un ojo puesto en los debates internos de las alianzas respecto al nuevo proceso electoral. Es la primera vez desde 1983 que el peronismo no tiene resuelto el apoyo a una reelección, con un panorama más incierto aún por la propia dispersión de las distintas patas que conforman el Frente de Todos. Ya sin Kulfas ni Cafiero en los lugares centrales de la gestión cotidiana, el presidente Alberto Fernández se apoya en la CGT, el Movimiento Evita y algunos funcionarios de confianza. Con sus distintos lentes de análisis, gobernadores, Frente Renovador y Kirchnerismo acuerdan que al Mandatario le faltó conducción política en la transición hacia la post pandemia, en la negociación con el FMI y en la construcción de esa épica necesaria que aporte el volumen político para transformaciones más agresivas vinculadas al precio de los alimentos, a la distribución de la riqueza y a las estrategias de inversión en temas a largo plazo.
Fuera del radar presidencial, aparecen cuatro nombres para ocupar ese rol protagónico y revertir el malhumor social: el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que ha sido un equilibrista entre los distintos sectores políticos, incluido la oposición, para allanar el camino hacia medidas y leyes; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a cargo del principal distrito electoral, con buena comunicación con los diversos espacios de la coalición y con el entusiasmo del recambio generacional; el actual ministro del Interior, Wado de Pedro, dirigente de La Cámpora y de la agrupación HIJOS, que ha acelerado su agenda internacional y con dirigentes fuera de los márgenes del oficialismo, e incluso incómodos para el propio kirchnerismo, como el dirigente sindical Luis Barrionuevo o el ex gobernador de Salta Juan Urtubey, aunque de los nombrados es quien tiene menos armado político y estructura territorial; y cierra esas opciones la actual vicepresidenta y ex presidenta, Cristina Fernández, dueña de un caudal político y un núcleo duro estable, aunque sin penetración en algunos sectores necesarios para ganar la elección. Hoy pareciera que ninguno gana solo y por eso el propio Presidente ha dado mensajes claros sobre la necesidad de una interna abierta que de competitividad a una definición electoral indispensable para el peronismo. Su mesa chica no está tan convencida de liberar las internas, como también ocurre en el entorno del gobernador Gustavo Bordet, aunque las encuestas y también las pruebas ya realizadas por la oposición sobre ese formato, no dan mucho margen de decisión.
En la principal fuerza opositora el panorama tampoco está claro. El candidato natural por la propia dinámica del PRO es Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno de Capital Federal, aunque sus posicionamientos más moderados y la irrupción de los libertarios, hicieron competitivos otros nombres. Es el caso del ex presidente Mauricio Macri, que pese a la derrota de sus sueños reeleccionistas cree que tiene posibilidades de un segundo tiempo en la Casa Rosada. Otros dos nombres que se vislumbran son Patricia Bullrich, también dentro del grupo más radicalizado del PRO, y además presidenta del partido, y María Eugenia Vidal, que zigzaguea entre halcones y palomas, buscando su mejor versión. A esa danza de nombres, hay que agregarle los dos radicales ya lanzados a la principal competencia electoral: el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales; y el legislador nacional y médico, Facundo Manes.
¿Y en Entre Ríos?
Punto y Seguido, la columna política de los domingos de LA CALLE, viene haciendo un seguimiento del escenario político en la provincia, que pasó de un silencio intrigante a la aparición de distintas voces pidiendo reglas claras para la competencia por la sucesión de Bordet en la Casa Gris. Con algunos gestos sobre el desdoblamiento, la posibilidad de internas abiertas y la incorporación de minorías, no hay claridad absoluta sobre cuál es la mejor opción para retener la gobernación. Desde La Histórica, el intendente Martín Oliva y el ex vicegobernador Eduardo Lauritto, resaltaron la importancia que significa que el departamento Uruguay tenga un lugar preponderante en la principal categoría electoral de la provincia. Enrique Cresto, último candidato de las legislativas de 2021, actualmente a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), avisó que competirá pero pidió que Lauritto y el actual intendente de Paraná, Adan Bahl, jueguen también la interna, para disipar posibles heridas y consolidar al ganador de la contienda para la batalla final de los comicios generales. Esta última semana, en declaraciones a Canal 9 Litoral, el propio Presidente municipal de la capital entrerriana, también anticipó sus ganas de ser gobernador.
