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sábado, junio 22, 2024

PUNTO Y SEGUIDO. 160 días de Milei y Frigerio: apuntes sobre el escenario político nacional y provincial

El Gobierno de Entre Ríos busca la recuperación de la iniciativa política mientras espera el desenlace de las negociaciones en el Senado nacional para la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal. Incertidumbre sobre el Pacto de mayo, el rol de Kueider y los movimientos locales del peronismo.

Mariano Osuna
Periodista

 Rogelio Frigerio zigzaguea sobre un camino sinuoso de la gestión provincial, atravesado por la incertidumbre del devenir del programa de gobierno del presidente Javier Milei. Como describió en distintas ediciones Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, el Gobernador eligió una estrategia de apoyo incondicional al modelo económico libertario y a la hoja de ruta definida por la oficina estelar de Casa Rosada. Esa táctica implicó la ausencia total de críticas públicas sobre la disminución de los fondos coparticipables, la eliminación de partidas discrecionales y la paralización total de la obra pública. A la par, el ex Ministro del Interior se mueve como una referencia dentro de los diez mandatarios que llegaron al poder desde la extinta coalición Juntos por el Cambio, robusteciendo un papel de interlocución con el gabinete nacional. La configuración de ese complejo tablero también está caracterizado por las urgencias cotidianas, los reclamos por obras estructurales, la disminución de la recaudación, la asfixia financiera nacional, y las dificultades para la implementación del plan de políticas públicas de la nueva administración.

Retomar protagonismo

Cinco meses después de su asunción en Casa Gris, el tiempo de gracia comienza a diluirse. Ello no implica la pérdida automática de apoyatura social al Ejecutivo provincial sino un nivel de paciencia distinto respecto a la puesta en marcha de la gestión y de los ejes principales de su programa. Los anuncios gubernamentales de una reforma electoral para la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP); de despapelización e implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para la modernización del Estado; de la entrega de libros a escuelas primarias, enmarcados en el Plan Provincial de Alfabetización; del aumento del porcentaje destinado al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, que pasa a constituirse del 20% al 50% de lo recaudado en concepto del Impuesto Inmobiliario Rural; y de tres líneas de créditos destinadas a cadenas productivas, financiadas por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con montos que llegan hasta 120 millones de pesos y con plazos que van de 36 a 60 meses, ejemplifican la búsqueda de Frigerio de recuperar cierta capacidad de iniciativa.

“Se puede gestionar sin plata”, es la frase cabecera que el Mandatario de Entre Ríos lleva a cada reunión de gabinete ampliado, que se efectúan de modo conjunto con distintas administraciones municipales, como ocurrió el martes pasado en San José, con la presencia del equipo del intendente justicialista Gustavo Bastián. Esa definición, repetida casi como un mantra, acompaña declaraciones mediáticas, discursos oficiales, actividades institucionales y lanzamientos o anuncios gubernamentales. “Seguimos gestionando, aún sin plata. La falta de recursos, para nosotros, no es excusa para la inacción”, afirmó en la presentación de los créditos articulados con el CFI. “Se puede gestionar sin plata”, ratificó durante la distribución de ejemplares para escuelas rurales y urbanas, públicas o privadas. Esa consideración, al menos discutible respecto a la importancia del presupuesto para la planificación e implementación de políticas de Estado y programas públicos, radica en la necesidad de apaciguar ansiedades a la espera del desenlace de la Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que continúa su debate en el Senado de la Nación.

 El Ejecutivo entrerriano sostiene que la aprobación definitiva de dicha Ley, que tiene media sanción de la Cámara Baja, como también del paquete de “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, sumado a la firma simbólica de los diez puntos programáticos del Pacto de Mayo (que puede estirarse hasta junio o julio) en Córdoba, aportarán solidez y robustecimiento político al Gobierno nacional. En distintas oportunidades, Frigerio expresó su coincidencia con el norte económico de Milei, porque entiende que los electorados de ambos dirigentes, y sus alianzas políticas, votaron por un cambio en la provincia y el país. La expectativa se encuentra en la posterior llegada de inversiones, el regreso del crédito externo y el crecimiento de la economía, a partir del reordenamiento macroeconómico y el ajuste fiscal, con un efecto dominó que riegue a las ramas productivas y fomente la creación de trabajo registrado. Una fórmula que tiene desembocaduras similares a las ideas de “brotes verdes”, “segundo semestre” y “luz al final del túnel”, difundidas durante la primera etapa del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, aunque con grandes matices sobre el alcance de las medidas.

