El Gobernador de Entre Ríos mantiene el alineamiento absoluto con la Casa Rosada y apuesta a la recuperación de la iniciativa política. El Mandatario nacional zigzaguea las críticas y ratifica el rumbo económico. La Ley Bases, las jubilaciones, el periodismo y la agenda política provincial.
Periodista
Por estos días se cumplen los primeros seis meses de las gestiones de Rogelio Frigerio en la gobernación de la provincia y de Javier Milei en la presidencia de la nación. Atado a los tiempos de la Casa Rosada, el Mandatario de Entre Ríos se escuda en la apoyatura social recibida en las urnas, mientras busca acuerdos programáticos con la oposición, los sindicatos y los empresarios. Además, refuerza su rol de liderazgo entre sus pares provinciales que llegaron al poder por la alianza Juntos por el Cambio, y reivindica la importancia que tiene el espacio de la Región Centro como bloque para demandas y proyectos que atraviesan el desarrollo de esas jurisdicciones. Encerrado en un laberinto de ahogo financiero, las expectativas se encuentran puestas en la dirección elegida por el Gobierno de La Libertad Avanza, especialmente en la tesis que la disciplina fiscal, a fuerza de recesión económica y desinversión del Estado, favorecerá un rebote de crecimiento en el futuro, que traerá inversiones y recursos para las provincias.
Jugando a las escondidas
Tras el regreso de Milei y Frigerio de sus respectivos viajes por Estados Unidos y España, el Mandatario provincial apostaba a una reunión bilateral, o compartida con sus pares de la Región Centro, en la exposición Agroactiva, que se llevó adelante desde el miércoles 5 hasta la jornada de ayer en la localidad de Amstrong, provincia de Santa Fe. El Presidente llegó después del mediodía, donde saludó al anfitrión, Maximiliano Pullaro, y encabezó un cónclave destinado a exportadores, empresarios y dirigentes políticos. Como ocurrió durante la discusión del primer texto de la Ley “Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos”, Milei mantiene la intransigencia y la verborragia contra sectores aliados de Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF) y de partidos provinciales. Esos errores no forzados, que postergaron por cuatro meses la media sanción de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados de la Nación, son los que pregona el Ejecutivo nacional, en un menú que incluye peleas diplomáticas, cruces con periodistas y ruidos internos en el gabinete o en las jefaturas de sus propios bloques.
La indiferencia del Presidente hacia los tres líderes de la Región Centro dejó una fotografía incómoda, similar a la sufrida por Martín Llaryora en los festejos por la Revolución de 1810, cuando Milei suspendió el Pacto de Mayo y realizó un acto partidario en el cabildo de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, pese a los desencuentros, la asfixia financiera y la negativa de reactivación de la obra pública, Frigerio mantiene su apoyo incondicional hacia el norte libertario. Por eso ordenó al diputado Francisco Morchio, la única espada legislativa de Juntos por el Cambio que responde sin objeciones a Casa Gris, que se ausente de la sesión especial promovida por su propio bloque, que conduce Miguel Pichetto, para la aprobación de una nueva movilidad jubilatoria.
Ese debate en el recinto dejó una imagen novedosa para el análisis de la correlación de fuerzas en el Congreso nacional. Peronistas y radicales, incluidos los entrerrianos Gustavo Bordet, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma y Blanca Osuna (PJ), Marcela Ántola, Atilio Benedetti y Pedro Galimberti (UCR), votaron afirmativamente el proyecto que también fue respaldado por la Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal (que integra desde el socialismo santafesino al peronismo cordobés) e Innovación Federal (los oficialismos de Salta, Neuquén, Misiones y Río Negro). El proyecto fue respaldado por 160 votos a favor, donde el único ausente de Entre Ríos fue el mencionado ex Senador provincial del PRO por el departamento Gualeguay, que es la voz del sillón de Urquiza en la Cámara Baja de la Nación. Frigerio no quería ser parte de una fotografía final que incluyera al kirchnerismo y cuestionaba por lo bajo que se promueva un gasto que amenace el superávit fiscal, uno de los mandamientos libertarios. Sin embargo, no pudo convencer a los tres legisladores radicales de la provincia para que se abstengan o no bajen al recinto, como hizo Morchio.
