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miércoles, julio 24, 2024

PUNTO Y SEGUIDO. 130 días de gobierno: Apuntes sobre el escenario político provincial y nacional

Se agrava la situación financiera de Entre Ríos, entre el recorte significativo de recursos de la Casa Rosada y la merma de la recaudación. La negativa del FMI a un nuevo desembolso, con la mirada atenta al desenlace del debate de la nueva Ley Ómnibus y del paquete fiscal. El rol de Frigerio y el tablero local.

Mariano Osuna
Periodista

 La relación entre el Gobierno nacional y los ejecutivos provinciales, más allá de la pertenencia partidaria y la cercanía ideológica, atraviesa fluctuaciones e inestabilidades desde la llegada de La Libertad Avanza al poder. Paradójicamente, los fundamentos de esos cortocircuitos remiten más a las formas que al fondo, donde residen profundas coincidencias con el modelo económico del presidente Javier Milei. Los recortes absolutos o mayoritarios de los recursos coparticipables y de las partidas presupuestarias discrecionales, como también las acusaciones mediáticas y en redes sociales hacia los mandatarios y los bloques parlamentarios, autodenominados dialoguistas, condicionaron los consensos para la aprobación de leyes claves de la Casa Rosada. La frustrada votación en particular de la iniciativa “Bases y Puntos de Partida para la libertad de los Argentinos”, en la fallida sesión de febrero en la Cámara de Diputados de la Nación, fue un claro ejemplo de la intransigencia oficial y de la voluntad de vastos sectores para la sanción definitiva.

Como adelantó Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, confirmó a los gobernadores de la Región Centro que no habrá dinero de las arcas centrales para las provincias. “No esperen nada del Estado”, aseguró el funcionario nacional en el cónclave realizado en el Centro Cultural La Redonda, ubicado en la ciudad capital de Santa Fe, con su anfitrión Maximiliano Pullaro, y sus pares de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Córdoba, Martín Llaryora. La afirmación del Ministro se dio en un contexto de desfinanciamiento nacional, con reclamos por el Fondo de Incentivo Docente; las asistencias del Tesoro Nacional; el Fondo Compensador del Transporte; las inversiones sociales, de obras públicas y de viviendas, algunas que quedaron avanzadas, en ejecución o en proceso licitatorio; y los giros a las cajas de jubilaciones de distintas jurisdicciones. Un entorno que además se encuentra caracterizado por las negociaciones contrarreloj para la sanción de la nueva versión del megaproyecto de la ley Bases, del paquete fiscal titulado “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, y del anunciado Pacto de Mayo, que se firmará simbólicamente en Córdoba para la conmemoración de la Revolución de 1810.

130 días después del recambio de autoridades del Ejecutivo central y de las administraciones provinciales, la situación financiera es compleja. La supresión de recursos federales, algunos de ellos establecidos por Ley, sumado a la desinversión del Estado nacional, la eliminación de programas claves y la caída sustantiva de la recaudación, paralizaron la planificación a mediano y largo plazo de obras públicas, y pusieron en alerta el desarrollo mínimo de las gestiones y los servicios cotidianos. Esa situación límite obligó a la oficina principal de Casa Gris a la dilatación de una oferta salarial a docentes y estatales; al acompañamiento unánime de Juntos por Entre Ríos a una propuesta legislativa del peronismo para la recaudación, vía aumento de alícuotas al mundo financiero, de 3.500 millones de pesos; y a la judicialización del reclamo de 4.000 millones de pesos por las regalías y excedentes de Salto Grande y de 154.000 millones de pesos por la deuda de Anses a la caja de jubilaciones de la provincia.

