El Gobierno nacional consiguió los dictámenes de la nueva Ley Bases y del paquete fiscal, que se debatirá este lunes en la sesión de la Cámara de Diputados. Un día después, el bloque de Unión por la Patria (UxP) empujaba el rechazo al DNU 70/2023. El rol de Frigerio y las dificultades locales. ¿Vence el tiempo de gracia?
Periodista
El comienzo del quinto mes del año configura un período significativo del tablero político para la Casa Rosada. Como explicó Punto y Seguido, la columna de los domingos en La Calle, la marcha federal universitaria dejó distintas singularidades del escenario actual, del termómetro social, de los acuerdos parlamentarios y de la correlación de fuerzas. La masividad de las movilizaciones en diferentes plazas del país; el papel de las juventudes; el protagonismo de estudiantes, docentes, rectores y comunidades educativas y científicas; y la participación activa de sectores importantes de la clase media, de electorados que optaron en el balotaje por el presidente Javier Milei, y de votantes provenientes de la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO), la Coalición Cívica (CC), el peronismo cordobés y otros frentes provinciales, dejaron una fotografía relevante y original desde el inicio de la gestión libertaria.
Mayo asoma como un período peculiar, porque los supuestos logros de disciplina fiscal, fortalecimiento de reservas y superávits gemelos aceleran un proceso de recesión, estancamiento, caída de la producción y del consumo, pérdida de poder adquisitivo, desregulación de la economía, las tarifas y los precios, y deterioro de los ingresos y la calidad de la vida cotidiana. La negativa internacional de auxilio financiero al gabinete económico, el excedido pronóstico sobre el ingreso de dólares de la liquidación de la cosecha, y la reducción de la recaudación estatal, complejizan aún más ese horizonte inmediato. El acompañamiento social, y la legitimidad popular construida en las urnas, al modelo económico del Ejecutivo nacional es el principal insumo de la narrativa oficial. La diversa y extensa composición de la manifestación universitaria puso en debate y análisis, por primera vez, los alcances de la conflictividad y la apoyatura ciudadana.
Además, este mes se caracteriza por el desenlace del tratamiento legislativo de la nueva versión de la Ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” y de la iniciativa de “Medidas fiscales, paliativas y relevantes”. Dos objetivos cruciales para la firma del anunciado pacto de Mayo en Córdoba, con los mandatarios de las 24 jurisdicciones, pero también para la evaluación tangible del apoyo de las bancadas autodenominadas dialoguistas y de los gobernadores de Juntos por el Cambio o de las alianzas provinciales amigables. Un sostén institucional exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Estados Unidos y la Unión Europea, para la apertura a otras posibilidades crediticias y de endeudamiento externo.
En ese abanico de hechos políticos del próximo mes surgen otros condimentos como la movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT), bajo la consigna “La Patria no se vende. En la calle para cambiar la vida. Los derechos se defienden”, para el histórico Día del Trabajador. Ocho días después, la central obrera que nuclea a los sindicatos más importantes del país, realizará el segundo paro general durante el gobierno de Milei, después de la medida de fuerza efectuada el pasado 24 de enero. El panorama específico de las ramas productivas que atraviesa a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Camioneros y Unión Obrera Metalúrgica (UOM), sumado a la capacidad de organización de los gremios docentes y estatales, y a cierta desazón de actores de la Unión Industrial Argentina (UIA) por la caída de la producción, añaden otras variables de ese medidor de las calles.
De igual modo, serán semanas fundamentales para el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que sufre las consecuencias de la eliminación casi total de las partidas discrecionales, que incluye desde el Fondo Compensador del Transporte al financiamiento de las obras públicas y las cajas provinciales de jubilaciones, y de la reducción de los recursos coparticipables. Las fluctuaciones de la recaudación local y la dependencia financiera con Nación, condicionan la gestión de Casa Gris, en un contexto de alineamiento con el modelo nacional. En esa dirección, la hoja de ruta provincial se encuentra atada al éxito legislativo de la Ley Ómnibus y del paquete fiscal. La explicación oficial alude a que la sociedad se expresó con contundencia en el cuarto oscuro y eligió el cambio de paradigma en el país y en la provincia. Una frustración en el devenir de las dos iniciativas parlamentarias, como del cónclave cordobés en el aniversario de la Revolución de 1810, puede ser considerada como una derrota propia en la estrategia provincial.