La otra banca de la provincia en Diputados es ocupada por Beltrán Benedit, de La Libertad Avanza, que fue noticia esta semana por una insólita justificación de su rechazo a un proyecto que declaraba de interés el trabajo de la organización Estrellas Amarillas, que se encarga de la pintura de esos símbolos para la construcción de conciencia vial y social, y para el homenaje a las víctimas de accidentes de tránsito. «Este país nació católico y lo seguirá siendo. Y no solo es así en sus hábitos y costumbres, sino que también está reflejado en uno de los artículos de la constitución. Entonces, con todo respeto con la forma de expresarse, en esos momentos de dolor, en esas circunstancias, quiero decir que no puedo acompañar lo que podríamos llamar expresiones paganas, más cuando van en reemplazo de nuestra tradicional cruz», sorprendió Benedit. Su argumentación trajo el repudio generalizado de distintos sectores vinculados a la temática. “Es insólito y bizarro. Demuestra ignorancia y una brutalidad pocas veces vista”, expresó Carla Cusimano, referente de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos (Vidaer).
Rompecabezas de junio
Como adelantó Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, el plan principal de la estrategia legislativa del oficialismo es que la sesión del Senado, para la aprobación definitiva de la Ley Bases y del paquete fiscal, denominado como Medidas, Fiscales, Paliativas y Relevantes, se efectúe el próximo miércoles 12 de junio a las 10 horas, en un entorno caracterizado por una nueva movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT). El Gobierno nacional necesita la sanción de ambas iniciativas fiscales para la exhibición de una musculatura de acuerdos políticos que fue inexistente en el primer semestre de la gestión libertaria. Una prueba significativa es que un hipotético desenlace positivo de las propuestas legislativas de la Casa Rosada se transformaría en las primeras normativas ratificadas en el recinto desde la asunción de Milei.
Como sucedió en la firma de los dictámenes, serán determinantes los consensos y las concesiones sobre reclamos, agregados y exclusiones en distintos capítulos. Allí se destaca la persuasión libertaria sobre los votos de Edgardo Kueider (Entre Ríos), Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos Espínola (Corrientes), de Unidad Federal; de Lucila Crexell, de Comunidad Neuquén; de Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro; de Beatriz Ávila de Justicia Social de Tucumán; José Carambia y Natalia Gadano, de Por Santa Cruz; y Carlos Arce y Sonia Rojas, del Frente Renovador de la Concordia de Misiones. También sobre algunos radicales más rebeldes, como Martín Lousteau, Pablo Blanco y Maximiliano Abad, o la legisladora díscola del Frente PRO, Guadalupe Tagliaferri, que responde al ex jefe de gobierno porteño, Horacio Larreta.
Una hora después, Unión por la Patria pidió una sesión para una interpelación a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por las seis toneladas de alimentos acopiadas en Villa Martelli y Tafí Valle, que destapó un centenar de contrataciones con sobresueldos, tercerizados para la supuesta asistencia de mercadería. La convocatoria, que debe ser oficializada por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, dependerá de la capacidad de aglutinar a otras bancadas opositoras. Algo que el peronismo no consiguió en la solicitud de sesión de la Cámara Baja, para el tratamiento del presupuesto universitario y de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), durante la misma jornada del debate por la fórmula de las jubilaciones. Ese martes, además se movilizaron intendentes de ciudades de todo el país, incluida la presidenta municipal de Paraná, Rosario Romero, para exponer en distintas comisiones de ambas cámaras del Congreso nacional y para la entrega de un proyecto que modifica el impuesto a los combustibles y crea un fondo federal de compensaciones al sistema de transporte urbano de todas las jurisdicciones.
Rompecabezas de junio II
Dos reclamos que persisten en cada evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI), como también en diferentes reuniones con fondos comunes de inversión, organismos financieros y el círculo rojo local, es la perdurabilidad y sostenibilidad del ajuste fiscal. En otras palabras, afirman que es menester la presencia de un Estado que contenga los niveles de conflictividad social y los números negativos de la desocupación y la pobreza. En esa sintonía, advierten respecto a la importancia de un acuerdo político y parlamentario amplio que contribuya a la gobernabilidad del plan económico y del programa libertario.
Hay rasgos que evidencian las múltiples variables del complejo rompecabezas que se transita, como el cambio de tendencia en la brecha cambiaria, los bonos, el riesgo país, las acciones y el valor del dólar libre; la negativa del FMI de un desembolso extra que fortalezca las reservas y acelere el proceso de eliminación a la restricción cambiaria (cepo), y la demora de los 800 millones de dólares pactados por la octava revisión del organismo internacional; la amenaza china del cobro de 5.000 millones de dólares por el vencimiento del swap; la frustrada convocatoria para la firma de 10 ejes programáticos con los mandatarios provinciales para el 25 de mayo; los alcances de la recesión y de la pérdida del poder adquisitivo de las personas, que juega con la capacidad de tolerancia de vastos sectores sociales, incluido una porción significativa de votantes de La Libertad Avanza; y una escasa liquidación de la cosecha de sectores agropecuarios y exportadores, que representa casi un 40% menos en comparación con mayo de 2023.