Casi como un contrasentido, ese ahogo financiero, más allá de las coincidencias ideológicas, explica en parte la dependencia política de Frigerio con Milei. La expectativa del Ejecutivo provincial está puesta en el desenlace de las leyes de Casa Rosada y en la suscripción al pacto de Mayo, que son demandas desde vastos sectores del sistema político, pero también del círculo rojo, del mundo empresario y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Exigencias de respaldos institucionales que proporcionen una imagen de gobernabilidad frente al estilo verborrágico de La Libertad Avanza. Sin embargo, ese panorama despierta tensiones en el territorio provincial, por las consecuencias de la recesión, la desregulación de los precios, y la quita de recursos y gestiones nacionales, que tienen incidencia directa en las ramas productivas, las industrias, las economías regionales, la inversión vial, la educación, la salud, los ingresos trabajadores, el poder adquisitivo de las familias y la calidad de vida de las personas.

¿Es la economía o es la política?

El Gobierno nacional apuesta su legitimidad electoral a la consecución de los objetivos de superávit gemelo, ajuste fiscal, salida del cepo cambiario, caída de la inflación y rebote de crecimiento para 2025. El corolario es el deterioro de los bolsillos y las mesas argentinas, con cifras alarmantes de pobreza y números en caída en todas las ramas de la producción y del consumo popular. Las complicaciones de Milei para los acuerdos parlamentarios, la desmedida confrontación con los mandatarios provinciales y la negativa del FMI para un nuevo desembolso, dificultan aún más el norte trazado por el Ejecutivo.

El viernes pasado, el Presidente de la Nación disertó en el foro Llao Llao, que organizó el empresario Eduardo Elsztain en Bariloche, con la participación de Galperin, Rattazi, Englebienne, Braun, Freire, Harriet, Cavazzani, Pagani, Andreani, Sallouti, Eurnekian y Kargieman. En el evento, donde también expusieron Luis Lacalle Pou de Uruguay y Santiago Peña de Paraguay, el Mandatario libertario reivindicó el tipo de cambio vigente, defendió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y la Ley Ómnibus, y calificó el ajuste fiscal como el “más grande la humanidad”. En respuesta a críticas sobre la rapidez del recorte, destacó que para hacer más gradualismo “hay que tener tiempo y financiamiento”. Además, resaltó que su función es la estabilidad y el ordenamiento de la macroeconomía. “Yo me voy a ocupar de arreglar la macro. La micro la tienen que arreglar ustedes (los empresarios). ¿Qué tengo que estar haciendo yo con la micro? Ya bastante con las estupideces que venimos haciendo hace 100 años”, precisó ante el auditorio.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posee, encabezaron una comitiva económica oficial a Estados Unidos. Allí, desde el 15 de abril, se desarrolla la Asamblea de Primavera del FMI y el Grupo Banco Mundial (GBM), aunque el propósito estelar de la delegación argentina era la consecución de un desembolso extra de 15 mil millones de dólares del organismo financiero internacional. Pese a los elogios sobre la inflación y la política fiscal de la directora gerente, Kristalina Georgieva, el Fondo Monetario, la Casa Blanca e importantes fondos de inversión desestimaron la posibilidad (por ahora) de ese auxilio financiero. El ojo está puesto en la reformulación del acuerdo de Facilidades Extendidas, que inició como un consenso Stand-By durante la administración de Mauricio Macri, que prescribe a fin de año y posee de modo inmediato vencimientos posteriores de los intereses de deuda.

La intensa agenda incluyó la disertación en una conferencia organizada por JP Morgan; un encuentro a libro abierto con representantes del Departamento del Tesoro; y una reunión con la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El viaje a EE.UU. coincidió con diversos posicionamientos geopolíticos de la Casa Rosada, que implicaron declaraciones de apoyo militar a Ucrania, la defensa y el respaldo a Israel, y el pedido formal para ser socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). La negativa a Caputo complejiza un escenario local que requiere de logros económicos, para el robustecimiento de las reservas del Banco Central; para la implementación del proceso de competencia de monedas, eufemismo de creciente dolarización; y para la supresión de las restricciones de la compra y venta de divisas (cepo).

