Preocupación por la Reducción de Fondos a Provincias en Argentina: Impacto en Servicios Básicos y Economías Regionales

Las provincias sufrirán una caída en el giro de fondos de Nación durante este año.

La merma en el porcentaje de recaudación girado a las provincias está generando preocupación y debate sobre el futuro financiero de las regiones, especialmente en un contexto de ajuste fiscal y disputas políticas. Según un informe de la consultora LCG, las transferencias automáticas a las provincias alcanzarán su nivel más bajo desde 2007, debido a la política de recorte del gasto impulsada por el Gobierno nacional y a la disminución en los ingresos por impuestos coparticipables.

El estudio proyecta que las provincias recibirán apenas el 28% del total recaudado, cifra que representa un retroceso considerable frente al 34% del año pasado. Esta reducción se explica por varios factores, incluyendo el aumento de los impuestos no coparticipados como los derechos de exportación y el impuesto país, así como las modificaciones en el impuesto a las ganancias que afectan a los empleados en relación de dependencia.



La disputa entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales, agravada por el rechazo de la Ley Ómnibus en el Congreso, ha intensificado el debate sobre los fondos que se destinan a las provincias. En este contexto, la administración de Javier Milei ha anunciado un recálculo en el ajuste de los fondos discrecionales, elevando la reducción al doble de lo previsto inicialmente.

A pesar de estas medidas, desde LCG señalan que el recorte en los giros provinciales tendrá un impacto limitado, ya que incluso reduciéndolos por completo, aún se podría obtener un 20% de los 5 puntos de ajuste necesarios para equilibrar el resultado financiero.

Tanto en las transferencias automáticas, determinadas por la fórmula de coparticipación federal, como en los fondos discrecionales, las provincias enfrentarán una notable caída en los ingresos proporcionados por el Gobierno nacional. En algunos casos, estas reducciones ya se han materializado en los primeros meses del año, lo que agudiza la preocupación sobre la situación financiera de las provincias y su capacidad para brindar servicios básicos como educación, salud y transporte público