Las organizaciones sociales son el núcleo de un expediente atravesado por la coyuntura política en el que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de dos prestaciones sociales del Estado Nacional: el Plan Potenciar Trabajo y las cajas de alimentos. El caso fue iniciado hace unos seis meses por el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich y está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello.
Además, esta semana trascendió otro eje de conflicto con los planes asistenciales: el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil realizó una auditoría a pedido de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que determinó que de un total de 2.646 comedores 1.247 no pudieron ser validados.
¿Cómo surge el caso?
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación el 20 de diciembre de 2023, en medio de las movilizaciones por el aniversario del estallido de 2021, que también se convocaron contra el gobierno de Milei. El Ejecutivo habilitó entonces una línea telefónica de denuncias, la 134, invitando a beneficiarios de planes sociales a denunciar a las organizaciones sociales en casos de extorsiones o exigencias de movilizarse a cambio de recibir el plan social.
El ministerio de Bullrich informó a la Justicia que la línea 134 recibió 13.310, de las cuales pudieron ser atendidas 2.720. Tras corroborar la verosimilitud, se derivaron 924 casos. La denuncia recayó en la fiscalía de Pollicita, en los tribunales federales de Comodoro Py.
De las 924 denuncias, el fiscal tomó 45 correspondientes a su jurisdicción: Capital Federal. Del análisis de los 45 casos denunciados pudo localizar sólo a siete denunciantes y apenas cinco aceptaron declarar. Se trata de hechos supuestamente ocurridos en comedores de las organizaciones Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie.
¿Quiénes están acusados?
Hay unas 20 personas imputadas en el expediente. El fiscal sostiene que funcionaban en estructuras jerárquicas piramidales dentro de cinco comedores. Son las personas que tendrían facultades otorgadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo. Los acusados quedaron inhibidos este miércoles.
Están acusados principalmente de administración fraudulenta. Los testimonios y otras pruebas obtenida sostienen que para convertirse en beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo las personas debían asistir a determinada cantidad de “marchas” o “movilizaciones” de las organizaciones sociales.
¿Cuáles son las pruebas?
Además de los cinco testimonios, los denunciantes aportaron capturas de WhatsApp y el juzgado ordenó intervenciones telefónicas a pedido de la fiscalía. Por ejemplo, en algunas de las conversaciones en los chats telefónicos, los imputados publicaban la lista de personas que no recibirían mercadería por no haber ido a las movilizaciones o aquellas que serían degradadas a la última categoría (“lista de espera”) por la misma razón, mientras que otros “ingresan a comedor” por haber cumplido con la asistencia a las movilizaciones.
Durante los allanamientos de los últimos días, la Justicia secuestró documentación y teléfonos celulares de los imputados, que deben ser peritados por la Policía Federal Argentina (PFA). Los resultados de esas pericias serán clave para que el juez decida si cita a indagatoria a los acusados. Las defensas pedirían la nulidad de todo lo actuado.
