La Fiscalía extendió por 90 días las medidas de protección para una decena de policías que denunciaron una presunta maniobra de fraude a la Administración Pública en la División Videovigilancia y 911 de la Policía de Entre Ríos.
El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull dispuso prorrogar hasta el 6 de noviembre las medidas dictadas el pasado 8 de mayo, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades de autoridades de la dependencia.
Según la denuncia, entre 2023 y 2025 se habría utilizado un mecanismo por el cual policías en actividad realizaban servicios adicionales, pero estos eran liquidados a efectivos que se encontraban de franco. Una vez depositado el dinero en sus cuentas sueldo, los beneficiarios debían retirarlo por cajero y entregarlo a sus superiores, quienes habrían argumentado que los fondos eran destinados a gastos de alimentación del personal y reparación de patrullas.
La investigación comprende a funcionarios de la División Videovigilancia y 911 y, de acuerdo con fuentes judiciales, sería un desprendimiento de otra causa que investiga el cobro de adicionales que nunca fueron realizados.
Protección a los denunciantes
Entre las medidas dispuestas, el fiscal ordenó al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio Omar González, abstenerse de disponer traslados, cambios de turno, pérdida de adicionales o medidas disciplinarias contra los denunciantes y testigos protegidos que no cuenten con sustento técnico y legal.
También se estableció que los efectivos y sus familias deberán ser protegidos de eventuales situaciones de hostigamiento, vigilancia o intromisiones en los ámbitos laboral y personal.
La resolución advierte que el incumplimiento de las medidas podría configurar el delito de desobediencia judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal. Además, la disposición fue comunicada al ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
“Un caso de enorme gravedad institucional”
Los policías denunciantes son patrocinados por los abogados Rubén Pagliotto y José Pastori. Pagliotto valoró la decisión del fiscal y sostuvo que la prórroga resulta necesaria debido a la estructura “jerárquica y verticalista” de la fuerza.
El abogado señaló que los denunciantes podrían quedar expuestos a represalias por parte de sus superiores y calificó el caso como “de enorme gravedad institucional”, al considerar que las personas investigadas son funcionarios con poder estatal para perseguir delitos.
Pagliotto también cuestionó la actuación del Ministerio de Seguridad y Justicia y sostuvo que su actual titular habría asumido con conocimiento de la existencia del mecanismo investigado.
Cómo habría funcionado la maniobra
De acuerdo con la hipótesis que investiga la Fiscalía, las autoridades del 911 habrían informado mensualmente a la División Adicionales una nómina de efectivos que no habían realizado determinados servicios de guardia o turno.
A esos policías se les depositaba el dinero correspondiente a los adicionales, pese a que los servicios habrían sido cumplidos por otros agentes. Luego, según la denuncia, debían retirar el dinero en efectivo y entregarlo personalmente a sus superiores.
La maniobra habría buscado dar apariencia de legalidad al movimiento de fondos y, según la acusación, los responsables justificaban el destino del dinero en supuestos gastos para la alimentación diaria del personal y el mantenimiento de los móviles policiales.
La investigación judicial deberá determinar ahora si existió efectivamente el fraude denunciado, quiénes participaron de la presunta maniobra y cuál habría sido el destino final de los fondos públicos involucrados.