¿Es la economía o es la política? Lado B

 El mega-DNU 70/2023 continúa vigente, salvo excepciones puntuales que fueron frenadas por medidas judiciales, como la reciente resolución de la Cámara Nacional del Trabajo, donde determinó la inconstitucionalidad del articulado laboral, después de la presentación de la Asociación del Personal Aeronáutico. Esa validez no es un dato menor, porque evidencia la estrategia oficial mientras se juntan las voluntades legislativas para la aprobación del nuevo texto de la Ley Bases y del paquete fiscal.

Los puntos que generan mayores ruidos en los bloques autodenominados dialoguistas son la inclusión de facultades delegadas, el futuro de los fondos fiduciarios, la eliminación de la moratoria previsional, la disolución de algunos organismos del Estado, el artículo 70 sobre la desregulación de la economía, el devenir del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, la metodología para la privatización de empresas estratégicas, y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Esos ejes temáticos aparecen en cada conversación de mandatarios provinciales y bancadas legislativas con intenciones de un acompañamiento a la última redacción de la normativa. Fueron parte del temario en la reunión de los gobernadores de la Región Centro con Guillermo Francos, en el encuentro realizado en Casa Rosada junto a Raúl Jalil, de Catamarca, y en diferentes instancias promovidas por el Ministro del Interior para evitar contratiempos y convencer a mandatarios peronistas del apoyo al paquete de leyes. También se evidencia en la convocatoria de trabajo conjunto de diversos diputados de Propuesta Republicana (PRO), Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Pichetto e integran los socialistas de Santa Fe, el peronismo cordobés, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y la Coalición Cívica (CC), e Innovación Federal, que conforman los legisladores oficialistas de Salta, Misiones y Río Negro, para generar puntos de acuerdo sobre los cuestionamientos y las solicitudes de cambios sobre diferentes capítulos del megaproyecto.

Como se describió en otras ediciones de Punto y Seguido en LA CALLE, La Libertad Avanza contabiliza los votos necesarios para la aprobación del proyecto, de igual manera que en aquella fallida jornada de febrero. El éxito de su aprobación, que tiene como primera fecha tentativa al 29 y 30 de abril o al 2 de mayo, luego de la histórica movilización por el Día del Trabajador, dependerá de la cintura política del Gobierno para acercar posiciones y pulir los pequeños desencuentros con los bloques aliados. En simultáneo, arrancó este jueves el debate de la Ley de Medidas Fiscales, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, con apartados destinados a Ganancias, Monotributo, Régimen de Regularización de Activos, Bienes Personales y Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social.

En el abanico de noticias del microclima legislativo, dos peculiaridades llamaron la atención. Por un lado, la agenda parlamentaria de ese jueves tenía prevista la segunda reunión de la Comisión de Juicio Político. La primera cita fue el pasado 10 de abril, cuando minutos antes del inicio llegó la orden del presidente del cuerpo, Martín Menem, para la suspensión del cónclave. El plenario empezó igual, con la elección de la periodista Marcela Pagano, como titular de la Comisión, el quiebre del bloque de La Libertad Avanza, la eyección del jefe de la bancada, Oscar Zago, y la internación por problemas de salud de la legisladora del oficialismo. Una escena de improvisación institucional pocas veces vista en el recinto del Congreso nacional, que tiene de trasfondo las propias internas en la coalición de gobierno. Como se explicó en la nota del jueves, sobre la fragmentación política de las tres alianzas principales, un sector libertario apuesta a la fusión con el PRO, en tanto que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Presidente de Diputados, fomentan la creación del sello propio en las distintas jurisdicciones, algo que ya fue obtenido en La Rioja, Córdoba, San Luis y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que arroja internas profundas en Entre Ríos sobre sus referencialiades y liderazgos. Más aún luego de la negativa de Milei para avanzar con las designaciones de distintos cargos nacionales que tienen injerencia o delegaciones en la provincia, mientras se nominan apellidos externos al armado político. La decisión del año pasado de cederle la postulación a la gobernación a Sebastián Etchevehere; la relación directa, sin intermediarios libertarios, con el gobernador Frigerio o el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; y el nombramiento del ex funcionario peronista y ex referente del Movimiento Evita Gualeguay, Martín Muller, como director Ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod), que depende directamente del secretario de Educación, Carlos Torrendell.

