La Casa Rosada acelera el debate legislativo de la Ley Bases y de las reformas fiscales, mientras negocia financiamiento externo. El debate sobre el rol del Estado, entre la desregulación económica, el dengue y la recaudación. El dilema de Frigerio, entre el apoyo a Milei y las dificultades de gestión por el recorte de fondos nacionales.
Periodista
El Ejecutivo nacional avanza en su programa de gobierno, atravesado por un contexto de creciente conflictividad social, fragmentación opositora y parálisis del Poder Legislativo. Las medidas implementadas, con el horizonte puesto en el ordenamiento macroeconómico, el cumplimiento de las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la competencia de monedas, eufemismo de dolarización, configuraron un escenario de recesión económica, desinversión estatal, disminución de la recaudación, caída del consumo y la producción, pérdida del poder adquisitivo, despidos públicos y privados, apertura financiera y liberalización de la economía.
Confrontación y consenso
Mientras el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina” continúa vigente, el presidente Javier Milei apura los detalles finales de la redacción de la nueva Ley Ómnibus y del paquete de medidas fiscales, con el propósito que los proyectos sean tratados y aprobados en la segunda quincena de este mes. Esa urgencia se vincula con las dudas y los reclamos del FMI y de Estados Unidos sobre el respaldo parlamentario, político y social hacia el modelo de La Libertad Avanza. En los últimos días, la directora de Comunicación del organismo internacional, Julie Kozack, destacó los resultados fiscales del primer trimestre de la Administración nacional, pero pidió pragmatismo en la construcción de esos apoyos institucionales y legislativos, como también en la política cambiaria y monetaria.
Tras la frustrada discusión y votación en particular de la Ley “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, el Gobierno nacional modificó a cuentagotas su estrategia política de todo o nada. Esa táctica de confrontación, que fue resaltada en cada intervención mediática del oficialismo como la forma de exposición de quienes se opusieron a los cambios votados en las urnas, tuvo sus leves variaciones en esta nueva etapa. Aunque alejado de una negociación entre partes y con el látigo económico en la mano, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior Guillermo Francos, recibieron el jueves pasado a los mandatarios de las diez jurisdicciones conducidas por Juntos por el Cambio, con la finalidad de ahorrarse imprevistos futuros. Participaron Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Maximiliano Pullaro de Santa Fe, Leandro Zdero de Chaco, Gustavo Valdés de Corrientes, Alfredo Cornejo de Mendoza, Carlos Sadir de Jujuy, Ignacio Torres de Chubut, Marcelo Orrego de San Juan, Claudio Poggi de San Luis y Clara Muzzio de Ciudad Autónoma, en representación de Jorge Macri, que en simultáneo mantenía una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, por los fondos de coparticipación, sin mayores resultados.
La Casa Rosada se llevó la adhesión de los gobernadores de Propuesta Republicana (PRO) y de la Unión Cívica Radical (UCR), aunque con pedidos específicos sobre el piso de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y respecto a la eliminación del financiamiento del déficit de las cajas previsionales no transferidas a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). “Nosotros vamos a apoyar la necesidad que tiene el Presidente de contar con estas herramientas”, afirmó el Mandatario de Entre Ríos, uno de los dirigentes más alineados con Milei, a la espera del borrador final, prometido para mañana lunes. “Queremos y necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien”, expresó.
Allí será clave el rol de los bloques autodenominados dialoguistas de la Cámara de Diputados de la Nación, fundamentalmente de Hacemos Coalición Federal (22 escaños), conducido por Miguel Pichetto; del radicalismo (34 bancas), presidido por Rodrigo de Loredo; y de Innovación Federal (8 legisladores), dirigido por Pamela Caletti. Como se explicó en otras ediciones de Punto y Seguido, la columna política de los domingos en LA CALLE, el oficialismo siempre tuvo los votos en la Cámara Baja para el mega proyecto de Ley, pero la intransigencia gubernamental implosionó todos los puentes con los sectores más aliados, llevando a algunos mandatarios, como Martín Llaryora de Córdoba o el mencionado Torres de Chubut, a una postura opositora más combativa de la planificada cuando asumieron sus respectivas jurisdicciones.