La transformación de la Catedral de Capital Federal en un comedor comunitario es otra postal que grafica el incremento de la pobreza y de la desocupación en el país. La actividad fue impulsada el miércoles pasado por el arzobispo Jorge García Cuerva, en un contexto de denuncias y allanamientos por el almacenamiento de alimentos vencidos o que transitan su último período apto para el consumo. El último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, alertó que el índice de pobreza llegó al 55,5% en marzo, que representa una suba del 10,8% respecto a diciembre de 2023, en un número que supera el ritmo de la evolución en los cinco mandatos presidenciales previos. El estudio sobre el primer trimestre del año detalla que casi 25 millones de personas son pobres en el país, mientras que 7,8 millones se encuentran en situación de indigencia, en un contexto caracterizado por el vencimiento de toneladas de alimentos y la renuncia de distintos funcionarios del Ministerio que absorbió las carteras de Desarrollo Social, Trabajo y Educación. Tras la resolución judicial de Sebastián Casanello, el ministerio de Capital Humano presentó un cronograma sin grandes detalles sobre la distribución de la mercadería almacenada. El organismo conducido por Pettovello adelantó que la prioridad es la entrega para “escuelas vulnerables” y dejó su reparto en manos de Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin), la fundación creada por el polémico pediatra Abel Albino.
Aunque la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de mayo, que mensualmente difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), marcará el número más bajo del mandato libertario, las consultoras más cercanas o alejadas a la Casa Rosada reconocen un rebote inflacionario en junio. La actualización de los precios de la energía eléctrica, dispuestos en las resoluciones gubernamentales N° 90/2024 y 92/2024; la reducción de los subsidios en los servicios de luz y gas; y el aumento de los precios de los combustibles y de las tarifas del transporte, ejemplifican algunos de los rubros que atraviesan la vida cotidiana de las personas, los clubes, los comedores comunitarios, los comercios, la producción, las empresas y las industrias. Ese rebote no es una ocurrencia de esta columna, sino que fue anticipada por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que realiza el propio Banco Central del país.
Rompecabezas de junio III
Las negociaciones actuales de Frigerio con el ministro del Interior, ahora ascendido a jefe de gabinete, Guillermo Francos, ya no refieren al reclamo por el recorte de partidas discrecionales vinculadas al transporte público, la asistencia a hospitales, la infraestructura educativa, los salarios docentes y la caja de jubilaciones. Las últimas charlas solamente se concentraron en la posibilidad de la transferencia a la provincia de las obras en marcha, que dependen del Gobierno nacional y que permanecen paralizadas desde diciembre del año pasado.
Como detalló Punto y Seguido en LA CALLE, el ajuste de fondos nacionales y la merma de la recaudación acrecentaron las dificultades del Ejecutivo entrerriano. Las complicaciones iniciales de toda transición, y la inexperiencia de primeras y segundas líneas respecto a las peculiaridades de la administración cotidiana del Estado provincial, agudizaron la paralización general y opacaron el comienzo de la nueva gestión. Esa hoja de ruta original de Casa Gris estaba definida por tres caminos complementarios hacia un horizonte común. Por un lado, el despliegue de un paquete de medidas destinadas al robustecimiento de la identidad propia, como la institucionalización de la transición de gobierno; el régimen de transparencia y ética pública; la derogación de las pensiones vitalicias de gobernadores y vicegobernadores; y la normativa que fomenta el acceso a la información pública. En segundo lugar, la consolidación de la imagen del Gobernador como la referencia provincial del cambio votada en las urnas, con un papel de liderazgo entre los 10 mandatarios de Juntos por el Cambio, y con un acompañamiento incondicional hacia la Casa Rosada. Un tercer propósito aborda las transformaciones estructurales del Estado provincial en la inversión educativa, vial, social y sanitaria, que requiere inversiones y recursos frescos.
La imposibilidad de fondos nuevos paralizó los planes más elementales y también la gestión más tangible, machacando sobre las expectativas puestas en la nueva administración provincial. Dos anuncios exhibieron las intenciones gubernamentales para la recuperación de la iniciativa política, como las convocatorias para los debates de dos temas de larga data: la reforma electoral, con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP); y el lanzamiento de un plan de “salvataje” del sistema previsional, que refiere al déficit histórico de la caja de jubilaciones de la provincia.