Como detalló Punto y Seguido, el ex Ministro de Mauricio Macri mantiene un diálogo directo con Casa Rosada, sin intermediarios provinciales de La Libertad Avanza, molestos con esa decisión y con la omisión de casi 70 designaciones nacionales en dependencias y reparticiones en Entre Ríos. Esa relación lo puso en un lugar privilegiado de interlocución entre los 10 mandatarios de Juntos por el Cambio y de negociador natural entre las bancadas aliadas en el Congreso nacional. Los costos o los beneficios de esa incondicionalidad tiene inherencia recíproca con los resultados económicos y sociales del gobierno de Milei, en una espera que se traduce en un presente de incertidumbre y de paralización de obras, gestiones y políticas públicas de las administraciones locales.
Las declaraciones de Frigerio, tras la reunión conjunta de gabinetes con el presidente municipal de Diamante, Ezio Gieco, grafican la situación de vacilación e inquietud. «Hay algunas cosas que podemos empezar a hacer sin recursos y las estamos haciendo”, se sinceró. “Tenemos que preparar el terreno para cuando la mano cambie y podamos rápidamente empezar a dar respuestas a la gente», reconoció el Gobernador, sobre el desfinanciamiento nacional, ratificado por el ministro del Interior, Guillermo Francos durante el encuentro de la Región Centro con sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. «Hacer pie y después dar respuesta a todos los compromisos que tenemos con la gente, porque la gente nos votó para cambiar esta situación, para hacer las cosas de otra manera», profundizó el Mandatario de Entre Ríos.
La sanción por unanimidad de la iniciativa que declara la emergencia pública en materia de seguridad alimentaria en la provincia hasta el 31 de diciembre de este año, en la quinta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, marca las urgencias en una realidad de vacas flacas. La normativa facilita las contrataciones directas, autoriza ampliaciones y modificaciones presupuestarias, incrementa las partidas vigentes para políticas alimentarias y conforma una Mesa de Diálogo Social con representantes del Gobierno, del Poder Legislativo, universidades y organizaciones sociales. Todo un gesto respecto a las prioridades de Casa Gris, en un escenario donde se profundiza el mal humor social, incluso en las franjas ciudadanas que confían en un resurgimiento de la gestión nacional, con aciertos económicos tangibles en la realidad diaria de las mesas argentinas y los bolsillos bajos y medios.
Primera batalla
Dos días antes de la movilización de la CGT, la Cámara de Diputados de la Nación efectúa una nueva sesión especial para el debate de la Ley Bases y de las propuestas fiscales que impulsa el Gobierno. El dictamen del primero tuvo el apoyo de 61 legisladores en un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. El texto final de 232 artículos, contabilizó 42 adhesiones sin disidencias, compuesto por las 17 voluntades de la bancada oficialista, donde se destaca el entrerriano Beltrán Benedit; las tres del flamante bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo, escindido de La Libertad Avanza; 17 del PRO; tres de Innovación Federal, que representa a Salta, Misiones y Río Negro; y uno de los bloques de Producción y Trabajo y del partido tucumano CREO. A ellos se añaden 19 respaldos con disidencias, donde 14 de ellas son procedentes del radicalismo, incluidos el ex intendente de Chajarí, Pedro Galimberti, y el ex presidente municipal de Larroque, Atilio Benedetti; tres son de Hacemos Coalición Federal (HCF), el bloque variopinto que conduce Miguel Pichetto, integrado por el partido fundado por Elisa Carrió, el peronismo cordobés, el socialismo santafesino, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Nicolás Massot; y uno de Innovación Federal, que responde al oficialismo salteño.
Las dos espadas legislativas radicales entrerrianas coincidieron en la postura respecto al dictamen de mayoría, luego de los posicionamientos opuestos en la sesión fallida del miércoles pasado, impulsada por el bloque opositor de UxP, para el debate de diversos proyectos de financiamiento de las universidades públicas, para la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y para la modificación de la movilidad jubilatoria. Como destacó LA CALLE, ambos participaron de las manifestaciones en defensa de las unidades académicas, aunque Benedetti no se sentó en su banca un día después, en una jornada fallida por la falta de cinco legisladores para el alcance del quórum de 129 escaños. La ex concejal de Gualeguay, Marcela Ántola, identificada con Evolución Radical, tuvo la misma actitud que Galimberti, junto a otros 12 miembros de la bancada del partido centenario, que bajaron al recinto, que graficó la contienda interna del radicalismo respecto al posicionamiento frente al gobierno de Milei.
El texto final de la Ley Bases mantiene la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año; deroga la Ley 27.705 de la moratoria previsional; posibilita la eliminación de fondos fiduciarios; y crea un Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que superen los 200 millones de dólares. Este último punto fue objetado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por graves fallas de seguridad, que constituyen “una puerta de acceso camuflada con visos de legalidad para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas, entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de la República Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad».