Sin embargo, los tiempos nacionales no caminan de la mano con las necesidades y urgencias de administraciones provinciales y municipales, que sufrieron recortes sustantivos de partidas para el transporte público, las políticas educativas, el financiamiento de las cajas locales de jubilaciones y el desarrollo de la obra pública. La demora del dictamen del Senado a la Ley Bases alarga la espera por su tratamiento en el recinto y achica las posibilidades de fotografía con los gobernadores para la conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810. Una de las alternativas que se propone es una adhesión sellada con la ciudadanía y no con las autoridades de las diferentes jurisdicciones, mientras que la pata más política del mundo libertario apuesta a un congreso en Tucumán para el 9 de julio. Cualquiera sea el desenlace, para los mandatarios provinciales y municipales significa la postergación por dos meses más de una situación de incertidumbre que amenaza con el estancamiento absoluto de las respectivas gestiones.

 La política no es matemática. Pese a que Casa Rosada siempre tuvo los votos para la sanción de la Ley Ómnibus, la peculiar verbosidad presidencial detonó el diálogo aceitado con gobernadores y bloques parlamentarios aliados. En esta segunda instancia, con un texto amplio pero más reducido del proyecto original, la discusión del Senado se encuentra trabada por la intransigencia libertaria a diferentes cambios solicitados. Frigerio, que vivenció la experiencia de este tipo de negociaciones cuando fue Ministerio del Interior de la Nación, durante los años de Cambiemos en el poder, sabe que esos plazos dependen de la capacidad de cintura política de Milei, que paradójicamente despotrica contra esos consensos.

Con incertidumbre a corto plazo sobre la posibilidad de recursos frescos, apuesta a hechos simbólicos, algunos prometidos durante la campaña, que fortalecen la visión identitaria del cambio. La presentación de una reforma política y electoral, en un auditorio con representantes opositores, de las diferentes fuerzas políticas y de las universidades, va en esa dirección. En la misma sintonía, las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, continuaron el abordaje del proyecto de Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública, que establece la regulación de normas de conducta en el ejercicio de la función pública, en los tres poderes del Estado provincial, además de entes autárquicos, descentralizados, empresas, municipios, comunas y juntas de gobierno.

El oficialismo provincial también envió un nuevo proyecto de emergencia, que en esta ocasión atiende la infraestructura vial, por el plazo de un año y la opción de prórroga por otros 180 días. Una estrategia idéntica a los textos sancionados de emergencia en obras públicas, en materia educativa y respecto a la seguridad alimentaria, que facilitan la capacidad de maniobra y discrecionalidad gubernamental sobre partidas, readecuaciones, prioridades y programas públicos. A la par, consiguió que los gremios docentes acepten la propuesta salarial del 20% hasta junio, distribuidos en un 5% de aumento salarial para abril (3% fueron abonados), un 7% para mayo y un 8% para junio. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) expresaron diversas críticas y la declararon insuficiente, pero aceptaron la oferta oficial, que volverá a encontrarse luego que se conozca la inflación del mes de junio. La imagen de 8,8% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de abril, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), deja dudas sobre la capacidad de recuperación del salario con esos montos.

El intento de trabajo minucioso de ese equilibrio en Casa Gris tuvo un pequeño traspié comunicacional en la mencionada visita del gobernador por la localidad de San José, en una semana donde también encabezó recorridas por las zonas afectadas por la crecida del río Uruguay y las inundaciones en Colón y Concordia. Un periodista de Radio La Voz le consultó sobre la fecha de inauguración del jardín de la Escuela Nº 1 Juan José Paso de la ciudad cabecera del departamento. “No tengo información sobre eso”, fue la única respuesta, en una incomodidad que no suele ocurrir en este tipo de conferencias de prensa improvisadas.

Norte libertario

 Como describió Punto y Seguido, mayo es un mes clave para La Libertad Avanza por el desenlace de la Ley Bases y del paquete fiscal. En reiteradas oportunidades, el Presidente de la Nación condicionó la firma del Pacto de Mayo a la sanción de ambas normativas, que además serían las primeras desde la asunción de Milei. De igual modo, el Gobierno estaba atento al nuevo índice inflacionario, donde se anota como un triunfo la primera cifra en la era libertaria con una suba mensual de un dígito. Además, por las negociaciones con organismos financieros, grupos de inversión y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el desembolso de dólares que sustenten el proyecto económico de Casa Rosada, impulsen la prometida salida de las restricciones de compra de divisas (cepo) y favorezcan la competencia de monedas, eufemismo de dolarización de facto.