La semana legislativa en la provincia dejó una fotografía sobresaliente del primer semestre de Frigerio, después del acompañamiento general del peronismo a la agenda del oficialismo en ambas cámaras de la provincia, incluso en el Senado donde posee una ajustada mayoría (9/8). El miércoles pasado se efectuó la séptima sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde se dio media sanción al proyecto que declara la emergencia del patrimonio cultural e histórico hasta el 31 de diciembre de este año, con la oportunidad de una prórroga por doce meses más. El bloque justicialista, que acompañó otros textos similares vinculados a la educación, las obras viales y la asistencia alimentaria, rechazó el proyecto de la legisladora Gabriela Lena. “El informe expresa la necesidad de continuar el trabajo de mantenimiento edilicio, pero en estos seis meses se han paralizado las obras y no se han iniciado procesos licitatorios”, afirmó Mariel Ávila, esposa del ex gobernador Gustavo Bordet, que recordó la puesta en valor de la Casa de Gobierno, la capilla San Miguel, la plaza Mansilla y el molino Forclaz.
La otra novedad fue la postura de los legisladores libertarios, ya que Roque Fleitas y Débora Todoni, de la bancada de La Libertad Avanza, apoyaron el proyecto del Gobierno provincial, en contradicción a la motosierra nacional, que pregona Milei, en las áreas de Cultura y al desfinanciamiento de sus distintos institutos. En consonancia, la legisladora Julia Calleros, del bloque Fe y Libertad, también aportó su adhesión a la aprobación del texto. Sin embargo, su compañero Carlos Damasco rechazó el proyecto, como también la referente del Partido Conservador Popular, Liliana Salinas, en desacuerdo por el gasto que significa en tiempos de austeridad financiera.
Después de la sesión, las comisiones de Cultura y Turismo y de Legislación General abordaron el proyecto que facilita la inversión privada en proyectos culturales y promueve una exención impositiva del 5% sobre los ingresos brutos. Un día antes, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, acompañada por distintos funcionarios, como el secretario de Articulación de Política Social, Ricardo Vales, dio precisiones del Plan Alimentario Provincial. La agenda parlamentaria tuvo una instancia más, con el encuentro plenario del jueves de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Obras Públicas y Planeamiento, para el tratamiento de la iniciativa que fija la emergencia de la infraestructura vial y que posee media sanción en la Cámara Alta.
Sin sesiones en el Senado, la vicegobernadora Alicia Aluani desarrolló su propia agenda. Participó del ciclo de Diálogos Interinstitucionales que organiza la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA), donde se presentó el proyecto de ley de paridad de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece una composición de cinco miembros, con representación federal de distintas jurisdicciones. El dato distintivo fue que el evento estuvo encabezado por las senadoras Alejandra Vigo, compañera de bloque de Kueider y esposa del ex mandatario cordobés, Juan Schiaretti, y Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, que responde politicamente al gobernador Alberto Weretilneck. La compañera de fórmula de Frigerio también dejó un gesto en el tablero local, con la visita a Concepción del Uruguay, donde fue recibida por el presidente municipal José Lauritto, la viceintendenta Rossana Zitto y el senador Martín Oliva, y fue reconocida como “Huésped de Honor” por el Concejo Deliberante de La Histórica.
El 7 de junio y el periodismo
El viernes pasado se cumplieron 214 años de la fundación de la Gazeta de Buenos Aires, el periódico fundado por Mariano Moreno, que es la fecha que se conmemora el día de las y los periodistas. En ese contexto, los Trabajadorxs Agrupadxs de Comunicación de Entre Ríos (TACER) presentaron el primer corte del Relevamiento de trabajadores de la comunicación de Entre Ríos, en la Facultad de Ciencias de la Educación (Fcedu) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). “La realidad nos lleva a juntarnos y organizarnos para dar a conocer la precariedad que atraviesa nuestra profesión”, expresaron. “Este 7 de junio no celebramos. Exigimos condiciones laborales dignas para todxs lxs trabajadorxs de prensa, periodismo y comunicación”.
Las reuniones semanales surgieron como un punto de encuentro de una realidad común de periodistas y comunicadores de la región, y como un espacio para la formulación e implementación de acciones en respuesta al contexto de incertidumbre y emergencia del sector en la provincia y el país, caracterizado por el atraso salarial, el deterioro de las condiciones de trabajo, la concentración de los medios de comunicación, la precarización laboral, el incumplimiento de convenios colectivos, el retiro de la pauta oficial, y la falta de herramientas que conlleva la utilización de equipos personales. El anticipo del informe presentado advirtió que el 72% de los profesionales relevados posee más de un trabajo. Además, alertó que el 47,2% de los periodistas reciben sueldos por debajo de 450.000 pesos, mientras que el 42,2% cobra salarios por debajo de los 350 mil pesos y el 26,1% obtiene menos de 250.000. Por otro lado, el 72% tiene más de un trabajo para sobrevivir.