Mientras desde Casa Gris analizan la posibilidad de desdoblamiento, se sabe que se requiere de una estrategia que fortalezca a quien enfrente la candidatura opositora, que hoy tiene la interna entre el ex ministro del Interior de Macri, Rogelio Frigerio, y el ex intendente de Chajarí y actual diputado nacional, Pedro Galimberti. Mientras el oficialismo provincial analiza si la mejor estrategia es fortalecer las candidaturas locales para lograr un arrastre contundente de las principales ciudades para la categoría principal, otros actores del peronismo entrerriano sostienen que además hay que tener dos o tres fórmulas fuertes que movilicen a la sociedad en la participación dentro de la interna del Frente de Todos. Ahí aparece también el nombre de la vicegobernadora Laura Stratta y un poco más relegado el del intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio.
Mientras define dónde es candidato, Bordet sabe que el margen de definición sobre el desdoblamiento es pequeño, ya que, de confirmarse esa determinación, las PASO serían el segundo domingo de abril y las Generales se llevarían adelante el segundo domingo de junio. Tiempos que se aceleran para la instalación de internas competitivas y más aún para la consolidación de una sola fórmula. A diferencia de hace unos meses, esa falta de definición del Ejecutivo provincial, siente los ecos y los reclamos de una coalición que requiere nuevos métodos de movilización. ¿Será robustecer las intendencias la mejor manera? ¿O será con la incorporación de minorías y varias ofertas fuertes en las internas? Todo en debate y un reloj que pareciera pasar más rápido.
Mientras continúa el debate interno sobre la economía, los precios y las importaciones, el oficialismo y la oposición recorren el camino de candidaturas hacia 2023. En Entre Ríos las definiciones principales pasan por el desdoblamiento, las internas abiertas y la incorporación de minorías.
Por Mariano Osuna
Hace poco más de 10 días, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que la inflación de mayo fue de 5,1%, dejando un acumulado de 29,3% en los primeros cinco meses del año y un incremento interanual del 60.7%. En simultáneo, el Gobierno adelantó los aumentos del salario mínimo, vital y móvil, reabrió paritarias, lanzó bonos para jubilados y trabajadores precarizados, elevó el mínimo no imponible de ganancias y subió las escalas de autónomos y monotributistas. De fondo, la relación desigual entre inflación y salarios, que se materializa en la capacidad de ingresos y de poder adquisitivo, asoma como una de las deudas significativas que la política debe resolver. El deterioro manifiesto en la calidad de vida de las personas, que tuvieron su punto culminante durante los últimos dos años de la administración de Cambiemos, agudizados por la pandemia mundial y por los efectos de la guerra en Ucrania, condiciona el humor social y aparece como la principal demanda ciudadana.
El debate por estos días en el Congreso nacional, y también al interior de la coalición de gobierno, expone la discusión sobre la decisión política y la elección de las estrategias más adecuadas para el abordaje de dos conglomerados de temas esenciales. El primero involucra la mejora sustancial de esa economía casera, que abarca los derechos básicos, los consumos populares y la construcción de un horizonte que genere esperanzas en la retribución de ese trabajo y en los sueños de una movilidad social ascendente, donde el acceso a la casa propia, al primer auto, a la posibilidad de calefacción o refrigeración, al esparcimiento y al ahorro, sean objetivos a mediano plazo y no una sentencia de frustración. El segundo incluye algunas definiciones macro respecto al pago de la deuda con el FMI, contraída en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, y al accionar frente a las ganancias desbordantes de algunos sectores bancarios, financieros, agroexportadores e industriales, profundizadas por la situación geopolítica, principalmente las relacionadas a los precios internacionales de los alimentos y la energía. En ese contexto se inscribe el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández con la CTA el pasado 20 de junio, como también las tormentas y los cambios en el Ministerio de Producción, eslabón fundamental en estos temas en debate, donde asumió el ex vicepresidente Daniel Scioli.
Abanico de temas y correlación de fuerzas
Hubo tres debates claves, vinculados a los ejes de temas descriptos previamente, que se dieron en la última semana en la Cámara de Diputados de la Nación: la Constitución de un Fondo para la cancelación de la deuda con el FMI con fondos fugados, que viene con media sanción del Senado, las modificaciones a la Ley de Alquileres, entre las presiones inmobiliarias, y la declaración de emergencia del transporte público urbano e interurbano de pasajeros, con la correspondiente discusión sobre la distribución desigual de los subsidios entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto de las provincias del país.
