También pidieron a los jueces que se incorporen al Registro Nacional de Datos Genéticos (de abusadores).
Un fiscal solicitó este viernes penas de hasta 13 años de prisión para cinco de los acusados de la violación grupal de una joven de 22 años ocurrida en febrero de 2022 dentro de un auto estacionado en las inmediaciones de la Plaza Serrano, del barrio porteño de Palermo, informaron fuentes judiciales.
En su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 14 de la Capital Federal, el fiscal general Fernando Klappenbach pidió 13 años de cárcel para Ángel Pascual Ramos (24), 12 para Lautaro Dante Ciongo Pasotti (25), 10 para Thomas Fabián «TH» Domínguez (23), 9 años y 6 meses para Alexis Steven Cuzzoni (21) y 4 años y 8 meses para Ignacio Retondo (24), mientras en el caso de Franco Jesús Lykan (24) solicitó su absolución en el abuso sexual por «el beneficio de la duda», pero sí reclamó que se lo condene a seis meses de prisión en suspenso por las «lesiones leves» a un testigo.
Para este imputado, y en función de lo que solicitó, el fiscal también requirió que sea liberado y en todo caso controlado con alguna regla de conducta, pero ante la oposición de la querella, los jueces rechazaron la petición y quedará detenido al menos hasta el día del fallo.
En relación a la distinción de roles que hizo sobre los cinco imputados a los que les atribuyó el hecho principal, el fiscal consideró a cuatro de ellos -Ramos, Ciongo Pasotti, Cuzzoni y Domínguez-, como «coautores» de un «abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas», mientras que a Retondo le pidió menos años de condena porque le atribuyó ser sólo un «partícipe secundario».
Klappenbach también le pidió a los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri que se incorporen al Registro Nacional de Datos Genéticos (de abusadores) los perfiles de ADN de los cinco acusados a los que les atribuyó la violación.
Según fuentes presentes en la audiencia, a lo largo de su extenso alegato de más de cuatro horas, el representante del Ministerio Público Fiscal remarcó que de acuerdo a lo probado en este juicio que se realiza a puertas cerradas, la víctima de este hecho -su identidad se reserva para preservarla-, «no consintió» las relaciones sexuales que con ella mantuvieron porque a raíz del grado de intoxicación que presentaba por el consumo de alcohol, marihuana y otras sustancias «se encontraba inmersa en una evidente situación de vulnerabilidad química que afectaba sus capacidades».
