El Gobernador aportó sus cuatro diputados nacionales para la media sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, mientras despliega sus contactos en el Senado para la aprobación final. Entre asfixias fnancieras y pactos. ¿Y el peronismo?
Periodista
El tratamiento de las leyes “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y “Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes”, ratificó el respaldo de Rogelio Frigerio al modelo económico y al programa de gobierno de Javier Milei. “Necesitamos generar más certidumbre y la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal van a ese camino”, expresó luego de la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Unos días antes, había asegurado que la apoyaba “por convicción”, porque concordaba con esta nueva versión “en su totalidad”. “Yo coincido plenamente en ese norte al que está intentando avanzar el Presidente”, aseguró. “También estoy de acuerdo con impulsar esos diez puntos para el Pacto de Mayo”, añadió.
Desde su llegada a la gobernación de la provincia, el ex Ministro del Interior confeccionó un delicado equilibrio político, con el objetivo de fortalecer su coalición local, de acompañar las medidas nacionales y de erigirse como un interlocutor con la Casa Rosada entre los 10 mandatarios de Juntos por el Cambio, dentro de un escenario de disminución de la recaudación, de recortes significativos de los fondos coparticipables y de la eliminación de las partidas discrecionales. Además, el arribo al sillón de Urquiza estuvo caracterizado por un contexto de disolución de la alianza nacional, con una puja interna entre sus partidos fundadores, Propuesta Republicana (PRO), Unión Cívica Radical (UCR) y Coalición Cívica (CC), pero también por las referencialidades y los liderazgos al interior de cada sello, especialmente respecto al posicionamiento frente a la hoja de ruta de La Libertad Avanza.
El método de mesura o estabilidad de Casa Gris obligó zigzagueos dentro de un entorno complejo, con la intransigencia del Ejecutivo nacional en la negociación y el debate de febrero de la primera redacción de la Ley Ómnibus. De igual modo, con una inédita confrontación del Presidente de la Nación con los gobernadores aliados, como Ignacio Torres (PRO) de Chubut o Martín Llaryora (PJ disidente) de Córdoba, como también con los bloques autodenominados dialoguistas, como Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal (IF). Como describió Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, Frigerio fue uno de los pocos mandatarios que no deslizó críticas públicas sobre la eliminación de los recursos para el transporte urbano y suburbano de pasajeros, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), y el financiamiento de obras públicas licitadas, en marcha o casi finalizadas.
La estrategia provincial fue de absoluta paciencia respecto al recorte mayoritario de las partidas nacionales, salvo la decisión de judicialización por las deudas de 4 mil millones de pesos de regalías y excedentes de Salto Grande y de 154 mil millones de pesos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con la caja local de jubilaciones. Sin embargo, esa táctica conciliadora dejó un panorama apremiante para la situación financiera de la provincia, con incertidumbre sobre los ejes programáticos, los planes a largo plazo, e incluso los gastos corrientes y cotidianos. La austeridad en las ofertas de recomposiciones salariales en la discusión paritaria con docentes y estatales; la falta de una agenda parlamentaria que estructure los ejes principales de la gestión; y cierta parálisis del gobierno en el desarrollo de sus prioridades en políticas educativas, sanitarias, viales y de inversión social, grafican la complejidad de estas semanas en Casa Gris.
Las declaraciones difundidas por el Ejecutivo entrerriano, después de la reunión ampliada de los gabinetes de la provincia y de la Municipalidad de María Grande, con la presencia de su intendente, Héctor Solari, y de los senadores nacionales Alfredo De Ángeli y Stella Maris Olalla, corroboran un horizonte vacilante e inseguro. Allí, el Gobernador reconoció que el esfuerzo que están haciendo “no se nota tanto porque no hay recurso”, aunque mantiene la expectativa de un rebote después del cumplimiento de las pautas primordiales del reordenamiento macroeconómico prometido por Milei. “Cuando vengan los recursos, porque confiamos que en algún momento estén, los vamos a dedicar todos a la inversión, infraestructura y mejorar los servicios públicos», afirmó tras el encuentro en el salón del centro de convenciones local. Esa definición, casi de sincericidio, fue similar en el cónclave conjunto en la localidad de Diamante, que el viernes tuvo una nueva instancia en Nogoyá, cuando destacó que “hay algunas cosas que podemos empezar a hacer sin recursos y de hecho las estamos haciendo” y que «tenemos que preparar el terreno para cuando la mano cambie y podamos rápidamente empezar a dar respuestas a la gente».
