El Procurador Jorge Amílcar García solicitó la destitución del juez del Trabajo N° 1 de Concepción del Uruguay, Eduardo Elías Flores, por la causal de violencia laboral en perjuicio de una ex secretaria en el marco del jury de enjuiciamiento. En tanto, descartó las denuncias formuladas por dos abogados por presunto mal desempeño.
En su alegato de clausura del jury contra el juez, el Jefe de Fiscales desestimó las denuncias de los abogados Ángel Fernández y Matías Melgares; pero mantuvo la acusación en el caso de Natalia Bordín, quien fue secretaria suplente del juzgado de Flores y renunció tras denunciar hechos de violencia laboral.
En primer lugar, en relación a lo denunciado por los abogados Ángel Fernández y Matías Melgares, García señaló que el magistrado no actuó irregularmente en las dos causas invocadas: «Casaretto Jorge Milton c/ Effe Uffici SRL s/ cobro de pesos» y «Sánchez Roberto Marcelo c/ Gómez José Omar s/cobro de pesos». También descartó que el juez haya acusado a uno de ellos de cometer el delito de fraude o estafa procesal.
En ese sentido, consideró que los letrados, si tenían la seguridad de que se los acusó falsamente podían haber denunciado al juez por calumnias e injurias. Sin embargo, sostuvo que no lo hicieron y que «esto nos da la pauta que ni ellos tenían la seguridad de que había un delito».
Asimismo, señaló que quedó claro que «en la gran mayoría de los casos que presentaban los abogados en el juzgado de Flores tenían sentencia favorable» y que sólo en los dos casos mencionados anteriormente las resoluciones del juez fueron revocadas. «La causal de mal desempeño que se ha traído aquí no tiene entidad alguna para provocar una mantención de la acusación en este punto», cerró.
Acto seguido, explicó que la Procuración sí mantendría la acusación contra el juez por maltrato laboral contra la ex secretaria Natalia Bordin, quien llegó al juzgado de Flores como suplente en abril de 2020 y que terminó renunciando a mediados de 2021.
En este caso, el Procurador explicó que el punto de quiebre de la relación entre el juez y la secretaria se dio a raíz de la oposición de ésta de elaborar un Reglamento para Empresas. El trabajo había sido solicitado por el magistrado, publicó UNO.
Indicó que la negación de elaborar ese trabajo se debió a que consideraba éticamente incompatible para su función, puesto que su marido trabajaba en una empresa avícola que litiga casos de despidos laborales en el juzgado. «Esta oposición genero una actitud de clara violencia laboral por parte del magistrado, ignorándola y desmereciendo su tarea. Lo que la lleva a una situación de angustia y su posterior renuncia al cargo», relató García.
«Esto tiene que ver con el trato discriminatorio y de represalia con la secretaria suplente, que continúa mucho después de su denuncia. Es constitutivo de violencia psicológica», destacó después. García subrayó que el testimonio de Bordín en el jury fue elocuente y preciso.
Si bien García enmarcó el hecho en un caso de violencia laboral, refirió que subyace una cuestión de violencia de género: «No dudo en afirmar que si no hubiese sido una secretaria mujer la cosa hubiese tramitado por otro carril».
«Tampoco estamos juzgando si corresponde en términos éticos que un magistrado asesore en protocolos a empresas que pueden o que litigan en el ámbito laboral. No tenemos ningún elemento de sospecha de actitud ilícita con esa elaboración de protocolo», concluyó.