El escrito decisivo también comprende un capítulo de reforma laboral, que elimina las multas por trabajo no registrado, crea un fondo de cese con espejo en el sistema aceptado por la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), y lleva el período de prueba a los seis meses (antes eran tres) para empresas de 100 trabajadores y de ocho meses para pymes de 6 a 99 empleados. Cambios que se relacionan con la última decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que se habilite el acceso a créditos a los empleadores que adeuden aportes y contribuciones de sus trabajadores o incluso tengan sanciones.
Por otro lado, el megaproyecto limita la disolución de organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), aunque eso no desactiva su vaciamiento en marcha. Además, permite las privatizaciones de empresas como Aerolíneas Argentinas y de Radio y Televisión Argentina, mientras fomenta las concesiones privadas del Correo Oficial, Belgrano Cargas, y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
Segunda batalla
El otro proyecto que forma parte del temario, para la sesión de este lunes, es la iniciativa oficial de Medidas fiscales, paliativas y relevantes, que tuvo un dictamen más parejo en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, con el consentimiento de 27 rúbricas de 49 miembros presentes. El paquete engloba la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, con un mínimo de 1.800.000 pesos para la comunidad trabajadora, que será renombrado como impuesto a los Ingresos Personales; modifica los límites máximos, con incrementos superiores al 300%, del Monotributo; y crea regímenes de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social y de Regularización de Activos.
Los números más semejantes, en el poroteo final de algunos articulados del paquete fiscal, poseen un paralelismo con el hipotético conteo para la aprobación en particular en la sesión especial. Como sucedió en febrero, durante el tratamiento en general de la Ley Bases, la cuenta previa de los votos a favor excede la cantidad requerida de respaldos. La intransigencia libertaria para ciertas correcciones y observaciones pedidas por legisladores de la UCR, de HCF y de los gobernadores patagónicos, sumado a la verbosidad presidencial desmedida con críticas directas hacia esos sectores aliados, terminó enterrando capítulos en la discusión en particular. Con un camino distinto del proceso de negociaciones precedentes, el Gobierno apuesta a un desenlace beneficioso en esta oportunidad para la Casa Rosada, que se transforme en un nuevo punto de partida para la gestión.
La correlatividad anunciada y supeditada entre la sanción de las dos leyes y el consenso simbólico del 25 de Mayo achica los tiempos legislativos, ya que se dispone un plazo de siete días entre el dictamen y la discusión en el recinto. Cualquier contratiempo en el avance de los proyectos apuntados será un golpe directo en un mes clave para Casa Rosada, más allá de la construcción de una narrativa oficial que justifique una hipotética derrota parlamentaria porque sólo expone a quienes se enfrenten a la plataforma del gobierno libertario. El objetivo es que el tratamiento en comisiones del Senado se desarrolle el lunes 6 de mayo, lo que obliga a que la votación tenga que llevarse a cabo el lunes 13, donde se presume una tarea más engorrosa para una resolución positiva. La reversión de Ganancias es el punto más álgido de ese quehacer, donde el Ejecutivo nacional apuesta al acompañamiento de los legisladores de UxP de Santiago del Estero y Catamarca, que administran Gerardo Zamora y Raúl Jalil respectivamente, mientras busca el convencimiento de escaños radicales y de HCF. Algo similar ocurre en la definición en particular de la Ley Bases, con múltiples intereses en pugna de las diferentes realidades de cada provincia, donde la capacidad de cintura política de La Libertad Avanza será determinante.
Tercera batalla
En ambas cámaras, el oficialismo hace equilibrio entre sus propias internas, en tanto zigzaguea en medio de pedidos de sesiones de bloques opositores. En el Senado, Martín Lousteau, Pablo Blanco, Daniel Kroneberger, Flavio Fama, Maximiliano Abad y Eduadro Vischi, de la UCR; Guadalupe Tagliaferri, del PRO; y Alejandra Vigo y Carlos Espínola, de Unidad Federal (UF), el bloque que también integra el ex funcionario de Entre Ríos, Edgardo Kueider, elevaron una solicitud de sesión para el próximo martes, para el abordaje de iniciativas de aumentos progresivos del financiamiento de la educación superior y de declaración de emergencia del sistema universitario nacional. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, proporciona gestos de autonomía política, como en la habilitación del tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 “Bases para la reconstrucción de la economía Argentina o en el método de votación para la suba de las dietas de los senadores, pero se muestra orgánica en la resistencia a convocatorias opositoras, sobre temas más ruidosos políticamente, que perjudiquen la agenda gubernamental.