La iniciativa sobre el pago al organismo financiero internacional proviene del núcleo duro del kirchnerismo pero hay unanimidad en el Frente de Todos respecto a la necesidad de aprobarlo, en la búsqueda de recursos pero también de definiciones políticas que marquen certidumbre y unidad sobre el camino seleccionado para afrontar esa deuda. La bancada oficialista, presidida por el santafesino Germán Martínez, cuenta con 118 votos, siendo la primera mayoría pero sin bastar para tener quórum propio. Para alcanzar esos 129 afirmativos, requiere del acompañamiento del bloque Provincias Unidas, que integran cinco legisladores que responden a los partidos provinciales gobernantes en Misiones (1), Río Negro (2) y Neuquén (2), de las cuatro bancas de la izquierda o de los ocho votos del Interbloque Federal que integran los socialistas (2) de Santa Fe, los peronistas disidentes (3), y los cordobeses (3) que responden a Schiaretti, quienes siempre en estos temas más polémicos prefieren votar más cerca de la oposición. Lo mismo ocurre, aunque con sus matices, con proyectos respecto a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia o de reforma del Consejo de la Magistratura.
CABA recibe el 84% de los subsidios al transporte, el 16% restante es las provincias.
El tema transporte trae otros elementos al análisis, porque la situación que atraviesan los gobernadores radicales de Jujuy, Mendoza y Corrientes es la misma que experimentan los mandatarios justicialistas. El reparto de los subsidios al transporte público siempre tuvo asimetrías, pero en los últimos cuatro años dejó números aterradores. Hasta el 2016 el 68% de los recursos iban para el AMBA, mientras que el 32% restante al mal llamado interior. Luego del pacto fiscal firmado en 2018, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores empezó a recibir el 84% de ese financiamiento, y apenas el 16% para ser repartido por el resto de las provincias. A eso sumarle que dentro de ese reparto federal se incluyen 32 líneas que solo funcionan dentro de la CABA y que por lo tanto no deberían estar comprendidos en esa distribución. Por lo pronto, durante la reunión de la Comisión de Transportes de esta semana, oficialistas y opositores llegaron a un texto de consenso que establece la emergencia en el transporte con una inyección de recursos de 59 mil millones de pesos y el compromiso que en 60 días se apruebe una legislación que fije una distribución más igualitaria de esos recursos.
Por su parte, en la discusión sobre Alquileres, la polarización es similar al posicionamiento sobre la creación del Fondo para cancelación de la deuda. La oposición, incluida una parte del Interbloque Federal, pretende llevar las actualizaciones de los alquileres a aumentos trimestrales con una duración de dos años de los contratos; mientras que el oficialismo apuesta a que se mantengan los incrementos anuales y los contratos de tres años, sumando algunos beneficios sobre las garantías para inquilinos y sobre mejoras impositivas para propietarios. De fondo, la situación habitacional, la imposibilidad de la concreción del anhelo de la casa propia y el mismo debate sobre la movilidad social ascendente.
El Senado, donde el oficialismo se encuentra en otra situación respecto al quórum, dictaminó sobre un proyecto de alivio fiscal para casi 5 millones de contribuyentes monotributistas y autónomos, que ya fue aprobado por la Cámara Baja, mientras da curso a la moratoria para personas que se encuentren en la edad de jubilarse pero no tengan todos los años de aportes requeridos.
Danza de nombres
Más allá de la representación política basada en los compromisos electorales asumidos, el oficialismo y la oposición saben que ingresan en una etapa final de definiciones vinculadas al escenario que se avecina en 2023 con los comicios presidenciales. Más allá de la gestión, también hay un ojo puesto en los debates internos de las alianzas respecto al nuevo proceso electoral. Es la primera vez desde 1983 que el peronismo no tiene resuelto el apoyo a una reelección, con un panorama más incierto aún por la propia dispersión de las distintas patas que conforman el Frente de Todos. Ya sin Kulfas ni Cafiero en los lugares centrales de la gestión cotidiana, el presidente Alberto Fernández se apoya en la CGT, el Movimiento Evita y algunos funcionarios de confianza. Con sus distintos lentes de análisis, gobernadores, Frente Renovador y Kirchnerismo acuerdan que al Mandatario le faltó conducción política en la transición hacia la post pandemia, en la negociación con el FMI y en la construcción de esa épica necesaria que aporte el volumen político para transformaciones más agresivas vinculadas al precio de los alimentos, a la distribución de la riqueza y a las estrategias de inversión en temas a largo plazo.
