Los abogados de la menor de edad solicitaron que se realice un nuevo debate a cargo de un tribunal oral.
Los abogados de la joven que denunció haber sido abusada sexualmente en un camping de la ciudad balnearia de Miramar en 2019, cuando tenía 14 años, pidieron la nulidad del juicio por jurados y el veredicto que días atrás declaró «no culpables» a los tres acusados por el hecho, y solicitaron que se realice un nuevo debate a cargo de un tribunal oral.
Así lo confirmó ayer el abogado Maximiliano Orsini, quien explicó que el escrito fue presentado ante el Tribunal Oral Criminal 3 (TOC 3) de Mar del Plata, que tuvo a su cargo el juicio realizado la semana pasada con un tribunal ciudadano.
«Solicitamos se anule con urgencia la totalidad de lo actuado» y que «se fije nueva audiencia de debate bajo las condiciones de juicio común», indicaron en su petición.
En un escrito de 40 páginas, plantearon la «insanable nulidad» del proceso desarrollado en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, por la no intervención «necesaria en el juicio» de la asesora de Menores e Incapaces, «a la que se le negó su participación esencial» durante la declaración de la víctima «en condiciones de grave indefensión».
Señalaron, además, que hubo una «flagrante violación a la limitación probatoria» que había sido dispuesta por el juez Fabián Riquert de cara al juicio, para evitar la revictimización de la menor.
«Desde el inicio del debate al alegato de apertura, los defensores deliberadamente plantaron la idea de ‘no nos dejan hablar de ciertas cuestiones oscuras’, ‘nos tiene amordazados’, ‘si ustedes señores del jurado supieran la verdad’, dando a entender que durante el juicio hablarían de lo que no se podía hablar, la intimidad de la víctima», indicaron.
Consideraron en ese sentido que «durante el debate y así surge de la grabación completa del mismo, se han formulado constantemente por parte de los defensores de los acusados, estereotipos sobre la condición de la mujer, de su vulnerabilidad, de la edad, los antecedentes sexuales de la víctima, para concluir que existió un consentimiento valedero».
A partir de estos elementos, subrayaron «la palmaria invalidez al veredicto del jurado», por la «vulneración de derechos a la integridad, a la vida privada y familiar, a los derechos de la niña, a la igualdad ante la ley», y «en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y de no discriminar».
Los abogados insistieron además en «la inconstitucionalidad» de este tipo de juicio en casos de estas características, ya que el procedimiento «impide que la menor víctima pueda hipotéticamente recurrir la sentencia alcanzada», lo que «se contrapone y vulnera palmariamente los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño».
En base a estos planteos, solicitaron que «se anule con urgencia la totalidad de lo actuado y se reenvíe las actuaciones a un tribunal hábil que por turno corresponda a los fines de fijarse nueva audiencia de debate bajo las condiciones del juicio común».
Por su parte, el otro letrado de la víctima, Juan Pablo Gallego, calificó al juicio como una «catástrofe judicial», ya que consideró que el tribunal «se mostró ausente de un juzgamiento en el cual debía protegerse a un niña que sufrió este delito en un situación gravísima».