El otro dato singular fue la decisión, también ese jueves, de la incorporación sobre tablas y la sanción a mano alzada del incremento de los sueldos de los senadores, con una suba que eleva sus salarios de 1,7 millones a más de 4 millones de pesos netos. La resolución fue impulsada por el ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, alineado a las iniciativas libertarias, y tuvo el visto bueno de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que habilitó un formato de votación que no requiere registros en el tablero ni en las actas posteriores. No obstante, en una táctica a dos puntas, Milei y Caputo criticaron en duros términos a los dirigentes que acompañaron la normativa, en tanto algunos senadores solicitaron formalmente la liquidación del monto sin el flamante aumento o amagaron con un proyecto para que se retrotraiga a los valores previos. Lo cierto es que la sanción fue respaldada por los 66 senadores presentes, incluidos Alfredo De Ángeli (PRO), Stella Olalla (UCR) y Edgardo Kueider (UF), ya que ese esquema de votación exige un posicionamiento negativo a viva voz para que se contabilice en el resultado final.

¿La economía o la política? Lado C

 Como analizó LA CALLE, el éxito del modelo económico de Milei está condicionado por el respaldo parlamentario, los acuerdos políticos, el apoyo del mundo empresario, exportador y financiero, y el sostenimiento de las alianzas internacionales y geopolíticas. Sin embargo, es indispensable para el Gobierno el alcance de hechos políticos y logros económicos, donde sus resultados poseen una inherencia recíproca con el grado de paciencia ciudadana y los niveles de conflictividad social.

Las medidas de fuerza de diversos sindicatos visibilizan las necesidades sectoriales en un contexto general de recesión y deterioro del poder adquisitivo. El abrazo al hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el acampe en Paraná de los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los reclamos ante la decisión de la Casa Rosada de limitar la homologación de distintos consensos paritarios, ejemplifican esa apreciación sobre el termómetro social. El próximo martes 23, la comunidad educativa protagoniza la Marcha Nacional Universitaria, ante la frágil realidad presupuestaria de las unidades académicas de todo el país. Aunque el Ejecutivo nacional anunció un incremento del 70% por gastos de funcionamiento, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todas las casas de estudio, advirtió que los recursos disponibles, iguales al año pasado, es el más bajo de los últimos 17 años y alcanza hasta fines de mayo. Un día después, para el miércoles 24, el bloque opositor de Unión por la Patria solicitó una sesión especial de Diputados para el abordaje de la situación presupuestaria de las universidades, una tarifa diferencial de gas y electricidad para las unidades académicas, el restablecimiento del Fondo de Incentivo Docente y la Movilidad Jubilatoria.

 Por otro lado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) prosigue su plan de lucha con un paro para el martes 30 de abril, mientras se estipula que ese día se apruebe el texto simplificado de la Ley Bases y del conjunto de iniciativas fiscales. Las acciones del sindicato de trabajadores estatales se realizan tras las convocatorias masivas en distintas dependencias públicas, contra la política de despidos, cesantías y disolución de organismos nacionales. La medida gremial, será antesala de la movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), por el Día del Trabajador, que continuará con el segundo paro general en la era Milei, para el próximo jueves 9 de mayo.

 El tablero local

 Las incertidumbres en el escenario nacional limitan la previsibilidad de la gestión provincial y de las administraciones municipales. Las urgencias en Casa Gris no tienen respuestas en el corto plazo pese al alineamiento incondicional con el modelo de Milei. Un zigzagueo que deja secuelas y fisuras entre el apoyo al Ejecutivo nacional, la demanda por los recursos recortados, y la adhesión de sus diputados nacionales a la Ley Bases y el paquete fiscal. El conflicto abierto por las paritarias con docentes y estatales, el paso de los primeros tres meses de gracia de la nueva gestión provincial, y la disminución significativa de la recaudación, exigen un mayor despliegue del Gobierno de Entre Ríos, complementado de una definición más precisa de los ejes prioritarios y estructurales de su mandato en Casa Gris. A la par, Frigerio hace equilibrio entre su conducción en la provincia, su rol de interlocutor de los gobernadores de Juntos por el Cambio, sus aspiraciones nacionales en un proceso de desintegración de la coalición fundada por el PRO, la UCR y la CC, y su adhesión al norte libertario.

