Progresividad

Carlos Heller

Uno de los “caballitos de batalla” del establishment es el de la necesaria reducción del déficit fiscal. Sin déficit fiscal, se afirma, no habría inflación, no habría deuda, retomaría la confianza inversora. La realidad se ha encargado de mostrar que estos son argumentos inconsistentes, aunque así y todo se insiste con ellos.
La fórmula de los ajustadores comienza juramentando el rechazo a todo aumento de los tipos impositivos, para luego enfocarse en la variable que queda: el recorte del gasto público primario (jubilaciones, salarios públicos). Esta lógica es recesiva y reduce luego los ingresos fiscales, agravando el problema original. Pero además es profundamente injusta ya que los efectos del recorte del gasto siempre recaen en los sectores más vulnerables y en las capas medias. El objetivo de esas políticas es construir una sociedad cada vez más excluyente.
Rechazarlas de plano no implica ser partidario del déficit fiscal. Lo importante siempre son los “cómo”. La forma virtuosa y justa de abordar la cuestión fiscal es enfocarse en el aumento de los ingresos. En primer lugar, partiendo de la necesidad de aumentar la actividad económica. Es la postura que sigue el Gobierno, que además ha conseguido un importante recorte de los gastos en intereses producto de la reestructuración de la deuda con los bonistas. En segundo lugar, también hay que tender hacia un esquema fiscal mucho más progresivo, que requiere que paguen menos los que tienen proporcionalmente menos -por ejemplo, actualizando los mínimos imponibles de Ganancias y Bienes Personales, como se ha hecho- y que paguen más quienes están en condiciones de hacerlo. En tercer lugar, fortaleciendo la administración tributaria y mejorando la lucha contra la evasión y la elusión.
En este marco, la AFIP anunció en marzo que se retornaría a la fórmula previa para establecer el valor de los inmuebles de CABA y del resto del país, para el cómputo del Impuesto a los Bienes Personales. Desde el oficialismo porteño se salió a decir que se trata de un aumento de impuestos, una posición muy difícil de sustentar ya que se trata de llevarlo a la misma valuación que la Ciudad utiliza para calcular el impuesto inmobiliario. El cambio anunciado no es más que lo que se venía haciendo entre 2013 y 2018, año en que la AFIP, durante la presidencia de Macri, modificó los parámetros a la baja, en línea con su intención de desmantelar el tributo a los bienes personales.