Con expectativas que esos acuerdos previos no desaparezcan del texto final, como sucedió en el dictamen y la fallida sesión de febrero, los caudillos provinciales esperan un gesto diferente del Ejecutivo nacional, en un escenario donde la gestión libertaria precisa respaldos opositores ante la necesidad de financiamiento externo y de negociación con el FMI. El anunciado Pacto de Mayo, convocado por Milei en su discurso inaugural del período Nº 142 de Sesiones Ordinarias del Congreso, que se encuentra programado en la provincia de Córdoba para el aniversario de la Revolución de Mayo, también apunta al robustecimiento de esa imagen. El ministro Caputo, en la antesala del debate de la nueva Ley Ómnibus, asistirá a la Asamblea de Primavera de la organización financiera internacional de las Naciones Unidas, con el fin de destrabar el envío de 15 mil millones de dólares, entre vencimientos de deuda con importadores y la urgencia de suprimir las restricciones a la adquisición de monedas extranjeras, conocido popularmente como cepo cambiario.
El panorama se complejiza en el Senado, donde integrantes de los bloques Juntos Somos Río Negro, Unidad Federal, Unión Cívica Radical y Cambio Federal, a priori definidos como sectores amigables, votaron contra el DNU 70/2023. El jueves pasado, las bancas que responden políticamente a los mandatarios de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, dejaron sin quórum la conformación de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Agricultura, Ganadería y Pesca, en medio de los reclamos de las provincias patagónicas por la reducción de los fondos de coparticipación. «Si no hay recursos para mi provincia, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de Ley Bases ni va a haber Pacto de Mayo para nosotros», advirtió Vidal. Allí se suma otro condimento, que refiere a la propia construcción política de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que ya había efectuado críticas públicas al discurso gubernamental y que esta semana mantuvo el incremento salarial a los senadores nacionales.
Mirada geopolítica
Como detalló Punto y Seguido, uno de los cambios trascendentales de los 120 días de gestión de La Libertad Avanza es el posicionamiento geopolítico, con un alineamiento irrestricto con Estados Unidos e Israel y un quiebre de la relación con los países miembros de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), con la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y con países estratégicos de la región, que incluye al país limítrofe gobernado por Lula da Silva, como también a Colombia y México.
En esa sintonía, en la semana del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, el Presidente de la Nación viajó este jueves a Ushuaia, donde anunció el desarrollo de una base naval integral, acompañado por la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y el embajador nortemaricano en nuestro país, Marc Stanley. Un día después, Milei firmó un convenio para la entrega de la aeronave Hércules C-130H, destinada a tareas de la Fuerza Aérea Argentina, como el abastecimiento y traslado de personal de la Antártida.
No obstante, la reunión con la Generala tenía otros intereses estratégicos de EE.UU., como la cancelación del proyecto de Atucha III, que casualmente iba a ser financiado por el gobierno chino; la suspensión de la construcción del Carem, que es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en el país; y la preocupación sobre la base espacial china denominada “Estación de Espacio Lejano”, ubicada en la provincia de Neuquén. Unas de las peculiaridades respecto a la discusión militar espacial es que existe una instalación similar, desde 2012, promovida por la Unión Europea en Malargüe, provincia de Mendoza, destinada a la investigación aeroespacial, con funciones parecidas a la edificada por China, que no molesta al país de norteamérica.
La economía y el rol del Estado
Atravesado por la necesidad de consenso parlamentario, de respaldo político internacional y de contención de la conflictividad social, uno de los desafíos fundamentales es el delgado equilibrio entre la merma de la recaudación, la disminución de los recursos de coparticipación, la dolarización de las tarifas de los servicios, la recesión económica y la licuación de los ingresos de trabajadores y jubilados. Según el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), durante marzo se registraron 7,7 billones de pesos de recaudación, que representó un decrecimiento del 24% respecto al mismo mes de 2023, con un acumulado en el primer trimestre que significó la recaudación más baja de los últimos diez años.
La situación de abril, entre la homologación de paritarias, la suba de las jubilaciones y el envío de recursos coparticipables o fondos prometidos para las cajas previsionales, ponen en duda esa fotografía de superávit gemelo, donde la tensión social será un elemento significativo. Allí hay que sumar el ajuste sobre las partidas discrecionales, que incluyen desde la asistencia del Tesoro Nacional a los suprimidos fondos de Incentivo Docente (Fonid) y Compensador del Transporte urbano y suburbano del interior, que alcanzaron un promedio 79,2% durante el mes pasado, con una caída real del 82,2%.