Los efectos sociales de la Marcha Universitaria Federal y, en menor medida, del segundo paro de la Confederación General del Trabajo (CGT); la negativa del mundo financiero internacional para la inyección de recursos frescos; la advertencia del FMI, durante la aprobación de la octava revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas y la confirmación del desembolso de 800 millones de dólares en junio, sobre las dificultades en el país para la compra de moneda extranjera; los reclamos de los sectores exportadores que liquidan a cuentagotas a la espera de una nueva devaluación, en una semana donde el dólar libre (o ilegal) se movió luego de un tiempo sin sobresaltos; y los efectos recesivos y de caída en el consumo, la producción, las economías regionales, la industria nacional y el mercado interno, complejizaron el esquema ideal diseñado por el Ejecutivo nacional.

La Ley Bases no fue la excepción. Tras 12 horas de exposiciones, la reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, de la Cámara Alta de la Nación, pasó a un cuarto intermedio, ya que el oficialismo negocia contrarreloj por los votos de posibles aliados en el recinto. En medio de las jornadas frenéticas, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, presentó el día miércoles su informe de gestión en la Cámara Alta, y demoró aún más la firma del dictamen, que apuntaban a cerrarla para el día jueves. Allí proyectó un 139% de inflación interanual y una devaluación de 2% mensual.

Sin los votos esperados, el plenario de comisiones pasó a un cuarto intermedio para el martes 21 de mayo, dos días antes de la fecha que soñaban para la aprobación de la Ley, camino al Pacto de mayo. La nueva proyección estipula el dictamen para el miércoles 22, con el objetivo que la sesión se efectúe entre el miércoles 29 y el jueves 30, ya que deben cumplirse siete días entre cada instancia. Uno de los nombres cruciales para la sanción definitiva es Guadalupe Tagliaferri, que es parte de la bancada de Propuesta Republicana (PRO), pero responde a la línea del ex jefe de gobierno porteño, Horacio Larreta. En ese listado de senadores apuntados por el oficialismo y la oposición, asoma el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia, la rionegrina Mónica Silva y la zigzagueante neuquina Lucila Crexell. El primero, junto a su correligionario fueguino, Pablo Blanco, participan de una mesa que nuclea a los votos decisivos, que también incluye al salteño Juan Carlos Romero. Allí también se encuentran los integrantes del bloque Unidad Federal, que componen el correntino Carlos Espínola, la cordobesa Alejandra Vigo, que además es esposa de José Schiaretti, y el entrerriano Edgardo Kueider, que responde al ex gobernador Gustavo Bordet.

El miércoles pasado, en reuniones conjuntas de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, de la Cámara de Diputados de la Nación, se firmaron cinco dictámenes vinculados a la fórmula de movilidad jubilatoria. Allí apareció la posibilidad de confluencia de bloques configurados de manera dicotómica en la última década, como Unión por la Patria (UxP), el radicalismo, la Coalición Cívica (CC), Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal (IF), aunque finalmente el consenso se embarró por la discusión relacionada al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El peronismo no estaba de acuerdo con el reclamo de los otros sectores para que esos fondos se utilicen para las deudas de las cajas provinciales de jubilaciones y los juicios perdidos.

Se vienen tres semanas claves en este tema, ya que las bancadas no kirchneristas firmaron una solicitud de sesión para el próximo 4 de junio y las divergencias sobre la metodología de incremento de las jubilaciones eran mínimas entre las diversas bancadas. Un debate similar se espera por la actualización de las partidas presupuestarias de las universidades de todo el país, que sobreviven con los números planificados para 2023, en un contexto donde Casa Rosada liberó algunos fondos solamente para la Universidad de Buenos Aires (UBA),

¿Y el peronismo entrerriano?

Salvo expresiones locales, como los presidentes de las departamentales del Partido Justicialista (PJ) de Concordia, Facundo Ruiz Díaz; de Gualeguaychú, Gustavo Vela; y de Paraná, Jorge Vázquez, el peronismo entrerriano se mueve alrededor de los pasos del ex gobernador, Gustavo Bordet. La composición de la unidad dirigencial alrededor de la renovación de autoridades partidarias, y el proceso de designación del ex vicegobernador, José Cáceres, como presidente del Consejo Provincial del partido, corrobora esa conducción.