El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, Darío Schneider, admitió la gravedad de la realidad de la obra pública en Entre Ríos, entre la paralización total de los fondos provenientes de Nación y la suspensión local por la deuda acumulada con los contratistas. “Tuvimos una reunión muy importante que presidió el Gobernador y participaron distintas entidades de la provincia”, expresó el ex Intendente de Crespo. “Todos saben que hemos estado con la obra neutralizada por la situación de la deuda, que de a poco fuimos cancelando y ha llegado el tiempo de empezar a retomar”, destacó. “Son 29 obras que se van a reiniciar, de un total de 100 que estaban neutralizadas. Esto implica una inversión mensual de dos mil quinientos millones”, profundizó luego de una conferencia de prensa compartida con el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y el titular de Vialidad provincial, Exequiel Donda. “No hablamos de inicio de obras nuevas, sino de terminar lo que se ha comenzado y darnos ese tiempo de trabajo en forma conjunta con entidades intermedias para ver las obras nuevas que necesitamos para desarrollarnos en el futuro”, resaltó.
Próximas paradas
Como detalló Punto y Seguido en la columna del jueves pasado, los cuatro diputados nacionales que responden a Frigerio respaldaron en general las dos iniciativas en discusión. En el caso de Marcela Antola (UCR) y Atilio Benedetti (UCR), que integran el bloque conducido por Hernán de Loredo, como también de Francisco Morchio (PRO), que conforma la bancada de HCF, presidida por Miguel Pichetto, acompañaron la votación en particular de los diversos capítulos. Por su parte, en esa misma instancia en el recinto, Pedro Galimberti (UCR) se abstuvo en los articulados de facultades delegadas, privatizaciones, eliminación de la moratoria jubilatoria, reforma del Estado y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), mientras que rechazó el apartado respecto al empleo público.
El recorrido de la Ley Bases y del paquete fiscal continúa la semana que viene en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales, del Senado nacional. El calendario ideal del Gobierno prevé instancias informativas desde el día martes, con la presencia de funcionarios nacionales del Ministerio de Economía, y la firma del dictamen 48 horas después, el jueves 9 de mayo. El propósito final es efectuar una sesión para el jueves 16 para la sanción definitiva de ambos proyectos. La planificación posee una programación ajustada porque persigue la cosecha de dos triunfos parlamentarios, que el Ejecutivo libertario necesita capitalizar como un hecho político sólido hacia la convocatoria en Córdoba del 25 de mayo.
Ese pacto simbólico implica la adhesión a diez principios que abarcan la inviolabilidad de la propiedad privada; la defensa del equilibrio fiscal; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno (PBI); una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva; la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos; el compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral; una reforma previsional que proporcione la opción de suscripción a un sistema privado de jubilación; una reforma política estructural; y la apertura al comercio internacional.
El devenir parlamentario refleja un hecho político que visibiliza grietas en todos los bloques parlamentarios, como la pelea interna entre el ex presidente, Mauricio Macri, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los gobernadores del PRO; o la disputa entre el titular del bloque radical en la Cámara Baja, Hernán de Loredo, y el jefe nacional del partido, Martín Lousteau; o el quiebre de la Coalición Cívica dentro de Hacemos Coalición Federal; o la dispersión de caudillos justicialistas, con gestos a la agenda libertaria, como Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gustavo Sáenz de Salta y Raúl Jalil de Catamarca. En esa dirección, la sanción de ambas leyes se transforma en un logro que responde al reclamo de apoyatura social y de respaldo parlamentario exigido por el círculo rojo (los empresarios más influyentes del país), la Unión Industrial Argentina (UIA), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Estados Unidos.
