Mauro Vazón asumió al frente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos como parte de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio. Ya mantuvo la primera reunión con el pleno del Consejo y aguarda el reinicio de la actividad, en febrero próximo, para puntear los temas urgentes a tratar por el organismo.
En agenda está resolver la continuidad del concurso para cubrir los cargos en el Consejo de la Magistratura. Uno de los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal José Emiliano Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia, dinamitó el esquema de funcionamiento mismo del Consejo de la Magistratura y presentó una veintena de recursos con los que cuestionó todas y cada una de las medidas adoptadas. Incluso, llegó a pedir el apartamiento de todos sus miembros, peticiones todas que le fueron rechazadas.
Pero consiguió un fallo, que dictó el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 9, de Paraná, Ángel Moia, que hizo lugar a un amparo y consiguió paralizar ese concurso. Luego, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló el pronunciamiento de Moia pero ya era tarde: el concurso se había caído.
«Cuando retomemos el 5 de febrero seguramente ese concurso integrará el temario aunque no es el único concurso pendiente e resolución. Aunque seguramente se le pondrá un poco más de énfasis», dice Vazón durante una charla con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7. «El Consejo no puede tomar una decisión sin antes escuchar al pleno», aseguró.
Fue una batalla judicial.
En su escrito, Fiscalía de Estado señaló que la decisión del juez Moia al declarar la invalidez de las resoluciones 1311 y 1312 del Consejo de la Magistratura «no tuvo correlato con la pretensión del actor, quien solicitó se dejen sin efecto las resoluciones atacadas, se ordene la renovación de tales actos administrativos y la suspensión del proceso del concurso hasta que se regularicen los mismos». Cuestionó también «la ausencia de fundamentación respecto a los elementos viciados del acto administrativo para declarar su invalidez y la alusión genérica realizada a la ´lucha contra la corrupción´ y la `transparencia`, sin explicar cuáles serían en concreto los actos sospechosos de vulnerar esos bienes jurídicos, volviendo arbitraria la decisión».
La Fiscalía agregó que el juez tampoco trató la cuestión vinculada a la improponibilidad subjetiva de la acción, porque ignoró que la pretensión actoral afectaba los derechos de los demás postulantes inscriptos en los Concursos Públicos N.º 285, 286, 287 y 288. Adujo que se comprometieron los derechos de terceros no demandados en la causa sin que se les diera algún tipo de intervención en el proceso.
En cambio, el Procurador General de la Provincia Jorge Amílcar Luciano García dictaminó en contrario y opinó que la sentencia de Moia debía ser confirmada.
Al final, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), con el voto de los vocales Daniel Carubia, Gisela Schumacher y Leonardo Portela, volteó la resolución judicial que había hecho lugar, en septiembre último, a un amparo presentado por el fiscal José Emiliano Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia y uno de los postulantes a cubrir la Fiscalía Anticorrupción. La decisión del juez civil y comercial Nº 9 Ángel Moia, que frenó el concurso para Fiscalía Anticorrupción, fue revocada por el máximo tribunal al hacer lugar el STJ a la apelación presentada por la Fiscalía de Estado.
El nuevo presidente del Consejo de la Magistratura se ubica al margen de esa polémica y analiza la situación en general del organismo.
«Encontré bien al Consejo cuando llegué, aunque hay algunos temas que me preocupan. Me preocupa el banco de casos a utilizar en los concursos para que rindan los postulantes. Para mí es algo interesante. Defendí la constitución de un banco de casos», observa. «La dificultad es empezar. Una vez que uno tiene el banco y se van renovando es una cosa. Otra cosa es no tener banco de casos, de 100 por concurso. Es una tarea muy importante que hay que comenzar a concretar muy rápidamente, relevando lo que hay, que no es mucho y tratar de conseguir casos con la pertinencia para cada concurso. Y eso no va a ser fácil. En principio, porque el Consejo no tiene presupuesto para esa función y tampoco tiene recurso humano propio para evaluar la pertinencia de los casos», agrega.
También demanda más atención presupuestaria. Al respecto, plantea: «Creo que el Consejo de la Magistratura, como órgano de la Constitucion, como órgano que termina por definir quiénes van a ser los próximos jueces y funcionarios judiciales, requiere de mayor importancia institucional, mayor importancia edilicia, mayor tecnología. En eso hay un déficit que se debería corregir, lo cual es difícil en este tiempo así que veremos cómo se resuelve. Lamentablemente no se lo ha jerarquizado como yo creía».
Asegura Vazón que el Consejo de la Magistratura «tiene un presupuesto propio escaso, que alcanza para pagar el sueldo del personal y una asignación muy pequeña para bienes de uso. Sabemos que no hay plata, y que va a ser difícil, pero no es menos importantes tener consultores técnicos para evaluar los casos. Entonces, trataremos de hacer acuerdos con universidades e institucionales. Hay buena voluntad de los consejeros».
Fuente: Entre Ríos Ahora