El ex Mandatario levantó el perfil luego que Frigerio lo subiera al ring como parte de la herencia de 20 años de administraciones justicialistas y cuestionara los niveles de deuda con empresas contratistas. Participó del encuentro en Gualeguaychú, promovido por el ex jefe de Aduanas, Guillermo Michel, con la presencia del referente de bloque de HCF, Miguel Pichetto, en un escenario donde el peronismo nacional discute los márgenes de la reorganización partidaria y de la generación de referencialidades y liderazgos. Allí estuvieron el ex titular de Anses, Diego Bossio, y los ex intendentes de Gualeguaychú, Luis Leissa y Emilio Garbino. Los últimos dos acompañaron al actual Mandatario de Entre Ríos desde un espacio que incluyó al ex senador Augusto Alasino y el ex gobernador Mario Moine. Incluso, Garbino enfrentó a Busti en 2003, mientras que Leissa fue protagonista en 2013 de un acuerdo fomentado por el actual Gobernador y el caudillo justicialista fallecido.

Como destacó LA CALLE, el lunes pasado Bordet visitó a Rosario Romero, intendenta de Paraná y titular de la Liga de Intendentes del PJ, donde ambos ratificaron su acompañamiento a la implementación de la Boleta Única de Papel, en sintonía con el anuncio de Casa Gris. Fue uno días después de las duras críticas del ex vicegobernador José Cáceres, en una metodología de diferenciación entre quienes ejercen cargos ejecutivos y legislativos y quienes se encuentran en el llano. En su despacho en Capital Federal, el ex Intendente de Concordia recibió a los presidentes municipales de Santa Anita, Juan Amavet; de Villa Mantero, Hernán Niz; de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval; y de San Justo, Fernando Viganoni. En el camino, redobló la apuesta sobre la reforma del sistema electoral y recordó su adhesión a la Boleta Única Electrónica.

Después de la derrota de la contienda por el sillón de Urquiza y de distintos municipios claves, en los comicios generales de octubre del año pasado, el justicialismo de la provincia no tuvo grandes procesos de discusiones internas, autocríticas, recambio de referencias y construcción de nuevos liderazgos. La desmovilización de los últimos años, la prohibición de la competencia partidaria en igualdad de condiciones y el rechazo a la integración de las minorías, limitaron una resignificación de sus bases, sus cuadros y su conducción. La escasa participación, con algunos matices, en las internas departamentales del PJ, el pasado 10 de marzo, en Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, La Paz, Federal y Nogoyá, ratifica esa sensación de frustración.

Más allá de la exposición entrerriana en el debate en la Cámara de Diputados y de voces mediáticas del peronismo contra el proyecto con media sanción, como el consejo Provincial del PJ y los bloques de senadores y diputados de Más por Entre Ríos, faltaron iniciativas que promuevan la interpelación colectiva, y la capitalización posterior, del rechazo a la Ley Ómnibus. El pedido directo de Bastián para que el concordiense Edgardo Kueider vote contra la propuesta libertaria tal vez fue la postura más sólida dentro del abanico de los nombres que tienen proyección a futuro y cumplen responsabilidades institucionales. Bordet tampoco puede hacerse el desentendido del voto final de su ex Secretario General de la gobernación, que fue la persona de confianza durante sus años en la capital del citrus y en Casa Gris.

En la búsqueda de una agenda propia, que marque voluntad de iniciativa, el jefe del bloque opositor, Martín Oliva, presentó un proyecto de ley que dispone el otorgamiento de un subsidio a la tarifa eléctrica del 50% a favor de las universidades públicas con asiento en la provincia. El texto fue abordado este miércoles en la Comisión de Educación de la Cámara Baja y estipula ese beneficio hasta el 31 de diciembre de 2024.

 Más allá de la pelea legislativa y del trabajo de aquellos dirigentes justicialistas con funciones ejecutivas, el peronismo local se debe una evaluación sobre sus últimas gestiones, sus modos de construcción y acumulación política, los mecanismos de resolución de la participación e incorporación electoral, los ejes fundamentales de su agenda de gobierno y las implicancias de su rol opositor al Ejecutivo provincial. Sin esa capacidad de debate, donde las frustraciones se transformen en reconstrucción del vínculo cercano con los distintos electorados, será más hostil el camino para constituirse como una alternativa de poder. Más aún en un escenario donde pese a la pérdida de poder adquisitivo y la licuación del consumo, distintas franjas ciudadanas, que sufren esas consecuencias en su vida cotidiana, mantienen legítimas esperanzas sobre el devenir económico. Algunas voces dicen masoquismo o déja vu, otras argumentan que se trata de la necesidad de creer en un cambio distinto a lo anterior. ¿Oscuridad en el fondo o luz al final del túnel?

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