Por: Carlos Heller
El Gobierno realizó el viernes varios anuncios significativos para enfrentar la problemática económica y social que la pandemia genera. Se redujeron los derechos a las exportaciones de 6153 posiciones arancelarias para las pymes con certificado vigente que hayan facturado hasta 3 millones de dólares en el último año, un importante estímulo al desarrollo exportador de las pequeñas y medianas empresas. Este sector es el corazón productivo del país, pues explica el 70% del empleo privado y más del 50% de las ventas y la producción.
Previamente, se comunicó un acuerdo de carne a precios accesibles, realizado entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Asociación de Exportadores de Carne. Por el mismo se ofrecen 9 cortes de carne (se agregó la paleta) y se amplían los días de oferta; de lunes a viernes, todas las semanas. La mayoría de los precios de venta del acuerdo se mantienen sin cambios o presentan rebajas (como el asado).
En cuanto a la Tarjeta Alimentar, se amplía a niñas y niños de hasta 14 años (era hasta 6 años) por lo que la cantidad de chicas y chicos alcanzados pasa de 1.900.000 a 3.700.000. El monto de la tarjeta será de 6.000 pesos para madres con un hijo; 9.000 pesos para dos hijos; y 12.000 para tres o más hijos, lo cual representa una importante inversión del 0,7% del PBI. Una solución que aparenta simple pero que tendrá un impacto muy importante en la vida de muchas de las familias más necesitadas.
El análisis de estas medidas nos lleva a una de las definiciones más enérgicas del Presidente: “Cada vez que nuestra economía crece empieza la disputa de ver quién se lleva la mayor tajada en ese crecimiento”.
Desvincular los precios internacionales de exportación de los precios que pagan nuestros consumidores es vital, en especial en los alimentos. Y es clave la información sobre las cadenas de valor: allí está el verdadero núcleo de la inflación. Porque con dicha información también podríamos documentar cómo las MiPyMEs son rehenes de las grandes cadenas de producción y/o distribución. Y cuando el Estado nacional pide información sobre precios, inventarios de productos, y otros, las asociaciones de las grandes empresas se resisten. ¿Será que allí se encuentran los mayores márgenes de ganancia que erosionan el poder de compra de la ciudadanía?
