Por incumplir la condicional vuelve a la cárcel

La mujer fue alojada Unidad Penal N° 6 de Paraná.

La mujer violó dos veces el permiso concedido. La primera vez se tuvo en cuenta los niños pequeños a su cargo y se le mantuvo el beneficio. Pero luego la atraparon traficando cocaína.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay, resolvió por mayoría “revocar la prisión domiciliaria que oportunamente le fuera concedida a NEN”, de 27 años, madre de dos niñas, y dispuso “su alojamiento en la Unidad Penal N° 6 de la ciudad de Paraná”. Asimismo, dispuso su traslado por “parte de personal de Prefectura Naval Argentina de la ciudad de Federación, el que deberá coordinar su actuación con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) de Chajarí, para el debido resguardo de las menores LECN, de 8 años, y TECN, de 5 años”.
El TOF consideró que el nuevo «incumplimiento del deber de permanecer en su domicilio, al viajar a otra ciudad a visitar a su madre, a fin de que pueda ver a sus nietas, no es lo que el Tribunal considera determinante, antes bien, el hecho de que evidentemente sus hijas menores fueron expuestas a una situación de riesgo, la cual atenta en contra de sus intereses y sus debidos cuidados”.
El TOF evaluó que “tal como surge de las imágenes fotográficas, el estupefaciente –cocaína- se encontró disperso en el asiento trasero donde iban sentadas las menores de edad, exponiéndolas al contacto con la droga dentro del auto, situación totalmente nociva para su salud”. En este sentido señaló que aquello “demuestra claramente que las menores fueron expuestas al contacto con tóxicos, y vivieron una situación sumamente nociva para su crianza, más allá que la droga perteneciera o no a la procesada, circunstancia materia de investigación en la causa que tramita ante la fiscalía de la ciudad de Federación”.

Medidas
El TOF resolvió comunicar la sentencia al Copnaf a fin de que “adopte las medidas de protección integral conforme su competencia…, y controle trimestralmente su desarrollo e informe al tribunal” y dispuso “dar intervención al juzgado de Familia que por jurisdicción corresponda”. La resolución fue formada por los jueces Sebastián Gallino y Mariela Emilce Rojas.
No firmó Roberto López Arango por haber mayoría y encontrarse en su jurisdicción, en Paraná. NEN es investigada por el presunto delito de Organización de actividades con estupefacientes con fines de comercialización, agravado por su comisión por parte de tres o más personas en forma organizada, como coautora.
El TOF manifestó que respecto de la procesada “se han acreditado dos graves incumplimientos de las obligaciones impuestas en el marco de la prisión morigerada oportunamente dispuesta”.
El abordaje de los jueces consistió en enfocarse en la situación de las hijas menores de la mujer, puesto que fueron “quienes dieran motivo a la disposición que hoy estamos revisando”.
En este sentido, se consideró que “si bien el juez Federal… otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a la procesada, considerando que resultaba lo apropiado para la contención de sus hijas, debe tenerse presente que dicho beneficio no es de aplicación automática y debe atenderse siempre al superior interés del niño”.
El TOF valoró que NEN transitó “su prisión preventiva en su domicilio sin monitoreo electrónico, siendo otorgadas todas las autorizaciones solicitadas oportunamente por su Defensa, sea a turnos médicos así como acercamiento familiar a la Unidad Penal N° 1 a fin de visitar a su ex pareja JCC.

Perspectiva
Los jueces analizaron todas las medidas que se tuvieron en cuenta para custodiar el interés de las menores, pero no pudo pasar por alto un nuevo y grave incumplimiento que colisionó con la protección de los derechos de las niñas. Así, abordó que el 7 de julio de 2023 se verificó un nuevo incumplimiento de las obligaciones de la procesada, que además acreditó “un cambio de perspectiva en cuanto al cumplimiento de los deberes de responsabilidad parental de NEN hacia sus hijas menores, en el sentido de desprotección de las mismas y de la puesta en riesgo de su derecho a la salud”.