Por Néstor Belini
El juicio que se sustancia contra ocho jóvenes acusados del brutal crimen de Fernando Báez Sosa, que tenía 18 años en enero de 2020 cuando fue atacado a la salida de un boliche de Villa Gesell con golpes de puño y patadas mientras se encontraba indefenso en el piso, entró en su etapa final. Entre el miércoles y el jueves será el momento de los alegatos de las partes. Allí se conocerán los pedidos de la acusación y de la defensa. Entre los primeros habría coincidencia en solicitar la pena de reclusión perpetua. La postura de la defensa es un enigma aún por la complejidad de los roles que se le atribuye a cada uno de los ocho imputados.
Las características del caso exceden lo estrictamente jurídico. Se desborda e ingresa en otros abordajes posibles, de los que el político no está eximido. La sociedad así lo entendió. Queda en claro por la empatía que la mayoría de los argentinos decidieron con los padres de la víctima, por la ascendencia social de los acusados y de la víctima y por el clamor ¿popular? que anhela penas de prisión perpetua para todos los acusados. En este sentido es menester preguntar ¿qué sucedería si el tribunal entiende que hubo responsabilidades que no encuadrarían en aquella pena? La gran parte de la sociedad que ya tiene un «veredicto» ¿aceptará la decisión?
Desde los años 90 la Justicia, así, como una abstracción, viene sufriendo un deterioro en la calidad de sus fallos que, hegemónicamente, resuelven en contra de los intereses de las mayorías y en favor de los intereses económicos concretrados. Si bien se trata de temas que se resuelven en fueros distintos, la sociedad no hace distinciones y ve al Poder Judicial como un todo que no cumple con el deber de «hacer justicia». Esto, en tiempos de crisis institucional, alimenta las salidas autoritarias y extremas, en las que predominan los discursos que instan a la eliminación o «desaparición» del otro, del que no «encaja» en la «normalidad», más aún si se trata de un adversario, por las razones que fuere.
Arrogancia prepotente
El crimen de Fernado Baéz Sosa tiene mucho de las tradiciones sociales y políticas que dividen al país en dos modelos diferentes. Por un lado, el joven de origen humilde, con padres de ascendencia paraguaya, con un fututo por delante construido a fuerza de sacrificio y estudio. Por el otro, chicos con posiciones socio económicas acomodadas, algunos jugadores de rugby, también estudiantes, que exhiben una arrogancia y prepotencia propia de quienes se «sienten» dueños de «todo». Una mínima manifestación de esta breve descripción encuentra sustento en que cuando declararon, algunos manifestaron que se les faltó al respeto a ellos y a sus madres, y el padre de dos imputados declaró que no entendía por qué sus hijos estaban sentados en el banquillo de los acusados.
El caso puede significar un antes y un después en el sistema de Justicia. La sociedad ya emitió un veredicto y es de culpabilidad. Espera que los jueces estén a la altura de las circunstancias y no defeccionen a la hora de emitir el suyo. Pero cabe preguntarse ¿hace a un servicio de Justicia mejor y de más calidad institucional que los jueces fallen según el clamor popular? Lo normal, lo esperable, es que lo hagan con una sentencia ajustada a Derecho. Le guste a quien le guste. Es lo que las leyes ordenan.
No obstante, en momentos en que en otros fueros y en otras causas, ex funcionarios y funcionarios en actividad, como el fiscal Carlos Stornelli, desobedecen resoluciones judiciales y en ese estado de desobediencia judicial, instruyen causas forzando las evidencias, como en el escandaloso caso de las escuchas que revelaron el presunto contubernio entre el secretario de un vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un alto funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), jurisdicción gobernada por la oposición al gobierno nacional y en disputa con la autoridad federal por fondos de coparticipación. Stornelli obtuvo el archivo de la investigación, pero antes había utilizado la misma evidencia -escuchas telefónicas ilegales- para reflotar causas contra funcionarios peronistas. En este estado de situación ¿se puede pedir o esperar que la sociedad reaccione racionalmente en un caso en el que siente que se llevaron puesto a uno de los suyos?
Preservar la racionalidad
Tal vez una posible respuesta o una vía para poner un poco de racionalidad en un escenario convulsionado por mensajes contradictorios y opuestos, donde la opinión pública queda en estado de indefensión por confusión deliberada, sería recordar al filósofo griego Sócrates y sus últimos días de vida. Condenado a beber cicuta, Sócrates rechazó la ayuda que le ofrecieron sus amigos para huir y así salvarse y pasar al ostracismo fuera de su polis natal. Argumentó, como lo hizo durante toda su existencia, que no podía desobedecer las Leyes que había ayudado a crear, aun cuando en una circunstancia injusta, le eran adversas. Optó por preservar el sistema que debilitarlo. La sociedad puede y debe ser garante del sistema democrático, que está en peligro por errores propios de la Política y por un sistema de Justicia corrompido por el poder económico.
Obedecer y aceptar los fallos judiciales, incluso cuando no reflejen lo esperado, es preservar la racionalidad y la paz social, que grupos minúsculos pero con mucho poder de influencia en la subjetividad de los ciudadanos, tratan de destruir. La disputa para crear leyes más perfectibles es permanente. No darla y desobedecer significaría crear escenarios para nuevas víctimas. Las de siempre. Las del mismo lado de la grieta.
