En un escenario de creciente fragilidad en las finanzas provinciales, el Gobierno nacional decidió avanzar con una herramienta de asistencia de corto plazo para aliviar la situación de varias jurisdicciones. A través del Ministerio de Economía, se habilitó una línea especial de adelantos de coparticipación destinada a doce provincias que enfrentan dificultades para afrontar gastos urgentes.
La medida llega en medio de un marcado deterioro de los ingresos provinciales, producto de la caída de la recaudación a nivel nacional. Esta situación impacta directamente en los envíos automáticos de fondos, una de las principales fuentes de financiamiento de los distritos. Como consecuencia, varias provincias que habían logrado cerrar 2024 con superávit fiscal comenzaron a mostrar desequilibrios en el transcurso de 2025.
Las jurisdicciones alcanzadas por este esquema son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Según se estableció en el decreto oficial, estos distritos presentan dificultades transitorias para cumplir con sus compromisos más inmediatos, lo que motivó la implementación de este mecanismo excepcional.
A diferencia de otras asistencias, los fondos no serán transferencias permanentes, sino adelantos que deberán ser devueltos dentro del mismo ejercicio fiscal. Además, se fijó una tasa nominal anual del 15%, y la devolución se garantizará mediante la retención automática de recursos coparticipables. La administración de esta línea estará a cargo de la Secretaría de Hacienda.
El contexto fiscal explica la urgencia de la medida. De acuerdo con datos de la consultora Politikón Chaco, al menos siete provincias pasaron en el último año de registrar superávit financiero a presentar déficit, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Chubut y Santa Cruz. Este cambio de tendencia se vincula a un crecimiento del gasto por encima del aumento de los ingresos.
Las proyecciones oficiales incluidas en el Presupuesto 2026 reflejan esta dinámica. El conjunto de las provincias habría cerrado 2025 con un leve superávit primario del 0,2% del Producto Bruto Interno, pero con déficit financiero al considerar el pago de intereses de deuda. Esto implica un giro respecto al superávit cercano a $1 billón registrado en 2024, hacia un desequilibrio estimado en casi $500.000 millones.
De cara al futuro, el objetivo del Gobierno nacional es que las provincias retomen el sendero del equilibrio fiscal, con la meta de alcanzar un superávit financiero de $1,6 billones. Sin embargo, especialistas advierten que la evolución de la recaudación será determinante. En particular, se espera con atención el comportamiento de los ingresos tributarios en los próximos meses, especialmente en mayo, cuando muchas empresas liquidan el Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio anterior.
A este panorama se suma la débil performance de los recursos propios provinciales. En el primer trimestre del año, el impuesto sobre los Ingresos Brutos —que explica cerca del 80% de la recaudación de las provincias— mostró un crecimiento real de apenas 1,1%, lo que limita la capacidad de los distritos para compensar la caída de los envíos nacionales.
Entre Ríos, en zona de cautela
En este contexto, Entre Ríos no figura entre las provincias que recurrieron a los adelantos de coparticipación, lo que sugiere una situación fiscal relativamente más ordenada en el corto plazo. No obstante, la provincia no escapa al escenario general de restricciones.
La caída de la recaudación nacional también impacta en sus ingresos por coparticipación, mientras que la evolución moderada de los recursos propios obliga a sostener una política de administración prudente. En particular, el comportamiento de Ingresos Brutos resulta clave para mantener el equilibrio.
Si bien no presenta, por ahora, señales de urgencia como otras jurisdicciones, Entre Ríos atraviesa un contexto de mayor presión sobre sus cuentas públicas, con menor margen fiscal y la necesidad de sostener el control del gasto.
Así, el recurso a mecanismos de financiamiento como los adelantos de coparticipación aparece como una herramienta coyuntural para algunas provincias, mientras que otras —como Entre Ríos— se mantienen en una posición de cautela, atentas a la evolución de la economía y de los ingresos en los próximos meses.
