La medida comenzó tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que desregula el servicio de practicaje y pilotaje. El Gobierno intimó a los profesionales a retomar la actividad, mientras el sector energético alertó por posibles dificultades en el abastecimiento de combustibles.
Los principales puertos del país permanecen afectados por la decisión de numerosos prácticos de no aceptar nuevos servicios, en rechazo al Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional en el marco de su política de desregulación.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la agroindustria, más de 150 buques se encuentran demorados, a la espera de poder ingresar o salir de las terminales portuarias. La actividad de estas embarcaciones requiere la intervención de los prácticos para realizar las maniobras de navegación en los accesos y dentro de los puertos.
La situación también encendió una señal de alerta en el sector energético. Desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) indicaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas se encuentran momentáneamente interrumpidas debido a la falta de prácticos, a raíz de un conflicto que —según remarcaron— es ajeno a las compañías del sector.
La entidad advirtió que, si la interrupción se prolonga, podrían registrarse dificultades en el abastecimiento de combustibles, debido a los inconvenientes que genera el freno de las operaciones y el transporte marítimo.
Entre los puntos afectados se encuentran los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, desde donde se distribuye una parte importante de los combustibles destinados al mercado interno. También se encuentra alcanzada Caleta Córdova, en Chubut, una zona estratégica para el traslado de petróleo crudo hacia las refinerías.
Desde la CADE señalaron que mantienen conversaciones con las empresas involucradas y las autoridades para encontrar una salida al conflicto y normalizar las operaciones portuarias.
Intimaciones de Prefectura
Frente a la paralización, la Prefectura Naval Argentina comenzó a enviar intimaciones individuales a los prácticos habilitados para que retomen de inmediato la prestación del servicio.
El organismo sostiene que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y advirtió que la interrupción podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.
Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo señalaron que no corresponde dictar una conciliación obligatoria porque no existiría técnicamente un conflicto laboral. Los prácticos son profesionales independientes y no mantienen una relación de dependencia ni cuentan con un sindicato que pueda disponer formalmente un paro.
En la práctica, la protesta consiste en no aceptar nuevos servicios, mientras que aquellos que ya habían sido programados continúan realizándose.
Los prácticos cumplen una función clave en la navegación comercial: asesoran a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los buques en ríos, canales y puertos. En numerosos casos, su intervención resulta obligatoria debido a las características de la Hidrovía y de los accesos portuarios argentinos.
Qué cambia con el Decreto 690/2026
La nueva normativa reemplaza el régimen de practicaje vigente desde 1991 y forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir regulaciones y avanzar hacia una mayor competencia en la actividad.
Entre los principales cambios, el decreto establece un registro abierto de prácticos habilitados, administrado por la Prefectura Naval, y permite que los usuarios contraten libremente a los prestadores. También elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y establece que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) determine tarifas máximas y publique los valores del servicio.
Además, se elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante determinados recorridos, se flexibilizan las condiciones para el traslado de estos profesionales y se amplían las situaciones en las que algunos buques pueden quedar exceptuados de contratar el servicio obligatorio.
El Gobierno sostiene que las modificaciones buscan reducir costos y eliminar regulaciones consideradas obsoletas. Sin embargo, la reforma generó rechazo y preocupación dentro del sector, donde advierten sobre sus posibles consecuencias para la seguridad de la navegación y cuestionan una eventual apertura del mercado a operadores y profesionales extranjeros.
Mientras continúan las intimaciones oficiales y las negociaciones para destrabar el conflicto, la atención está puesta en la evolución de las operaciones portuarias y en el posible impacto que una prolongación de la medida pueda tener sobre el abastecimiento energético y las exportaciones.