De fondo, gobierno y oposición reformulan una vieja discusión cultural sobre el rol del Estado y su intervención en las configuraciones de lo social. El discurso de campaña de La Libertad Avanza puso el acento sobre su funcionamiento ineficiente, el statu quo de la casta y los negocios de “la política”, mientras que la impotencia ciudadana ante las frustraciones y las promesas incumplidas de gestiones anteriores, convalidó un voto que no dimensionó los alcances del Estado. Una de las autocríticas en las distintas variantes del fragmentado peronismo, además de los errores no forzados y el incumplimiento de los contratos electorados, es la carencia explicativa sobre el papel insustituible de dichas instituciones para la articulación del conjunto de las relaciones sociales comprendidas dentro del ámbito material y simbólicamente delimitado por la Nación.
El actual Ejecutivo nacional construyó con éxito una narrativa que asimiló la intervención de ese aparato irremplazable como único responsable de los problemas estructurales de las últimas décadas. No se trataba de una cuestión de gestión, sino de la propia concepción del Estado, donde vastos sectores de la sociedad, incluso aquellos que más se encuentran atravesados en su vida cotidiana por dichas instituciones, se pronunciaron en las urnas con un voto que reivindicó ese cambio de paradigma. Esa edificación teórica, acompañada en los comicios generales del año pasado, sobrepasó las críticas a un modelo de gobierno o una política económica, y puso en debate el rol del Estado en la educación, la salud, la industria, la producción, los servicios y las obras públicas, la cultura y el ambiente. Aunque la conformación del apoyo electoral a Milei no se explica unilateralmente en un desprecio de esas funciones, la adhesión en el cuarto oscuro legitimó una motosierra de desinversión sobre todas sus funciones más inmediatas.
La propagación del brote del dengue obedece, entre otros factores, a ese retiro gubernamental de responsabilidades elementales, porque el Estado no se explica únicamente en un subsidio a tarifas eléctricas o en la adjudicación de programas sociales, sino en todas las instancias de la vida en sociedad, desde incentivos para insumos, transporte y exportación de un frigorífico a la regulación de los precios de medicamentos y alimentos. Los cuestionamientos de propios y ajenos sobre el abordaje de la infección vírica, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, requirió que el ministro de Salud, Mario Russo, tenga que dar explicaciones públicas sobre los alcances de la política sanitaria. Las declaraciones gubernamentales acrecentaron las reprobaciones, en un contexto de 180 mil casos confirmados, desabastecimiento de repelentes, de consejos sobre el uso de manga largas, de compras de insecticidas por plataformas privadas y de inexistencia de vacunas.
Medidas de fuerza y la situación en Entre Ríos
La caída del consumo y la recesión de las actividades productivas y económicas, los despidos públicos y privados, los precios dolarizados de las tarifas de electricidad, agua, transporte, prepagas, gas, internet, cable y telefonía, y la pérdida sustantiva del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, se desarrollan entre el apoyo social de franjas desencantadas con gobiernos anteriores, la falta de conducción de las estrategias y acciones opositoras, y una creciente conflictividad sin acumulación uniforme que supere las protestas sectoriales.
El miércoles pasado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó ingresos masivos a distintas dependencias eliminadas o desfinanciadas, con el objetivo de visibilizar la situación y exigir la reincorporación de las personas despedidas. Un día después, los docentes nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) ejecutaron un paro nacional por la restitución del Fonid y por la ausencia de convocatoria a la paritaria. La huelga, acompañada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios, agrupados en Conadu y Conadu Histórica, tuvo una movilización en Capital Federal, que fue reprimida por las fuerzas de seguridad, incluso con el uso de gas pimienta contra diputados nacionales.
Las actividades gremiales contaron con clases públicas, abrazos simbólicos y banderazos, donde se destacan las medidas efectuadas en la Universidad de Buenos Aires (UBA), con advertencia de cierre del segundo cuatrimestre en diferentes carreras académicas si el Ejecutivo no cambia el rumbo de sus decisiones sobre los presupuestos para la educación pública. Alejado de esa postura, la Casa Rosada anunció el envío de una propuesta legislativa para la modificación de los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional, con el objetivo de penalizar el adoctrinamiento en las escuelas.