Fuera del radar presidencial, aparecen cuatro nombres para ocupar ese rol protagónico y revertir el malhumor social: el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que ha sido un equilibrista entre los distintos sectores políticos, incluido la oposición, para allanar el camino hacia medidas y leyes; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a cargo del principal distrito electoral, con buena comunicación con los diversos espacios de la coalición y con el entusiasmo del recambio generacional; el actual ministro del Interior, Wado de Pedro, dirigente de La Cámpora y de la agrupación HIJOS, que ha acelerado su agenda internacional y con dirigentes fuera de los márgenes del oficialismo, e incluso incómodos para el propio kirchnerismo, como el dirigente sindical Luis Barrionuevo o el ex gobernador de Salta Juan Urtubey, aunque de los nombrados es quien tiene menos armado político y estructura territorial; y cierra esas opciones la actual vicepresidenta y ex presidenta, Cristina Fernández, dueña de un caudal político y un núcleo duro estable, aunque sin penetración en algunos sectores necesarios para ganar la elección. Hoy pareciera que ninguno gana solo y por eso el propio Presidente ha dado mensajes claros sobre la necesidad de una interna abierta que de competitividad a una definición electoral indispensable para el peronismo. Su mesa chica no está tan convencida de liberar las internas, como también ocurre en el entorno del gobernador Gustavo Bordet, aunque las encuestas y también las pruebas ya realizadas por la oposición sobre ese formato, no dan mucho margen de decisión.
En la principal fuerza opositora el panorama tampoco está claro. El candidato natural por la propia dinámica del PRO es Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno de Capital Federal, aunque sus posicionamientos más moderados y la irrupción de los libertarios, hicieron competitivos otros nombres. Es el caso del ex presidente Mauricio Macri, que pese a la derrota de sus sueños reeleccionistas cree que tiene posibilidades de un segundo tiempo en la Casa Rosada. Otros dos nombres que se vislumbran son Patricia Bullrich, también dentro del grupo más radicalizado del PRO, y además presidenta del partido, y María Eugenia Vidal, que zigzaguea entre halcones y palomas, buscando su mejor versión. A esa danza de nombres, hay que agregarle los dos radicales ya lanzados a la principal competencia electoral: el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales; y el legislador nacional y médico, Facundo Manes.
¿Y en Entre Ríos?
Enrique Cresto desafió a Eduardo Lauritto a competir en internas.
Punto y Seguido, la columna política de los domingos de LA CALLE, viene haciendo un seguimiento del escenario político en la provincia, que pasó de un silencio intrigante a la aparición de distintas voces pidiendo reglas claras para la competencia por la sucesión de Bordet en la Casa Gris. Con algunos gestos sobre el desdoblamiento, la posibilidad de internas abiertas y la incorporación de minorías, no hay claridad absoluta sobre cuál es la mejor opción para retener la gobernación. Desde La Histórica, el intendente Martín Oliva y el ex vicegobernador Eduardo Lauritto, resaltaron la importancia que significa que el departamento Uruguay tenga un lugar preponderante en la principal categoría electoral de la provincia. Enrique Cresto, último candidato de las legislativas de 2021, actualmente a cargo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), avisó que competirá pero pidió que Lauritto y el actual intendente de Paraná, Adan Bahl, jueguen también la interna, para disipar posibles heridas y consolidar al ganador de la contienda para la batalla final de los comicios generales. Esta última semana, en declaraciones a Canal 9 Litoral, el propio Presidente municipal de la capital entrerriana, también anticipó sus ganas de ser gobernador.
Mientras desde Casa Gris analizan la posibilidad de desdoblamiento, se sabe que se requiere de una estrategia que fortalezca a quien enfrente la candidatura opositora, que hoy tiene la interna entre el ex ministro del Interior de Macri, Rogelio Frigerio, y el ex intendente de Chajarí y actual diputado nacional, Pedro Galimberti. Mientras el oficialismo provincial analiza si la mejor estrategia es fortalecer las candidaturas locales para lograr un arrastre contundente de las principales ciudades para la categoría principal, otros actores del peronismo entrerriano sostienen que además hay que tener dos o tres fórmulas fuertes que movilicen a la sociedad en la participación dentro de la interna del Frente de Todos. Ahí aparece también el nombre de la vicegobernadora Laura Stratta y un poco más relegado el del intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio.
Bordet no lo dice, pero las PASO provinciales parece tener fecha: 9 de abril 2023.
Mientras define dónde es candidato, Bordet sabe que el margen de definición sobre el desdoblamiento es pequeño, ya que, de confirmarse esa determinación, las PASO serían el segundo domingo de abril y las Generales se llevarían adelante el segundo domingo de junio. Tiempos que se aceleran para la instalación de internas competitivas y más aún para la consolidación de una sola fórmula. A diferencia de hace unos meses, esa falta de definición del Ejecutivo provincial, siente los ecos y los reclamos de una coalición que requiere nuevos métodos de movilización. ¿Será robustecer las intendencias la mejor manera? ¿O será con la incorporación de minorías y varias ofertas fuertes en las internas? Todo en debate y un reloj que pareciera pasar más rápido.