En el poroteo previo de las voluntades de la Cámara Alta, donde el oficialismo requiere 37 senadores para el quórum necesario para el comienzo de la sesión, el desenlace asoma mucho más parejo que en Diputados. El oficialismo cuenta con siete representantes, mientras que el Frente PRO aporta seis y el radicalismo posee 13 integrantes (aunque en el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, dos votaron en contra y uno se abstuvo). A ese número, deben añadirse tres miembros del bloque Cambio Federal, que preside el ex gobernador de Salta, Juan Romero, y la ondulante Beatríz Ávila de Tucumán, esposa de Gabriel Alfaro, ex intendente de la cabecera, San Miguel. El rol de Lucila Crexell de Comunidad Neuquén; de Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro; de José Carambia y Natalia Gadano del oficialismo de Santa Cruz; de Carlos Arce y Sonia Rojas del Frente Renovador de la Concordia de Misiones; y de Edgardo Kueider, Alejandra Vigo y Carlos Espínola de Unidad Federal, serán claves en el conteo decisivo. También la capacidad de negociación de Casa Rosada con caudillos justicialistas que padecen el ahogo financiero del recorte de fondos nacionales y de la disminución de la recaudación.
Entre Ríos cuenta con tres representantes en el Senado de la Nación: Alfredo De Ángeli del Frente PRO, Stela Olalla de la UCR y Edgardo Kueider de Unidad Federal, donde se descuenta que los dos primeros respalden los proyectos del Gobierno nacional, en tanto se espera que el hombre de confianza de Gustavo Bordet rechace las iniciativas libertarias. Por su parte, Frigerio reforzó sus argumentaciones a favor de la Ley Bases, en declaraciones a medios porteños, acentuando el alineamiento con el Ejecutivo nacional y reforzando su rol de intermediario dentro de los mandatarios de Juntos por el Cambio. «Hay avances en materia de modernización laboral e inversiones. Es importante que el Senado ratifique la media sanción de Diputados y le otorgue las herramientas al Presidente para poder gobernar y gestionar», manifestó.
El mayor conflicto se encuentra en el articulado del paquete fiscal que restituye la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, ya que tiene la oposición de los mandatarios patagónicos. Además de la negociación abierta con algunos caudillos justicialistas del norte, la Administración central puso el foco en Ignacio Torres de Chubut, Rolando Figueroa de Neuquén y Alberto Weretilneck de Río Negro, con promesas de financiamiento sobre la ampliación del gasoducto que recorre las tres jurisdicciones. Sin embargo, Milei redobló la apuesta y advirtió que si el Senado no convalida las leyes las aprobará más adelante, con la nueva configuración de la Cámara luego de los comicios de medio término. “Si nos bloquean la parte fiscal, nosotros no tenemos un problema de resultado fiscal. Ese problema lo tienen las provincias. Si no puedo meter las reformas ahora, las meto el 11 de diciembre de 2025″, apuntó.
Con un hipotético resultado positivo en la Cámara Alta, la hoja de ruta de La Libertad Avanza prosigue con la firma del acuerdo en Córdoba, donde se supedita la invitación a los mandatarios según el posicionamiento ejecutado durante la discusión parlamentaria de las dos leyes. Incluso, en el listado de invitaciones, se desestima la convocatoria a Axel Kicillof de Buenos Aires, Ricardo Quintela de La Rioja, Gildo Insfran de Formosa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Sergio Ziliotto de La Pampa, que constituyen las voces más críticas al Ejecutivo nacional.
Camino sinuoso
Como explicó Punto y Seguido, en su edición del domingo pasado, mayo surge como un mes clave en los objetivos de las administraciones de Milei y Frigerio. La sanción de las dos leyes mencionadas y del Pacto de Mayo constituyen un capital político que funciona como vidriera para un gabinete económico que necesita financiamiento externo para la eliminación de las restricciones para la compra de moneda extranjera, conocido como cepo cambiario. La negativa del FMI y fondos comunes de inversión a un nuevo desembolso, las dificultades geopolíticas en Oriente Medio por la guerra, la reducción de la liquidación de la cosecha, la crisis diplomática con China y la baja de la recaudación, ralentizan ese propósito indispensable para el desarrollo de la competencia de monedas y el rebote económico prometido.