Esa misma jornada, la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) presentó un amparo colectivo contra los despidos masivos en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 57 y anticipó que el sindicato elevará el reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esos recortes y reducción de personal también afectaron a Entre Ríos, con el cierre de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de Anses en los departamentos San Salvador y Feliciano, y los telegramas recibidos por el personal de los Centro de Referencia (CDR) del ex Ministerio de Desarrollo Social, ubicados en Concordia y Paraná, como también de Anses, Vialidad, la delegación del ex Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Incluso, dos intendentes de Juntos por Entre Ríos, Jorge Zambón de San Salvador y Javier Mendelovich de General Campos, elevaron peticiones formales por la situación de las mencionadas unidades de Anses, como previamente había impulsado el presidente municipal de Feliciano, Damián Arévalo.
El viernes pasado, ATE promovió un nuevo paro nacional contra los despidos, mientras que el sindicato de Camioneros anunció medidas de fuerza ante la decisión del Gobierno nacional, ratificada por el ministro Caputo en una entrevista televisiva, de no homologar los aumentos salariales para el sector. Un día antes, la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM) llevó adelante una huelga con movilización similar, donde denunció al CEO del grupo Techint, Paolo Rocca, de presiones para disciplinar a la Secretaría de Trabajo de la Nación.
¿Parálisis provincial?
En ediciones anteriores, Punto y Seguido detalló las dificultades de Casa Gris respecto al equilibrio entre el alineamiento con el programa de gobierno de Milei, el recorte significativo de recursos nacionales para la provincia y las urgencias de una gestión que atravesó los primeros tres meses de gracia. Voces del propio gabinete de Frigerio reconocieron a LA CALLE que Entre Ríos recibió en el primer trimestre de este año unos 80 mil millones de pesos menos en comparación con el mismo período de 2023. “La herencia recibida de la administración anterior condicionó el inicio de nuestro mandato. Eso ahora se agudizó con la caída de la recaudación, la paralización de fondos nacionales para obras públicas y la quita de recursos coparticipables y discrecionales. La situación es compleja”, se alertó desde Casa Gris.
El ex Ministro del Interior confía que el apoyo a la nueva Ley Bases, el paquete fiscal y el Pacto de Mayo facilitará una mejor negociación con la Casa Rosada. Aunque los ejemplos cotidianos muestran la intransigencia del gobierno libertario sobre la distribución de fondos para las diferentes jurisdicciones, Frigerio apela a su rol conciliador y de interlocutor de las provincias comandadas por Juntos por el Cambio. Mientras pide tiempo a propios y ajenos, tiene el desafío de dinamizar en acciones tangibles un programa de gestión que en sus primeros 120 días solo tuvo gestos simbólicos de austeridad y disciplina fiscal, como la reducción de los cargos políticos, la reasignación de los autos oficiales, la derogación de las pensiones vitalicias y las normativas sobre la transición de gobierno y el acceso a la información pública.
La gravedad de la situación financiera quedó en evidencia en la última reunión paritaria con los sindicatos estatales y los gremios docentes, donde el Ejecutivo no presentó ninguna oferta de recomposición salarial y solicitó un plazo, sin fecha precisa, para la confección de una nueva propuesta. Una pérdida significativa de los últimos meses, que se profundiza con la situación singular de los trabajadores de la educación, que vieron en sus recibos de sueldos descuentos que oscilan entre 50 mil y 120 mil pesos por la eliminación del Fonid. En simultáneo, en esa búsqueda de recursos, la Cámara de Diputados sesionará la semana próxima para darle media sanción a un proyecto de la oposición, presentado por el ex ministro Juan Bahillo, para la modificación de alícuotas en el Impuesto a los Ingresos Brutos de las actividades bancarias y financieras, que permitiría una acumulación cercana a los 3 mil millones de pesos para las arcas provinciales.
Frigerio sabe que un porcentaje relevante de su electorado y de los votos cosechados por la candidata a presidenta del espacio en octubre, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está de acuerdo con el norte fijado por Casa Rosada. No obstante, la licuación de los ingresos y el aumento sostenido de los precios de alimentos, prepagas, transporte, electricidad y combustible golpea los bolsillos y las mesas familiares, y pone en jaque a clubes, universidades, comercios, industrias, economías regionales y empresas. Aunque esa angustia no tiene una acumulación política de sectores opositores, que experimentan su propio proceso de fragmentación y desmovilización, la incógnita estelar obedece a la capacidad de la sociedad de sostener ese deterioro de su calidad de vida. En ese contexto, el Gobierno de Entre Ríos pasó su período de gracia y tiene como desafío crucial la transformación de su plataforma de campaña en políticas de estado y acciones tangibles.