El miércoles pasado, el Senado provincial aprobó la normativa que establece la emergencia pública en materia de seguridad alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2024. La legislación ratifica la estrategia de otras declaraciones en materia educativa, de obras públicas y de inversión vial, que facilita la discrecionalidad de recursos para la implementación de políticas públicas inmediatas o la atención de asistencias urgentes, como las inundaciones del mes pasado. Además, permite la maniobra frente a la actualización semanal de precios de los alimentos, por la propia dinámica del proceso inflacionario. La medida, en una Cámara donde el oficialismo provincial tiene leve minoría, fue avalada por el bloque opositor de Más por Entre Ríos, el sello de la bancada peronista que conduce el ex intendente de La Histórica, Martín Oliva.

Por otro lado, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, arrancó el tratamiento del proyecto que crea el Régimen de Transparencia y Ética de la Función Pública, que fija características y requisitos de las personas que ejerzan un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial del Estado provincial. La propuesta de Casa Gris fue incluida entre las primeras medidas anunciadas en los discursos de la asunción del Gobernador y de la apertura del Período las Sesiones Ordinarias, junto a los proyectos de Información Pública, Pensiones Vitalicias y Transición de Gobierno.

La merma o quita de partidas presupuestarias claves agudizaron las dificultades históricas y cotidianas del transporte, la educación y la salud en la provincia, en un contexto donde un fracaso del modelo libertario representa un desacierto para el oficialismo entrerriano. El grado de apoyo social al nuevo rumbo económico y la capacidad de maniobra de la Casa Gris, serán determinantes para la armonía social y el resguardo del capital político cosechado. Mientras desactiva el conflicto paritario, donde propuso una suba del 5% para los haberes de marzo y de un 3% para abril, retrocedió en el pedido de ilegalidad del paro docente del miércoles 10. No obstante, anunció un incentivo por presencialidad que volvió a poner en alerta a los gremios docentes, mientras estira la nueva reunión para el 3 de mayo, con el próximo cronograma de pago en marcha. Cuatro días antes, la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (Agmer) tendrá su Congreso Extraordinario, el 29 de abril, en la ciudad de Colón, donde se espera la votación de una contraoferta y posibles medidas de fuerza.

Momento Bisagra

Como desandó Punto y Seguido, la fragmentación política es una característica común de las tres fuerzas electorales con representación parlamentaria en la provincia. El peronismo porque perdió el poder luego de dos décadas de gobiernos justicialistas; Juntos por el Cambio por las fracturas nacionales como consecuencia del tercer puesto en las presidenciales y de la postura como coalición frente a Milei; y La Libertad Avanza por la triple ruptura de sus bloques legislativos en la provincia y la ausencia de una referencia clara en Entre Ríos.

El termómetro de la calle y la capacidad de aglutinamiento de las diferentes demandas sectoriales, serán una variable significativa para los alcances del ajuste nacional y del retiro del Estado de funciones fundamentales para la vida en sociedad. Los límites del hartazgo ciudadano, especialmente de los sectores esperanzados con un rebote económico en el segundo semestre o 2025, y la suficiencia para que esas quejas se transformen en causas colectivas, configuran elementos decisivos de la hoja de ruta libertaria y de las consecuencias en las administraciones provinciales y locales.

El avance de la Casa Rosada en su modelo económico encuentra una dispersión ciudadana y una desmovilización opositora, que no construye todavía barreras concretas o contundentes. No obstante, los alcances de los objetivos libertarios requieren de hechos políticos y triunfos económicos que agranden esa promesa de luz al final del túnel. ¿Realidad o déjà vu?

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