A la par, mayo inició con una movilización por el día del trabajador, donde resonaron los ecos de la marcha federal universitaria, como antesala del segundo paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT), durante el Gobierno libertario, estipulado para el próximo jueves 9. De fondo, las medidas de fuerza de trabajadores de distintas ramas productivas, que atraviesa a sindicatos aceiteros, del transporte, docentes y metalúrgicos, refuerza el interrogante sobre la capacidad de adhesión popular en un contexto recesivo, de liberalización de los precios de la economía doméstica, y de deterioro del poder adquisitivo de las familias y las clases medias.
La situación de los salarios es un elemento relevante de análisis, ya que es percibida por la mayoría de los argentinos, inclusive por núcleos diversos de los electorados que eligieron al Presidente de la Nación en los comicios del año pasado. Es un dato objetivo que evidencia el estancamiento del consumo en las ciudades principales de la provincia; en la variación de la generación de trabajo, en el aumento sostenido de tarifas, prestaciones y servicios públicos, y en la conflictividad de las discusiones paritarias. Es la sensación que dejó la reunión del viernes pasado, en la Secretaría de Trabajo de la provincia, a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). El Ejecutivo ofreció una recomposición de un 4% para abril, un 5% para mayo y un 5% para junio, en una negociación que seguirá el próximo martes. Algo similar se visibiliza en realidades locales, entre suspensiones de empresas privadas, la declaración de emergencia de diferentes clubes de Entre Ríos, el intermitente servicio de transporte público en ciudades como Paraná y Gualeguaychú, o el paro anunciado por la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM) en Concepción del Uruguay para el viernes 10 de mayo.
¿Y el peronismo entrerriano?
El complejo panorama descrito puso en jaque la estrategia inicial del peronismo entrerriano luego de la derrota de la gobernación, en las elecciones generales del 22 de octubre de 2023. En el polo institucional, donde el justicialismo tiene una leve mayoría en el Senado de la provincia, eligió un posicionamiento de apoyo a la agenda legislativa de la oficina principal de Casa Gris. En la misma línea, la Liga de Intendentes de la coalición opositora, presidida por la intendenta de Paraná, Rosario Romero, asumió un rol dialoguista con la nueva gestión, incluso con una defensa cerrada ante los agravios de Casa Rosada por el recorte de recursos.
El discurso inaugural del Gobernador del período de Sesiones Ordinarias, con críticas directas a la gestión precedente de Bordet, modificó la táctica inicial, en un contexto nacional que atravesó a presidentes municipales de diferentes ciudades del país y de distintas procedencias partidarias. La supresión de recursos nacionales, la disminución drástica de fondos provinciales y la paralización de obras públicas, trastocaron los planes inmediatos y estructurales de los gobiernos locales, y desbordaron las fronteras de cada ciudad. Los encuentros entre intendentes de distritos importantes, como el cónclave en Rosario de capitales y ciudades alternas, con la presencia de su anfitrión, Pablo Javkin, de Daniel Passerini de Córdoba, Juan Poletti de Santa Fe, Susana Laciar de San Juan, Ulpiano Suárez de Mendoza, Guillermo Montenegro de General Pueyrredón y la mencionada Rosario Romero de Paraná, marcan la gravedad de una realidad que condiciona a todas las gestiones.
Las responsabilidades legislativas y ejecutivas del peronismo en Entre Ríos, donde administra distritos como Paraná, Concepción del Uruguay, Federación, Feliciano, Villaguay, Villa Paranacito, Santa Elena, San José, Maciá, General Galarza, Santa Anita y Villa Mantero, no son incompatibles con la necesidad de autocrítica de los años en el poder; de revisión de su formato de construcción, organización, acumulación y conducción partidaria y del frente político; de un proceso de autocrítica que aporte a su papel como opositor; y de un recorrido que edifique una alternativa real de gobierno. Allí radica una de las dificultades más importantes de esta nueva etapa para el frente opositor, con un contexto que precisa la resignificación de sus referencialidades y liderazgos, la movilización de sus bases militantes, y la persuasión a diferentes electorados que dejaron de sentirse representados por el justicialismo.
