El pedido se realizó en el marco de las demoras que provocan los trámites burocráticos para designar obras públicas.
La decisión del gobernador Gustavo Bordet de establecer un mecanismo unificado para la determinación de costos para el Estado por encima de los valores licitados fue cuestionado por la filial local de la Cámara Argentina de la Construcción. A fin de evitar los problemas que se dieron en gestiones anteriores, algunos de los cuales terminaron judicializados, el gobernador Gustavo Bordet dictó a poco de asumir el decreto 2715/16, estableciendo que las redeterminaciones de precios en las obras públicas contratadas por el Estado provincial, antes de ser aprobadas por el organismo respectivo, debe contar con la intervención previa de la Dirección General del Registro de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos.
Las redeterminaciones de valores de las obras públicas son el sobreprecio que el Estado reconoce por encima de lo estipulado en las licitaciones. Una obra puede ser adjudicada por 10 millones de pesos a una empresa, pero posteriormente la contratista suele presentar variaciones de precios en los insumos, costos laborales, problemas no previstos y otras eventualidades que el Estado puede avalar y que hacen que el costo final sea superior en varios millones a lo previsto inicialmente. Esta convalidación, antes del 2715, estaba dispersa en varios organismos relacionados con la obra pública: el Ministerio de Planeamiento; el IAPV; Vialidad, etc.
Frente a esta situación, la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción envió el 14 de octubre de este año una nota al ministro de Economía, Hugo Ballay, alegando que “por pedido expreso de la Contaduría” se solicitó la intervención de este organismo en la redeterminación de precios “sin que se hubiera dictado ninguna norma que obligará a la injustificada, burocrática y atemporal solicitud”.
La lectura que hace la entidad que agrupa a las constructoras entrerrianas es que este paso “viola” la determinación del decreto 2715 de que las redeterminaciones estén aprobadas o denegadas dentro de los 30 días de su solicitud. “Resulta preocupante que en plena pandemia, con restricciones de días y horarios favorables para el empleado público (sic) se pongan trabas burocráticas al pago del trabajo ejecutado por obreros y empresas que nunca pudieron parar por ser considerados esenciales desde el 19 de marzo”, alega la Cámara.
