Diputados del bloque peronista presentaron un proyecto de resolución para solicitar al Gobierno de Entre Ríos que suspenda la decisión de recuperar, mediante descuentos en futuras partidas coparticipables, los fondos que las comunas percibieron entre enero y marzo de este año.
La iniciativa advierte que la medida impactará de manera severa en las administraciones locales, ya que los montos cuestionados ya habían sido incorporados a presupuestos aprobados y en ejecución. Además, reclamaron que el Ejecutivo adopte medidas urgentes para garantizar el funcionamiento de las comunas y evitar inconvenientes en la prestación de servicios esenciales.
El planteo surgió luego de la incorporación de 22 nuevas comunas al esquema de distribución, situación que, según la oposición, se concretó sin aumentar el porcentaje de coparticipación destinado al conjunto comunal.
La diputada Andrea Zoff sostuvo que la decisión oficial de descontar en ocho cuotas los fondos abonados durante los primeros meses del año provoca “tres impactos simultáneos y devastadores”: la reducción estructural de recursos por la incorporación de nuevas beneficiarias, la caída general de los ingresos coparticipables y el recupero retroactivo de partidas ya percibidas.
La legisladora remarcó que las comunas representan “el gobierno más cercano a los vecinos”, especialmente en pequeñas localidades y zonas rurales, donde garantizan servicios básicos. En ese sentido, indicó que hasta diciembre de 2025 existían 82 comunas en Entre Ríos y que luego se sumaron otras 22 provenientes de juntas de gobierno, sin previsión financiera ni compensación presupuestaria.
Según explicó, esta ampliación generó una disminución de entre el 30% y el 40% en los recursos de las comunas ya existentes y, sumada a la baja general de la coparticipación, el recorte efectivo rondaría el 50% de sus presupuestos.
Zoff también señaló que las administraciones comunales elaboraron sus presupuestos 2026 sobre la base de los porcentajes oficiales vigentes, por lo que consideró que la modificación posterior “provocará graves perjuicios” para el funcionamiento institucional.
En el proyecto, además, se sostiene que los fondos coparticipables ya acreditados constituyen un derecho adquirido y que no pueden ser recuperados de manera retroactiva. La diputada cuestionó que el Ejecutivo haya modificado el universo de beneficiarios sin ajustar el porcentaje asignado y calificó el mecanismo elegido como “manifiestamente desproporcionado”.
Finalmente, alertó que una eventual crisis financiera en las comunas afectaría directamente la prestación de servicios esenciales y los derechos básicos de los habitantes de pequeñas localidades y zonas rurales de la provincia.
