El Gobierno habilitó el debate de una ley contra la violencia institucional para unificar protocolos en las fuerzas de seguridad de todo el país y evitar excesos como los denunciados desde el 20 de marzo, cuando empezó el confinamiento social por el coronavirus.
El texto, según se supo, lo redactan por estas horas los diputados del Frente de Todos Paula Penacca y Hugo Yasky, en diálogo con la ministra de Seguridad Sabina Frederic y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, que este viernes reconocieron un aumento de las denuncias por abuso policial durante la pandemia. En una teleconferencia ante la Comisión de Seguridad de Diputados, presidida por Penacca, Pietragalla informó, con un gráfico, que entre el 10 de diciembre y el 20 de marzo hubo 71 denuncias por violencia institucional, mientras que desde el inicio del aislamiento social hasta julio se recibieron 541. Incluyen lesiones pero también fallas en la defensa y atención médica de detenidos. «Hay normativas municipales y provinciales que son arcaicas y dan autodeterminación que no pueden tener las fuerzas de seguridad. Deben estar atadas a principios de organismos internacionales, como la ONU y la CIDH», advirtió el secretario. Pietragalla informó que la secretaría colabora con las víctimas de violencia institucional en la defensa y los peritajes y no busca estigmatizar a las fuerzas. «El objetivo es que cada vez que haya un caso de violación de los derechos humanos no se lo mire al Estado sino al individuo que viola los derechos. Pero es importante la sanción política, porque le da un mensaje claro a la justicia para que avance». La secretaría intervino en las denuncias sobre violencia policial resonantes como la del tucumano Luis Espinosa («Nuestra abogada estaba con la madre cuando supo que murió», relató Pietragalla), o el ataque a la comunidad Qom de Chaco, donde «el gobernador Jorge Capitanich exoneró a los policías y es querellante», diferenció. Por excesos policiales, presentó hebeas corpus en Salta y en Chubut. Frederic reconoció que no será fácil cambiar el accionar de las policías provinciales porque tienen plena autonomía.