En la Cámara Baja, la bancada opositora de UxP pidió una sesión especial para el análisis del megadecreto, que ya fue rechazado el pasado 14 de marzo en el Senado de la Nación. La negativa del presidente del Cuerpo, Martín Menem, para dicha convocatoria, estuvo fundamentada en la posible extensión del tratamiento del paquete fiscal y la Ley Bases. En contraste, un grupo de diputados radicales, que incluye a Danya Tavela, Rodrigo de Loredo, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, reclamaron al presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, que se finalice con la designación de autoridades y se encare la situación de las universidades. Esa demanda tuvo una respuesta distinta, con una citación programada para el jueves 2 de mayo, dos días posteriores del cónclave entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Gobierno nacional, con la presencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y 72 horas después de la reunión del Consejo Federal, que nuclea al Ejecutivo nacional con los responsables educativos de las 24 jurisdicciones.
El mencionado funcionario y el CIN se verán las caras luego de la marcha y de los cruces públicos en los últimos días por el cuestionamiento oficial a los rectores. «Repudiamos profundamente que Torrendell convalide en medios de comunicación calificaciones infundadas sobre rectores y rectoras que, claramente, dañan no solo la honestidad de las personas sino, también, el prestigio de las instituciones que conducen», denunció el Consejo. “El mensaje de la sociedad argentina ha sido contundente. A lo largo y a lo ancho del país nos indicó que debemos cuidar la educación y la universidad pública, constitutivas de la identidad nacional y herramientas que el país necesita para solucionar todos sus problemas estructurales. Aspiramos a que desde esa Secretaría se actúe con la responsabilidad, la madurez y la seriedad que ese mandato impone”, finalizó el comunicado difundido el jueves pasado.
Cuarta batalla
Como detalló Punto y Seguido, el tiempo de gracia del nuevo gobierno comienza a resquebrajarse. El FMI y los aliados geopolíticos exigen una apoyatura política, social y parlamentaria que aporte una mayor musculatura de acompañamiento al shock de ajuste fiscal, mientras el círculo rojo espera la eliminación de las restricciones para la compra de divisas, conocido popularmente como cepo cambiario, y la supresión de diferentes barreras impositivas para las importaciones y exportaciones. La necesidad de aprobación de las dos leyes descriptas, como antesala del pacto simbólico en Córdoba, es un paso indispensable de la hoja de ruta libertaria para su plan de gobierno, pero fundamentalmente es un carnet de entrada para la apertura a mercados internacionales para financiamiento externo. La negativa (por ahora) del FMI y de diferentes fondos de inversión, reclutadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su gira por Estados Unidos, confirma las dificultades para la consecución de auxilio financiero. El Ejecutivo nacional sostiene las promesas sobre el cepo, pero reconoce que hay diversos detalles de la macroeconomía que deben resolverse antes de la liberalización total.
El rechazo de los principales organismos internacionales de occidente se complejiza con la guerra en Medio Oriente, donde el Ejecutivo venía estudiando la posibilidad de un desembolso de Emiratos Árabes Unidos. Si la batalla cultural que el Gobierno prioriza en su discurso es la lucha contra la casta, la intervención del Estado y los curros de la política, la pelea económica se ubica en la eliminación del cepo, la desregulación y la libre competencia de las monedas, eufemismo de dolarización encubierta. Allí radica la importancia de mayo, entre la agenda parlamentaria, la firma de acuerdos programáticos con los gobernadores, y la capacidad de contención de los niveles de conflictividad social. Esto último, tuvo su principal fotografía en la marcha universitaria, aunque esa queja no se tradujo en acumulación y capital político de ningún sector o dirigente opositor. Las acciones contempladas para la semana próxima, que inicia el 30 de abril con un paro nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y prosigue con la histórica movilización de la CGT, se profundizará por el efecto dominó del ajuste fiscal, la recesión económica y la pérdida de poder adquisitivo.
Frigerio, que apuesta su capital político al desenlace del gobierno libertario, espera una resolución favorable del debate parlamentario y el encuentro en Córdoba. La asfixia financiera en las provincias y los municipios amenaza con la paralización de la gestión cotidiana, en un contexto de estancamiento de obras en ejecución o licitadas y de la planificación de inversiones y políticas a mediano y largo plazo. A ello se suma el conflicto abierto con los sindicatos estatales y docentes que no recibieron compensación salarial en los sueldos de marzo y que discuten nuevas medidas de fuerza.
El reloj consume el tiempo de gracia de una legitimidad popular construida en las urnas pero que tiene exámenes diarios de electorados diversos y volátiles. La fragmentación de la oposición, la incapacidad (por ahora) de construir una alternativa respecto a la realidad actual, y la mezcla de frustración y esperanza social, configuran variables de un proceso inédito pero con rasgos cercanos a otros momentos históricos del país. ¿Déjà vu?