La renovación de autoridades del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ), efectivizada luego de los comicios internos del 10 de marzo, dejó sinsabores con una lista de unidad, encabezada por el ex vicegobernador, José Cáceres, delineada con la lapicera de Bordet, sin mucha discusión puertas adentro, casi como un déjà vu de los últimos años. Una percepción que fue generalizada, pese a las disputas en los departamentos Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, La Paz, Federal y Nogoyá. Los alcances del partido como espacio de contención de las múltiples demandas actuales, caracterizado por el rol de históricos liderazgos en esas estructuras, como José Lauritto en La Histórica, o la emergencia de otros nombres, como Facundo Ruiz Díaz en Concordia, Gustavo Vela de Gualeguaychú y Jorge Vázquez en la capital provincial, serán una incógnita de los próximos tiempos. Las últimas jurisdicciones mencionadas no son casuales, ya que son tres distritos indispensables para la reconstrucción del peronismo, ya que integran el trío de departamentos más grandes en cantidad de electores, con el agregado que en las cabeceras de los dos primeros lugares el peronismo sufrió derrotas luego de 40 años y 36 años en la conducción de esas administraciones locales.
La realización de una reunión en la ciudad del carnaval dejó mensajes confusos sobre el papel del peronismo como opción opositora de cara a los comicios legislativos del año próximo, donde la Cámara Baja renueva cinco bancas y el Senado pone en juego tres escaños del Congreso nacional. El anfitrión del encuentro fue el ex jefe de Aduanas, Guillermo Michel, una de las pocas voces con cuestionamientos públicos a la gestión de Frigerio. Participaron el ex gobernador Bordet, el ex candidato a sucederlo, Adán Bahl, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, los intendentes Gustavo Bastián de San José, José Lauritto de Concepción del Uruguay y Adrián Fuertes de Villaguay, el diputado Juan Bahillo, los ex intendentes de Gualeguaychú, Luis Leissa y Emilio Martínez Garbino, y el ex senador nacional, Pedro Guastavino.
El dato curioso fue la presencia del actual referente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, ex jefe de la bancada peronista en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y ex compañero de fórmula en el intento reeleccionista de Mauricio Macri en 2019, acompañado por el ex legislador nacional y titular de Anses, Diego Bossio. Vale recordar que el histórico dirigente promovió hace cinco años un espacio junto al ex gobernador de Salta, Juan Urtubey, el ex gobernador de Córdoba, José Schiaretti y el ex ministro de Economía, Sergio Massa, en la búsqueda de una avenida del medio que terminó implosionando por la propia dinámica política y la fragilidad del acuerdo programático. No fue la primera cita, ya que el primer convocado a este ciclo de charlas fue el ex candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y se esperan convocatorias a Urtubey de Salta y Llaryora de Córdoba.
Gualeguaychú tampoco fue un lugar elegido de manera aleatoria o por la cercanía logística con Buenos Aires. Es un departamento donde surgieron distintas referencias importantes, como los mencionados Leissa, Garbino, Guastavino, Benedetti y Bahillo, o el ex intendente Martín Piaggio, y donde asoma uno de los dirigentes más seguidos por Casa Rosada. Se trata del actual presidente municipal, Mauricio Davico, que tiene ofertas para ser el postulante principal para el Senado de la Nación por la lista de La Libertad Avanza, con una relación personal con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.
Apuntes de un panorama nacional y provincial, que se encuentra atado al desenlace del mes de mayo. Una condición indispensable en el relato oficial de expectativas de un rebote económico y de un sendero sinuoso con luz al final del túnel. La capacidad de apoyo popular, el blindaje financiero nacional e internacional, y la resistencia opositora, serán variables relevantes de un programa, que lleva sus primeros cinco meses y que tiene un final abierto.
